La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva acusa a la Consejería de vulnerar derechos fundamentales y de apartar a menores del sistema ordinario por conductas vinculadas a su diagnóstico.
La presidenta y fundadora de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, Carolina Buriticá, denuncia que numerosos alumnos con discapacidad están siendo sancionados o expulsados por comportamientos derivados de sus propias necesidades educativas, en lugar de recibir apoyo especializado: «Se están usando las expulsiones como una medida de segregación»
Según explica, los centros levantan partes disciplinarios ante crisis conductuales que, a su juicio, deberían abordarse con recursos profesionales adecuados. La consecuencia es que muchos menores pasan días fuera del aula, obligando a las familias a hacerse cargo.
Incluso, afirma, esta práctica se estaría produciendo también en las denominadas “aulas enclave”, destinadas precisamente al alumnado con mayores necesidades.
Derivaciones forzosas a aulas segregadas
La plataforma sostiene que existe una tendencia a trasladar a estos estudiantes desde el aula ordinaria a recursos específicos sin el consentimiento familiar.
Buriticá asegura que cualquier alumno que «se salga de la media» corre el riesgo de ser apartado del sistema educativo ordinario: «Un niño expulsado del aula ordinaria está expulsado de la educación»
A su juicio, esta dinámica vulnera tanto la legislación nacional como convenios internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad.
El caso de Victoria: una expulsión prolongada
La propia experiencia personal de Buriticá con su hija Victoria fue el detonante de su activismo. La menor, con pérdida auditiva media, fue derivada a un aula enclave sin haber iniciado la educación primaria ordinaria y, finalmente, permanece escolarizada en casa desde hace más de un año: «A mi hija la expulsaron sin permitirle poner un pie en primero de primaria»
La madre asegura que la niña no recibió los ajustes necesarios —como apoyos para la comunicación— y que la segregación le impidió desarrollarse junto a sus compañeros.
Un problema que consideran estructural
La plataforma afirma que la situación no es aislada y que cada vez más familias se suman a la denuncia, lo que interpretan como evidencia de un problema generalizado.
También advierten del miedo de muchos padres a reclamar por posibles represalias o por la percepción de que la administración tiene la última palabra sobre la escolarización: «Hay un abuso de autoridad cuando se dice que la administración decide sobre el menor»
Buriticá subraya que el impacto no es solo educativo, sino también emocional y social, tanto para los niños como para sus familias.
Una ley en tramitación como oportunidad
Entre las pocas noticias positivas, la plataforma celebra que la futura normativa sobre atención a la diversidad se tramite como ley y no como decreto, lo que permitiría mayor protección jurídica.
Sin embargo, advierten de que estarán vigilantes para que el texto final garantice realmente los derechos del alumnado con discapacidad y no refuerce mecanismos que consideren excluyentes.
Reivindicación de educación inclusiva real
Las familias reclaman recursos suficientes, formación específica para el profesorado y la eliminación de medidas que, a su entender, segregan al alumnado en lugar de integrarlo.
Buriticá concluye que el objetivo no es exigir un trato de privilegio, sino garantizar el acceso efectivo a la educación en igualdad de condiciones: «Mi hija tiene derecho a llegar hasta donde pueda llegar»
La plataforma anuncia que continuará movilizándose y recurriendo a la vía legal para lograr cambios estructurales en el sistema educativo canario.