Fernando Rodríguez, vicepresidente de la red autonómica, nos detalla los datos del 15º Informe sobre el Estado de la Pobreza presentado en el Parlamento.
EAPN-Canarias presenta la edición número quince de su informe anual, un documento que integra indicadores oficiales de pobreza y exclusión con trabajo de campo para captar cómo impactan los precios de la vivienda, la inflación y la precariedad laboral en los hogares canarios. Fernando Rodríguez, vicepresidente de la red autonómica, subraya que el objetivo es ofrecer una fotografía comparable en el tiempo que sirva para evaluar políticas y priorizar recursos donde la necesidad es más acuciante.
El estudio pone el foco en la persistencia de la pobreza laboral, la brecha territorial entre islas y el mayor riesgo en hogares monoparentales, familias numerosas y población infantil. La combinación de bajos salarios, temporalidad y costes básicos al alza empuja a parte de la población a situaciones de vulnerabilidad prolongada, con especial incidencia en alquiler, suministros y alimentación.
Empleo, vivienda e inflación, el triángulo crítico
El informe identifica el mercado de trabajo como pieza clave: crecer en ocupación no basta si la calidad del empleo no mejora. La parcialidad involuntaria y la rotación siguen dificultando la salida de la pobreza, mientras la formación y el reciclaje profesional avanzan de forma desigual. La vivienda emerge como el principal factor de tensión: los alquileres absorben una proporción creciente de los ingresos y limitan la capacidad de los hogares para cubrir el resto de gastos esenciales.
La inflación de los últimos ejercicios agrava la ecuación para los deciles de renta más baja. El encarecimiento de la cesta de la compra, el transporte y la energía reduce el margen de maniobra y multiplica las renuncias: desde aplazar tratamientos y estudios hasta restringir dietas y ocio. El resultado es una «pobreza que se hereda», con efectos en salud, rendimiento escolar y expectativas de futuro.
Propuestas para un cambio medible
EAPN-Canarias plantea un paquete de medidas: refuerzo de las rentas mínimas y su coordinación con el Ingreso Mínimo Vital; agilizar trámites para que las ayudas lleguen a tiempo; ampliar el parque de vivienda asequible y las ayudas al alquiler; y un plan específico para infancia con comedores, refuerzo educativo y ocio saludable. La red defiende, además, políticas activas de empleo orientadas a sectores con valor añadido, con itinerarios formativos ajustados a la demanda real.
El informe insiste en evaluar todas las intervenciones con indicadores públicos y comparables, poniendo el acento en la reducción de la pobreza infantil, la mejora del acceso a la vivienda y la disminución de la pobreza laboral. Rodríguez resume la prioridad: traducir los datos en decisiones presupuestarias y administrativas que alivien a los hogares más expuestos y rompan la dinámica de cronificación.