El Parlamento de Canarias impulsa unas jornadas formativas orientadas a analizar la aplicación de la IA en la administración parlamentaria y sus implicaciones jurídicas y sociales.
El catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de La Laguna, Juan Albino, defiende que la formación en Inteligencia Artificial dentro de las instituciones públicas resulta imprescindible para garantizar un uso responsable, ético y alineado con los valores democráticos. Así lo afirma en el marco de las jornadas formativas impulsadas por el Parlamento de Canarias, orientadas a analizar la aplicación de la IA en la administración parlamentaria y sus implicaciones jurídicas y sociales.
Formación para entender y gobernar la tecnología
Albino subraya que la apuesta del Parlamento por la formación responde a la necesidad de que los responsables públicos comprendan qué es la Inteligencia Artificial antes de tomar decisiones sobre su uso. Afirma que «no se puede regular ni aplicar una IA si no se sabe realmente qué hay detrás de esta tecnología» y sostiene que el primer paso debe ser siempre el conocimiento, especialmente en ámbitos donde las decisiones tienen impacto directo en la ciudadanía.
Aplicaciones prácticas en la administración parlamentaria
El catedrático explica que la Inteligencia Artificial ya aporta valor en prácticamente todos los procesos administrativos y de gestión. Afirma que puede utilizarse desde la automatización de trámites hasta la extracción de conocimiento, el análisis de preocupaciones ciudadanas o la predicción de variables relevantes para la gestión pública. En el ámbito parlamentario, señala como especialmente interesante el análisis de la opinión pública sobre la acción de gobierno, la optimización de servicios o la detección de posibles fraudes.
Regulación europea y marco jurídico
Albino considera que Europa está intentando situarse como referente mundial en la regulación de la Inteligencia Artificial. Afirma que el Reglamento Europeo de IA, aprobado en 2024 y desplegado progresivamente desde 2025, marca un camino razonable, aunque no exento de debate. Recuerda que en 2026 entrarán en vigor las obligaciones para los sistemas de alto riesgo y que España trabaja en la transposición normativa mediante una ley de buen uso y gobernanza de la IA que debería aprobarse antes de agosto de ese año.
El reto tecnológico, legal y cultural
A juicio del experto, los desafíos no son solo tecnológicos o jurídicos, sino también culturales. Albino afirma que el verdadero reto consiste en definir qué papel quiere jugar la Inteligencia Artificial en la sociedad y en las instituciones. Sostiene que «no debe ser únicamente una herramienta para aumentar la productividad», sino un instrumento alineado con el bienestar de las personas y el respeto a los derechos fundamentales, evitando que intereses económicos se impongan sobre el bien común.
Inteligencia Artificial y democracia
Al reflexionar sobre el futuro, Albino reconoce que el impacto de la IA en los sistemas democráticos es una cuestión abierta y compleja. Afirma que los avances tecnológicos son tan rápidos que resulta difícil prever su alcance, pero advierte de los riesgos asociados a la manipulación del comportamiento humano. En este sentido, destaca que la normativa europea prohíbe expresamente el uso de sistemas de IA destinados a manipular a las personas, precisamente para proteger la integridad democrática.
Aprovechar el potencial sin perder los valores
El catedrático concluye que el futuro de la Inteligencia Artificial está cargado de incertidumbres, pero también de enormes oportunidades, especialmente en ámbitos como la medicina o la gestión pública. Afirma que el reto colectivo consiste en aprovechar ese potencial positivo sin permitir que la tecnología erosione los valores democráticos ni los derechos fundamentales, una tarea en la que la formación y la ética deben ocupar un lugar central.