Canarias ha sellado 31 de los 47 vertederos ilegales señalados por Europa

La ACPMN sella el vertedero de Matas Blancas y recupera 246.000 metros cuadrados de terreno degradado | Foto: Gobierno de Canarias

La ACPMN sella el vertedero de Matas Blancas y recupera 246.000 metros cuadrados de terreno degradado | Foto: Gobierno de Canarias

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural avanza en la restauración de suelos degradados, aunque advierte de que persisten vertidos clandestinos y falta de concienciación ciudadana pese a las mejoras legislativas y administrativas.

La directora ejecutiva de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Montserrat Ortega Montesdeoca, asegura que el archipiélago ha logrado avances significativos en la clausura de vertederos ilegales que motivaron un expediente europeo contra España: «De los 47 vertederos señalados llevamos sellados 31», afirma.

Durante la actual legislatura se han ejecutado ocho actuaciones y ya están en marcha nuevos proyectos en Gran Canaria, Tenerife y El Hierro, algunos de ellos pendientes de contratación.

La responsable destaca que varios de los vertederos eliminados eran de gran tamaño, como uno situado en San Bartolomé de Tirajana o el segundo más grande de Fuerteventura, recientemente recepcionado. 

Dificultades técnicas y geográficas

Ortega Montesdeoca subraya que la complejidad de las obras depende en gran medida de la orografía, ya que muchos vertederos se encuentran en barrancos o zonas de difícil acces; «No es lo mismo actuar en un terreno llano que en grandes barrancos», señala.

Aun así, insiste en que el objetivo es eliminar todos los puntos pendientes, ya que la restauración ambiental resulta imprescindible para evitar sanciones y recuperar el paisaje.

Falta de concienciación ciudadana

Pese a los avances institucionales, la directora advierte de que los vertidos ilegales continúan produciéndose, especialmente a pequeña escala, lo que obliga a la agencia a abrir nuevos expedientes de forma constante: «La gente no está todo lo concienciada que debiera», expresa.

La detección de los responsables resulta complicada debido a la extensión del territorio y a la dificultad de sorprender a los infractores en el momento del vertido.

Ortega Montesdeoca lamenta que estos comportamientos persistan a pesar de la existencia de puntos limpios y servicios de recogida, e insiste en que el impacto no es solo visual, sino también ambiental.

Costes elevados del tratamiento de residuos

La directora recuerda que la gestión adecuada de los residuos tiene un coste importante, lo que justifica las tasas asociadas a estos servicios: «El tratamiento de residuos es un servicio costoso», afirma.

Como ejemplo, cita una actuación en la que solo el traslado a la península de materiales agrícolas supuso cerca de 90.000 euros, debido a que ese tipo de residuos no puede procesarse en Canarias.

Además, advierte de que los vertidos contaminan el suelo y el subsuelo, agravando el daño ambiental y encareciendo su posterior recuperación.

Coordinación entre administraciones

La Agencia funciona como un organismo consorciado con ayuntamientos y cabildos, lo que facilita la actuación conjunta ante infracciones urbanísticas o medioambientales: «La comunicación con las administraciones y fuerzas de seguridad es diaria y fluida», explica.

Las intervenciones pueden originarse por denuncias institucionales o de particulares, lo que permite actuar con rapidez en puntos donde se detectan irregularidades.

Mayor protección ambiental, aunque insuficiente

Ortega Montesdeoca considera que Canarias está hoy más protegida que hace años gracias a la evolución legislativa y a la creciente sensibilidad social hacia el medio ambiente: «La mayoría de la ciudadanía está concienciada», señala.

Sin embargo, admite que algunos comportamientos siguen sin evolucionar al mismo ritmo, lo que obliga a mantener una intensa labor de vigilancia y sanción.

La directora concluye que proteger el territorio equivale a preservar la calidad de vida de la población, la biodiversidad y los recursos naturales del archipiélago, por lo que insiste en la necesidad de reforzar la responsabilidad individual frente a los vertidos ilegales.