El Gobierno central aprueba el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua

El Proyecto se aprueba en un momento crucial para el sector | Foto: Gobierno de España

El Proyecto se aprueba en un momento crucial para el sector | Foto: Gobierno de España

El proyecto movilizará más de 3.000 millones de euros, entre fondos públicos y privados, y creará alrededor de 3.500 puestos de trabajo, abriendo nuevos nichos profesionales en el sector.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua, una herramienta para transformar y modernizar los sistemas de gestión del agua en España, tanto en el ciclo urbano como en el regadío y la industria. 

Este proyecto impulsa el uso de las nuevas tecnologías de la información en el ciclo integral del agua, lo que permitirá mejorar su gobernanza y transparencia, aumentar su eficiencia, reducir las pérdidas en las redes de suministro y avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales marcados por la planificación hidrológica y las normativas internacionales.

El PERTE para digitalizar el ciclo del agua, tercero de los impulsados por el MITECO tras el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA) y el PERTE de Economía Circular presentado a comienzos de este mismo mes, movilizará en los próximos años 3.060 millones de euros en inversiones públicas y privadas, y activará la creación de cerca de 3.500 empleos de calidad, abriendo nuevos nichos profesionales en la gestión del agua. 

El Proyecto se aprueba en un momento crucial para el sector, que lleva años trabajando para mejorar la gestión y gobernanza de un recurso cada vez más escaso. España es uno de los países de la Unión Europea con mayor estrés hídrico. El último informe del IPCC resalta algo cada vez más evidente: el agua y el cambio climático están intrínsecamente vinculados. En los próximos años se prevén disminuciones de hasta el 25% del recurso en todo el país y del 40% en el sureste peninsular para finales de siglo.