La asociación advierte de que el IPC medio no cubre los gastos reales, denuncia que más del 60% de las pensiones están bajo el SMI y anuncia movilizaciones si no se garantiza el «escudo social».
La portavoz de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, Carmen Pérez Núñez, considera que la revalorización prevista para 2026 supone «cumplir un derecho», pero advierte de que no basta para sostener el día a día de los pensionistas.
«Se revaloriza con el IPC, pero ese índice no recoge realmente los productos que consumimos las personas pensionistas», afirma. A su juicio, la estadística oficial no refleja el peso de gastos básicos como alquiler, luz o alimentación.
La cesta real no coincide con el IPC
Pérez sostiene que la actualización anual no compensa el encarecimiento de la vida. «Cualquiera puede comprobar que con el mismo dinero de antes ahora compra mucho menos», dice, y añade que la subida «se va en el alquiler o en la factura eléctrica».
Por eso insiste en reclamar un «IPC real», adaptado a la cesta de consumo de los mayores. «No estamos hablando de caprichos, hablamos de gastos básicos», subraya.
Pensiones bajas y brecha de género
La portavoz alerta de que el impacto es mayor entre quienes menos cobran. «Más del 60% de las pensiones están por debajo del salario mínimo interprofesional», explica, con cuantías de 600, 700 u 800 euros mensuales.
Esa precariedad, añade, tiene rostro femenino. «Las pensiones más bajas las cobran mayoritariamente mujeres», señala. Incluso con complementos, «cada vez que sube el IPC por porcentaje se vuelve a abrir la brecha de género».
Pérez Núñez pide elevar las pensiones mínimas y aplicar medidas estructurales que corrijan desigualdades laborales que después se trasladan a la jubilación.
Reformas pendientes del sistema
Más allá de la revalorización anual, Pérez enumera cambios que considera urgentes. Reclama modificar los coeficientes reductores para quienes han cotizado más de 40 años y se jubilan anticipadamente, revisar las pensiones no contributivas y eliminar criterios que penalizan la convivencia.
«No es justo que dos personas que no tienen otros ingresos vean reducida su pensión por vivir juntas», argumenta.
También exige una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, prevista por ley. «Queremos saber qué gastos se han pagado que no corresponden. Las cuentas darían en positivo, seguro», afirma.
El escudo social y la amenaza de desahucios
La asociación vincula la defensa de las pensiones con otras políticas sociales. «Muchas personas mayores necesitan bonos energéticos o ayudas al alquiler», explica.
Pérez advierte de que el encarecimiento de la vivienda está provocando situaciones extremas. «Hay pensionistas a los que están desahuciando porque no pueden pagar los alquileres actuales», denuncia.
Por eso defiende mantener el llamado «escudo social» y las medidas de protección frente a cortes de suministros y pérdida de vivienda.
Movilizaciones en marcha
Ante la posibilidad de retrocesos, la asociación no descarta salir a la calle. «Estaremos atentos y nos movilizaremos con otros colectivos», avanza, con acciones previstas si no se garantizan esas políticas.
Para Pérez Núñez, la subida de las pensiones es solo el primer paso. «Cumplir el derecho a revalorizar está bien, pero necesitamos cambios estructurales para no seguir perdiendo poder adquisitivo», concluye.