La futura norma busca equilibrar protección ambiental, actividad económica y conservación de los núcleos costeros históricos, incorporando además participación ciudadana y mayor coordinación entre administraciones.
El Gobierno de Canarias ha iniciado la elaboración del proyecto de Ley de Gestión del Litoral y las Costas, una normativa específica para el archipiélago que pretende sustituir el marco actual basado en la ley estatal de 1988. El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Toni Acosta, explica que la norma nace con el objetivo de reflejar las particularidades geográficas, sociales y económicas de las islas: «La ley estatal es bastante antigua y no recoge las singularidades autonómicas», afirma.
Según señala, el litoral canario concentra gran parte de la población y cerca del 80 % de la actividad turística, por lo que requiere una regulación propia que combine desarrollo y protección.
Ordenar usos y agilizar trámites
La futura normativa también pretende simplificar los procedimientos administrativos relacionados con el dominio público marítimo-terrestre, desde autorizaciones para eventos hasta concesiones de gran envergadura.
Acosta destaca la necesidad de coordinar a ayuntamientos, cabildos y Gobierno autonómico para evitar duplicidades y retrasos: «Queremos agilizar administrativamente todos los procedimientos que genera el litoral», señala.
Entre los casos que deberá contemplar la ley se incluyen actividades puntuales como fiestas o fuegos artificiales, así como proyectos turísticos o infraestructuras de mayor impacto.
Participación ciudadana desde el inicio
El director general subraya que el proceso legislativo se apoyará en una amplia consulta pública previa para recoger propuestas de la sociedad antes incluso de redactar el borrador formal: «Queremos que la gente pueda decir lo que piensa y poner sobre la mesa lo que cree que debe recoger la ley», explica.
Este proceso incluirá recorridos por las islas y consultas a distintos sectores económicos y sociales, con el objetivo de alcanzar un texto consensuado antes de su tramitación parlamentaria.
Competencias limitadas y dependencia del Estado
Acosta recuerda que, pese al traspaso de competencias, el Estado mantiene atribuciones clave como los deslindes del dominio público y el cobro de cánones, lo que reduce la capacidad de actuación autonómica: «Gestionamos el litoral, hacemos el trabajo, pero es el Estado quien cobra los cánones», afirma.
El Gobierno calcula que estos ingresos podrían situarse entre 15 y 20 millones de euros anuales.
Protección de núcleos históricos y eliminación de ilegalidades
Uno de los aspectos más sensibles será el tratamiento de los asentamientos tradicionales situados en la costa. Acosta defiende que la ley debe preservar estos enclaves por su valor cultural y social, sin renunciar a actuar contra construcciones ilegales: «No todo vale, pero tampoco se puede hacer tabula rasa», advierte.
Para ello, la administración autonómica trabaja en un censo de núcleos costeros con el fin de documentar su relevancia histórica y facilitar su conservación.
Equilibrio entre turismo y medio ambiente
El director general insiste en que la economía canaria depende en gran medida del litoral, lo que obliga a buscar un equilibrio entre crecimiento económico y sostenibilidad: «Tenemos que mejorar lo que tenemos y plantear crecimientos limitados si los hubiera», señala.
En este sentido, la estrategia pasa por apostar por la calidad del destino turístico más que por la expansión territorial, dado el reducido espacio disponible en las islas.
Adaptación al cambio climático y erosión costera
La ley incorporará también medidas para afrontar la subida del nivel del mar y la erosión del litoral, problemas especialmente sensibles en un territorio insular.
Acosta plantea la necesidad de combinar soluciones naturales y obras de ingeniería para proteger zonas vulnerables: «Tenemos que proteger nuestro litoral para poder convivir con él», afirma.
Una norma consensuada antes de fin de legislatura
Aunque no existe un calendario cerrado, el Gobierno aspira a que el proyecto esté al menos en trámite parlamentario antes de que finalice la legislatura: «Queremos que llegue al Parlamento como una ley consensuada», concluye.
El Ejecutivo autonómico confía en que esta normativa marque el futuro de las costas canarias durante las próximas décadas, garantizando su conservación y su aprovechamiento sostenible en un territorio donde el mar constituye un elemento central de identidad, economía y vida cotidiana.