El director del Instituto Canario de la Vivienda asegura que la caída de la construcción desde 2008 ha dejado sin respuesta a miles de demandantes y que las soluciones requieren años de inversión sostenida.
El director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, describe la situación del acceso a la vivienda en Canarias como crítica y generalizada, no solo en el archipiélago sino también a escala nacional y europea. Explica que, desde la crisis financiera de 2008-2009, el número de viviendas que llegan al mercado —tanto públicas como privadas— ha disminuido de forma significativa, lo que impide cubrir la demanda existente.
Según detalla, el Gobierno autonómico impulsa actualmente más de 3.700 viviendas protegidas a través de distintos proyectos, aunque se encuentran en fases muy diversas: algunas ya finalizadas y adjudicadas, otras en construcción, en licitación o en proceso de adquisición.
El responsable del ICAVI señala que varias promociones se entregarán a lo largo de 2026, mientras que otras dependen todavía de la disponibilidad de financiación, la redacción de proyectos o la capacidad del sector constructor para ejecutar las obras.
Protección permanente de la vivienda pública
Ortega subraya que una de las novedades del actual modelo es que la vivienda pública quedará protegida de forma indefinida y no podrá pasar a manos privadas tras su adjudicación, con el objetivo de evitar la especulación y garantizar un parque público estable.
La intención es que estas viviendas permanezcan en propiedad de la comunidad autónoma para atender a las familias que las necesiten en cada momento, de modo que quienes superen su situación de vulnerabilidad las abandonen para dar paso a nuevos beneficiarios.
Incentivos al sector privado
El director del instituto recuerda que históricamente la vivienda protegida ha sido promovida principalmente por empresas privadas, por lo que se han adoptado medidas para reactivar su participación.
Entre ellas destaca la actualización de los módulos de precios máximos de referencia, que determinan cuánto puede costar una vivienda protegida en venta o alquiler. Estos valores se han incrementado para adaptarlos al encarecimiento de materiales y mano de obra, tras años sin revisarse.
Asimismo, menciona incentivos fiscales y subvenciones a promotores para fomentar la construcción de viviendas protegidas durante periodos prolongados, así como un decreto destinado a agilizar licencias urbanísticas mediante la colaboración con agentes externos como colegios profesionales.
Nuevo sistema de adjudicación
Ortega explica que el nuevo decreto de adjudicaciones introduce cambios relevantes para priorizar a las personas con mayor arraigo en Canarias y con necesidades más urgentes.
Entre las medidas destaca la inscripción inmediata en el registro de demandantes mediante declaración responsable, la regulación del alquiler asequible para familias de ingresos medios y la exigencia de largos periodos de residencia y empadronamiento para acceder a viviendas públicas.
El objetivo, señala, es ampliar el acceso más allá del alquiler social tradicional e incluir a las clases medias que, pese a tener ingresos, no pueden afrontar los precios del mercado libre.
Fin del sorteo y más criterios sociales
Una de las reformas más significativas es la eliminación del sistema de sorteo para adjudicar viviendas públicas. A partir de ahora, la selección se basará exclusivamente en criterios objetivos como ingresos, situación familiar o grado de necesidad.
El director del ICAVI defiende que este método aumenta la transparencia y garantiza que las viviendas lleguen a quienes realmente las requieren.
Retraso acumulado y falta de inversión
Ortega reconoce que el problema no se resolverá a corto plazo, ya que se arrastra un déficit de inversión durante décadas que ha impedido desarrollar un parque público suficiente.
Afirma que el Gobierno actual ha marcado «el kilómetro cero» de una nueva política de vivienda, pero advierte de que ni en dos ni en ocho años será posible solucionar completamente el déficit habitacional.
Además, señala las dificultades para ejecutar proyectos financiados con fondos europeos, cuyo plazo de finalización está fijado para junio de 2026, lo que obliga a acelerar procesos administrativos y constructivos.
Reparto estatal de fondos cuestionado
El director del instituto critica también los criterios de distribución de fondos estatales en materia de vivienda, basados —según explica— en datos demográficos obsoletos que no reflejan el crecimiento real de la población canaria en las últimas décadas.
A su juicio, este sistema penaliza al archipiélago y dificulta disponer de recursos acordes con la magnitud actual del problema.
Un reto estructural a largo plazo
En conjunto, Ortega insiste en que la crisis de la vivienda es uno de los principales desafíos sociales de Canarias y requiere políticas sostenidas en el tiempo, coordinación entre administraciones y la implicación del sector privado.
Aunque se han puesto en marcha múltiples iniciativas y promociones, advierte de que los resultados solo se percibirán de forma progresiva y que el déficit acumulado durante años no puede corregirse de manera inmediata.