Carolina Buriticá, madre de Victoria —una niña de ocho años con síndrome de Down— y presidenta de la Plataforma Canaria por la Educación Inclusiva, denuncia un caso de exclusión sistemática por parte del CEIP El Tablero y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
Carolina Buriticá, madre de Victoria —una niña de ocho años con síndrome de Down— y presidenta de la Plataforma Canaria por la Educación Inclusiva, denuncia un caso de exclusión sistemática contra su hija por parte del CEIP El Tablero y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. La menor, matriculada en ese centro del sur de Gran Canaria, no ha podido asistir a clase durante todo el curso escolar. «Victoria no ha pisado el aula en todo el año. Nos han obligado a mantenerla fuera porque no respetan sus derechos», afirma su madre.
El conflicto, según Buriticá, se remonta a varios cursos atrás, pero se agrava desde que el centro y la administración decidieron sacarla del aula ordinaria sin el consentimiento de la familia. «Nos impusieron decisiones arbitrarias, contrarias a los derechos de nuestra hija», explica. Esta imposición llevó a la familia a negarse a seguir en esas condiciones. «Este curso decidimos que ya no íbamos a tolerar más abusos. Nuestra hija tiene derecho a una escolarización digna y no a ser escondida en un rincón del sistema».
Del aula ordinaria a la segregación por discapacidad
Victoria, que en sus primeros años estuvo integrada en un aula ordinaria, fue derivada sin consulta a un Aula Enclave, un modelo de atención específica que, según Buriticá, en su caso se usó para excluirla del currículo general y aislarla del resto del alumnado. «La sacaron del entorno educativo que la hacía crecer. Le quitaron su programa formativo y redujeron su actividad a solo tres áreas, eliminando todas las asignaturas que compartía con sus compañeros», denuncia.
La madre insiste en que la niña era plenamente capaz de participar en las actividades escolares ordinarias, siempre que recibiera los apoyos a los que tiene derecho. «Le negaron esos apoyos con el argumento de que ya no los necesitaba o que no había recursos. Pero detrás de eso lo que hay es una voluntad de apartarla». También relata que Victoria fue excluida de actividades colectivas como las celebraciones de Navidad, carnavales o el Día de Canarias. «Mientras los demás niños celebraban, ella quedaba relegada en un rincón del colegio».
El deterioro del vínculo con sus compañeros
Uno de los efectos más devastadores del proceso ha sido la ruptura del vínculo emocional entre Victoria y sus compañeros. «Al principio, los niños preguntaban por ella, querían que volviera a clase, incluso escribieron cartas. Pero con el tiempo, al no verla, al no compartir con ella las clases de música o plástica, la fueron olvidando. El sistema consiguió que la vieran como alguien ajeno, como una ausente», cuenta con dolor.
«A Victoria la han convertido en invisible; ni sus compañeros entienden por qué ya no está», lamenta. Buriticá sostiene que esto forma parte de un modelo que perpetúa la segregación bajo pretextos logísticos o pedagógicos. «La inclusión no es una declaración de intenciones. Requiere presencia, interacción y apoyos reales».
El papel de la administración y la inspección educativa
La madre responsabiliza directamente a la Consejería de Educación y a la inspección educativa del Gobierno de Canarias. Afirma que lejos de mediar para resolver el conflicto, la inspección ha actuado como un «mecanismo de represión institucional». «No vienen a defender a las familias. Vienen a justificar los abusos del sistema. La inspección ha sido cómplice del maltrato institucional que ha sufrido mi hija», asegura.
Buriticá denuncia también el silencio de las direcciones escolares, que, según su experiencia, temen enfrentarse a la administración. «Las directivas de los centros muchas veces actúan como brazo ejecutor de la Consejería. Prefieren no complicarse. Y así se normalizan las exclusiones, aunque eso signifique vulnerar los derechos de un niño».
Una batalla por la dignidad, no por el privilegio
Desde la Plataforma Canaria por la Educación Inclusiva, que Carolina Buriticá fundó y coordina, se están impulsando campañas de denuncia pública y acompañamiento jurídico a otras familias en situación similar. «Lo que vivimos no es un caso aislado. Hay muchos niños y niñas como Victoria que están siendo apartados con el pretexto de la falta de recursos. Pero los derechos fundamentales no se suspenden por falta de dinero», subraya.
«No estamos pidiendo privilegios, sino que se respeten los derechos que ya reconoce la ley», reitera. La madre de Victoria reclama un cambio estructural que garantice que todos los niños, con independencia de su condición, puedan educarse en igualdad. «La inclusión no se hace con discursos, se hace con plazas, apoyos, formación docente y voluntad política». Para su hija, ya no espera reparación, pero sí exige que se evite que otras familias vivan lo mismo. «A Victoria le arrebataron su derecho a aprender con sus iguales. Esa herida no se borra».