La Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Canarias alerta de que el desarrollo de la Ley de Bibliotecas, vigente desde 2019, está prácticamente detenido, lo que impide mejorar los servicios públicos de lectura y reduce la calidad del sistema bibliotecario del archipiélago.
La presidenta de la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Canarias, Ángeles Domínguez, alerta de que el desarrollo de la Ley de Bibliotecas, vigente desde 2019, está prácticamente detenido, lo que impide mejorar los servicios públicos de lectura y reduce la calidad del sistema bibliotecario del archipiélago.
Recuerda que la norma fue considerada una de las más completas del Estado y establecía, entre otros objetivos, la obligación de contar con una biblioteca en cada municipio y de reforzar la coordinación del sistema.
Sin embargo, sostiene que los instrumentos previstos para su aplicación no se han puesto en marcha. «Había un plan de lectura, un mapa de bibliotecas y un plan de formación, y nada de eso se ha llevado a cabo», afirma.
Falta de inversión y carencias estructurales
Domínguez explica que el primer mapa bibliotecario elaborado en 2023 reveló déficits generalizados en personal, espacios, equipamientos y horarios. Señala que muchos profesionales están contratados por debajo de su cualificación real, lo que limita el funcionamiento de los centros.
Además, denuncia que la herramienta debía actualizarse cada 18 meses y aún no se ha revisado, por lo que los datos disponibles ya están desfasados. «Veremos que no ha cambiado nada porque no hay inversión», advierte.
Falta de coordinación institucional
Otro de los problemas señalados es la inactividad del Consejo Asesor de Bibliotecas, órgano encargado de coordinar el sistema y en el que participan administraciones y sector profesional.
Según Domínguez, este órgano solo se ha reunido una vez, en febrero de 2023, pese a que la ley establece que debe convocarse dos veces al año. La asociación considera imprescindible su funcionamiento para avanzar en la aplicación progresiva de la norma.
Un servicio esencial para la ciudadanía
La presidenta subraya que las bibliotecas no son solo espacios de préstamo de libros, sino servicios públicos básicos que contribuyen a la igualdad social. Ofrecen acceso gratuito a Internet, espacios de estudio, actividades culturales y oportunidades de integración.
«Garantizan servicios indispensables y evitan desigualdades», señala, insistiendo en que el cumplimiento de la ley beneficiaría directamente a la población.
Llamamiento a las administraciones
La asociación reclama la implicación conjunta del Gobierno autonómico, los cabildos y los ayuntamientos, ya que la responsabilidad del sistema bibliotecario es compartida. Considera que el objetivo de excelencia fijado por la ley debe alcanzarse de forma gradual, pero con medidas concretas.
Mientras no se actúe, concluye Domínguez, el sistema permanece prácticamente en la misma situación que cuando se aprobó la norma hace seis años, pese al consenso político con el que fue impulsada.