La abogada y especialista en infancia, exclusión social y migraciones, Patricia Fernández Vicens, señala que el acuerdo «prioriza exclusivamente el control fronterizo frente a los derechos humanos»
La abogada y especialista en infancia, exclusión social y migraciones, Patricia Fernández Vicens, critica duramente el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y advierte de que Canarias corre el riesgo de convertirse en un espacio permanente de contención migratoria dentro de la estrategia fronteriza de la Unión Europea.
Fernández sostiene que el nuevo marco normativo europeo refuerza las políticas de control y devolución de personas migrantes, mientras reduce las garantías de protección internacional y los mecanismos de respeto a los derechos humanos.
Un pacto «antiinmigración»
La jurista explica que el pacto aprobado por las instituciones europeas está compuesto por nueve reglamentos y una directiva destinados a regular las fronteras exteriores de la Unión Europea. Sin embargo, considera que el enfoque adoptado no responde a una política migratoria integral.
«Desde la sociedad civil queremos exponer que en realidad es un pacto antiinmigración», afirma. Según sostiene, el texto apenas contempla vías legales y seguras de acceso a Europa y se centra casi exclusivamente en el endurecimiento de los controles fronterizos y en los procedimientos acelerados de devolución.
Fernández considera especialmente preocupante que las personas vulnerables —como menores, refugiados o víctimas de trata— puedan quedar fuera de los sistemas de protección debido a los mecanismos rápidos de cribado previstos en frontera. «Es muy posible que acabemos devolviendo a terceros países a personas que pueden sufrir riesgo de tortura o riesgo para su vida», advierte.
Canarias como espacio de contención
La especialista alerta de que la aplicación del pacto puede tener consecuencias especialmente graves en territorios frontera como Canarias. Explica que los nuevos procedimientos europeos exigen capacidad de retención y tramitación rápida de expedientes en los puntos de llegada, algo que puede derivar en sistemas permanentes de contención migratoria en las islas.
«Existe una tentación de utilizar Canarias como hotspot o como lugar de contención», señala. Fernández recuerda experiencias anteriores como el campamento de Arguineguín en 2020 o el antiguo centro de El Matorral, donde, según afirma, se produjeron situaciones de hacinamiento y vulneración de derechos.
La abogada va más allá y advierte del riesgo de transformar el archipiélago en «una isla jaula», es decir, un territorio donde las personas migrantes permanezcan retenidas durante largos periodos con limitaciones severas a su libertad de movimiento.
Críticas a la externalización del control migratorio
Otro de los aspectos más cuestionados por Fernández es la creciente externalización del control migratorio hacia terceros países africanos. Según explica, el pacto europeo normaliza acuerdos mediante los cuales otros estados interceptan y retienen personas migrantes antes de llegar a Europa.
La jurista denuncia que muchas de esas devoluciones se realizan hacia países donde existen graves déficits democráticos y violaciones documentadas de derechos humanos. «Estamos devolviendo a personas a países donde sabemos que se les tortura o se les abandona en el desierto», afirma.
En este sentido, considera que Europa está vaciando de contenido el principio jurídico de no devolución, que impide entregar personas a estados donde puedan sufrir torturas o malos tratos. A su juicio, la Unión Europea está «subcontratando» el control migratorio «al mejor postor».
El reparto de menores migrantes
Fernández también analiza la situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias y la reciente intervención del Tribunal Supremo para obligar a las administraciones a cooperar en su reparto y atención.
La abogada considera llamativo que mientras Europa debate fórmulas de solidaridad entre estados miembros, dentro del propio Estado español haya sido necesaria una resolución judicial para impulsar mecanismos de cooperación entre comunidades autónomas.
Aun así, destaca el comportamiento de la sociedad canaria frente a la actitud de muchas administraciones. «La sociedad canaria actúa de una manera extraordinariamente generosa y dando una lección a las administraciones», asegura.
La falta de vías legales y seguras
Fernández insiste en que el principal problema del sistema migratorio europeo es la ausencia de canales legales suficientes para migrar de forma segura. Critica el funcionamiento del sistema de visados y las dificultades para acceder a procesos de reagrupación familiar.
Según explica, muchos menores que llegan a Canarias tienen familiares en España o en otros países europeos, pero las trabas administrativas terminan empujándolos a rutas irregulares y peligrosas. «Si tuviéramos un sistema migratorio flexible, se reduciría enormemente la migración irregular», sostiene.
La jurista concluye además que la persistencia de la irregularidad administrativa responde también a intereses económicos, ya que determinados sectores productivos europeos se benefician de mano de obra vulnerable y precaria.