El coordinador territorial de CEAR en Canarias, denuncia los fallos estructurales del sistema español y advierte de que la nueva reforma legislativa y los autos del Supremo son una oportunidad para transformar un modelo que hoy «está desbordado y deshumanizado».
Con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha hecho público su informe anual sobre la situación del derecho de asilo en España, Europa y el mundo. En él se alerta de un sistema sobredimensionado y carente de eficacia, donde solo un 18% de las solicitudes obtienen una resolución favorable. «El sistema de protección internacional en España es claramente insuficiente», afirma Juan Carlos Lorenzo, responsable de la delegación canaria de CEAR.
En Canarias, la situación se agrava por la presión sobre los recursos y por los retrasos en los procesos administrativos. «Una persona puede tardar más de un año en formalizar su solicitud de asilo. En ese tiempo queda en un limbo jurídico absoluto», lamenta.
Un modelo que no ve a los menores
Uno de los principales focos de preocupación de CEAR es el trato institucional hacia los menores migrantes no acompañados que solicitan asilo. Según Lorenzo, el sistema actual «no está adaptado a esta realidad». Aunque se han dado pasos como la reforma del artículo 85 de la Ley de Extranjería y los autos del Tribunal Supremo que obligan a registrar las solicitudes de asilo de estos menores, persisten los obstáculos y la falta de sensibilidad: «Nunca se ha visibilizado su situación específica. Es como si no existieran dentro del sistema de asilo».
Asegura que la respuesta institucional ha sido reactiva y que sigue pendiente una estrategia especializada, con medios técnicos y humanos adecuados, que entienda las necesidades de esta infancia vulnerable. «Necesitamos una intervención de calidad, no un parcheo que reproduzca las carencias del sistema de protección», reclama.
La reforma del reglamento, entre avances y retrocesos
Lorenzo valora como positivo que la reforma del reglamento de extranjería haya reducido de tres a dos años los plazos para acceder a figuras de arraigo, como el social, el laboral o el educativo. También celebra que se contemple una vía para que los estudiantes puedan obtener un permiso de residencia y trabajo.
Sin embargo, advierte de un riesgo importante: «Las personas solicitantes de asilo a las que se les deniega la protección no pueden computar ese tiempo para acceder al arraigo. Es decir, tras años de espera, quedan en situación irregular». Este efecto de la reforma, afirma, «castiga a miles de personas por el simple hecho de haber ejercido su derecho a pedir asilo».
Una nueva oportunidad con el acuerdo Estado-Canarias
El reciente anuncio de un acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Estado para cumplir los autos del Supremo sobre menores solicitantes de asilo ha generado expectativas. Lorenzo reconoce que CEAR conoce el contenido solo por la prensa y mantiene una postura de prudencia: «Estamos expectantes. Hay que ver cómo se concreta la acogida, si garantiza un acompañamiento riguroso y si se respeta el arraigo de los menores en el territorio».
Denuncia que ya se han producido traslados forzosos de adolescentes desde centros escolares a otras comunidades sin previo aviso ni valoración del impacto emocional: «Muchos de estos menores están integrados, con amigos, estudios, clubes deportivos. Romper ese vínculo es volver a empezar de cero». Por ello, exige que se estudie cada caso individualmente y se priorice el interés superior del menor frente a los criterios logísticos del sistema.
«Hay que decrecer para poder respirar»
Para CEAR, uno de los grandes desafíos es transformar un sistema de acogida saturado y angustiante. «Necesitamos decrecer, reducir el volumen de gestión para poder atender mejor», resume Lorenzo. Frente a un modelo reactivo, hostil y burocratizado, aboga por una acogida racional, basada en derechos, con capacidad de respuesta y sensibilidad social.
La clave, dice, está en la voluntad política y en el cumplimiento efectivo de las nuevas medidas judiciales: «Si seguimos igual, solo agravaremos el sufrimiento. Pero si aplicamos correctamente los cambios, podemos garantizar protección, estabilidad y futuro a quienes más lo necesitan. Sobre todo, a los menores que llegan solos y buscan en Canarias algo tan básico como una vida digna».