El coordinador territorial de CEAR, Juan Carlos Lorenzo, advierte de que la ruta canaria es estructural, no coyuntural, y defiende traslados ágiles de menores, regularización extraordinaria y políticas estables para evitar colapsos y bulos.
El coordinador territorial de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, asegura que el Archipiélago vive un momento de «cierta racionalización» del sistema de acogida tras el descenso de llegadas por la Ruta Canaria, aunque advierte de que el fenómeno migratorio «ha venido para quedarse» y exige soluciones estructurales.
Según explica, en el último año las entradas por costa han bajado de forma notable. «Canarias experimenta un descenso significativo de llegada de personas migrantes, en torno al 62 %, casi 30.000 personas menos», afirma. Aún así, subraya que «casi 17.000 personas siguen siendo muchas personas» y obligan a mantener recursos estables.
Una realidad estructural
Lorenzo rechaza la idea de crisis puntual. «Estamos hablando de una ruta migratoria estructural, con más de 30 años de existencia», señala. Por ello, considera que insistir en el lenguaje de emergencia solo conduce a respuestas improvisadas.
«Tenemos que trascender de esa visión anclada permanentemente en la emergencia y pensar en procesos de inclusión social», sostiene. A su juicio, solo con planificación a largo plazo se pueden mejorar la convivencia y los derechos.
Cuellos de botella del sistema
Entre los principales problemas, apunta a la saturación de recursos y a la lentitud en los traslados de menores a la península. «Si no dimensionas a la baja el sistema con traslados regulares y ágiles, no puedes racionalizar la acogida ni mejorar la calidad», explica.
Aunque reconoce que hay derivaciones, cree que no se producen «con la agilidad necesaria», en parte por la resistencia política de algunas comunidades autónomas. «Hay más ruido de rechazo que de lo que realmente se está haciendo», matiza.
También alerta sobre el salto brusco a la mayoría de edad. «No podemos pretender que un chico cumpla 18 años y sea autónomo de un día para otro», dice, y reclama acompañamiento formativo y laboral para facilitar la transición a la vida adulta.
Regularización extraordinaria
Uno de los asuntos centrales es la futura regularización extraordinaria prevista en la reforma del Reglamento de Extranjería. Lorenzo la considera «un acto de justicia social».
La medida permitiría regularizar a personas en situación irregular que acrediten al menos cinco meses de permanencia antes de la fecha de referencia, o a solicitantes de asilo denegados. «Cualquier documento público o privado que pruebe esa estancia puede servir», aclara, al tiempo que recomienda «calma y prudencia» hasta que la norma esté definitivamente aprobada.
Frente al argumento del llamado «efecto llamada», es tajante. «Los análisis empíricos descartan cualquier efecto llamada», afirma. En cambio, destaca el impacto económico positivo. «Los informes hablan de un aporte neto por persona regularizada de entre 3.300 y 4.000 euros», explica, por su contribución fiscal y laboral.
Uso político y riesgos para la convivencia
Lorenzo lamenta que la migración se utilice como arma partidista. «Las personas migrantes se han convertido en objeto de discurso populista y excluyente», denuncia.
Advierte de que esa polarización, amplificada por redes sociales y bulos, «pone en riesgo la convivencia y los derechos humanos» y no solo afecta a migrantes, sino a «todas las personas diversas».
Mirada a largo plazo
Para evitar ciclos de colapso, propone cambios estructurales: políticas públicas estables, trámites documentales ágiles, inclusión laboral y trabajo comunitario.
«Necesitamos una gobernanza sólida, procesos de regularización francos y cuidar la narrativa», concluye. «Si seguimos mirando la migración como emergencia, siempre responderemos en modo emergencia».