Sebastián Quintana, director de la organización, insiste en que la mayoría de los accidentes graves en el litoral tienen como protagonistas a visitantes extranjeros.
Concienciar al turista sobre los riesgos del Atlántico se convierte en una cuestión de vida o muerte en Canarias. Así lo advierte Sebastián Quintana, director de la plataforma «Canarias, 1500 km de costa», que insiste en que la mayoría de los accidentes graves en el litoral tienen como protagonistas a visitantes extranjeros que desconocen las alertas por fenómenos costeros y se acercan imprudentemente al borde del mar. Quintana reclama la implicación activa de hoteles, apartamentos y viviendas vacacionales para informar en varios idiomas cuando se decreten avisos de oleaje y recuerda que, a falta de un mes para acabar el año, ya contabiliza 60 fallecidos en espacios acuáticos del archipiélago.
Turistas en «modo avión» ante un mar que no conocen
Quintana parte del episodio vivido el pasado 8 de noviembre, cuando una mujer de 79 años de nacionalidad holandesa, un vecino de La Orotava de 43 años y otro hombre cuya identidad no ha trascendido perdieron la vida en la costa tinerfeña, mientras otras quince personas resultaron heridas durante un fuerte oleaje en día de alerta por fenómenos costeros. «La imprudencia», subraya, añadiendo la evidencia de que buena parte de los accidentados son turistas que se acercan a la orilla para «hacerse un selfie» o contemplar «cómo rompen las olas en una imagen maravillosa» sin respetar la línea de seguridad.
El director de la plataforma describe el comportamiento de muchos visitantes como un cóctel de fascinación y desconocimiento: «Imaginemos que nos vamos a otro país de vacaciones y estamos en modo avión, es decir, con un relax total. En nuestra mente no pasa la posibilidad de que haya un accidente». Muchos proceden del centro de Europa, donde no existe esa relación cotidiana con el océano, y «verse en medio del Atlántico» les lleva a una falsa sensación de seguridad.
Alertas que no llegan a quien se baña
Para Quintana, el problema no es solo la imprudencia individual, sino la falta de información directa.Por eso propone una medida concreta: «Instamos y animamos al sector hotelero, al sector turístico, que cuando se active una prealerta, una alerta, que en las recepciones de los hoteles pongan un cartelito en tres idiomas, en español, inglés, alemán, diciendo: hoy no se bañen en la playa, hoy no se acerquen a la costa».
Su llamamiento se extiende también a las viviendas vacacionales, un segmento en plena expansión: plantea que los propios propietarios informen a sus clientes «igual que le pasan el recibo o le pasan cualquier incidencia», y se ofrece como intermediario: «Nosotros nos hemos brindado a ser facilitadores de cuando se activa una alerta para poder informar a todo el sector hotelero y extrahotelero». A su juicio, se trata de un gesto sencillo que puede salvar vidas: «Ya ahí sí que están informados. Esa es la gran cuenta pendiente».
Sesenta fallecidos y un repunte de la siniestralidad
La plataforma «Canarias, 1500 km de costa» mantiene un registro propio de accidentes, elaborado a partir de fuentes oficiales como el 112, Salvamento Marítimo, Guardia Civil o Policía Nacional. A día de hoy, Quintana contabiliza 60 fallecidos en espacios acuáticos del archipiélago. De ellos, «del 65 por ciento se habían introducido en el mar o se habían acercado a la costa cuando había activado una prealerta o una alerta», lo que considera «la prueba de algodón» de la relación entre avisos ignorados y tragedias.
Además, observa un paralelismo claro entre la llegada masiva de visitantes y el aumento de accidentes: con una previsión de récord de turistas para este año, calcula «un incremento importante, en torno a un 30 por ciento de la siniestralidad, no solamente fallecidos, sino heridos de carácter crítico, grave, moderado y rescatados». De cada diez personas accidentadas en el agua, «siete no son españoles, son extranjeros» y «la inmensa mayoría, turistas que están pasando sus vacaciones en las islas».
Quintana advierte de que las cifras reales probablemente sean mayores, porque su estadística solo recoge «la atención inicial»: el rescate y el traslado al hospital. Si un bañista crítico fallece horas después o durante el traslado, ese dato no siempre llega a la plataforma. «Si no lo tengo contrastado, no puedo sumarlo», sostiene, y defiende el rigor como criterio básico de su trabajo.
«Síndrome de la inmortalidad» entre los residentes
El director distingue entre la imprudencia por desconocimiento de los turistas y la actitud de algunos residentes canarios, a los que atribuye lo que denomina «síndrome de la inmortalidad». «A mí no me va a ocurrir nada, yo controlo el mar, la playa y yo somos uña y carne», resume, aludiendo a una sensación de confianza excesiva en la propia experiencia. Ese «sentido de la hiperseguridad» lleva a «relajar las medidas de prevención» y termina en accidentes graves también entre la población local.
En el caso de los menores, Quintana reconoce «un incremento importante» de incidencias, especialmente en piscinas, y llama la atención sobre la necesidad de mantener una vigilancia constante por parte de las familias, más allá de la presencia o no de socorristas. Recuerda que los niños son especialmente vulnerables y que basta «un descuido de segundos» para que se produzca un ahogamiento.
Decretos, recursos y playas sin vigilancia en temporada alta
Más allá de la conducta individual, Quintana señala las responsabilidades institucionales. Recuerda que «la competencia de las playas, de los puntos de costa donde vamos a bañarnos, es de las corporaciones locales, de los ayuntamientos», que deben garantizar señalización adecuada, banderas y servicios de socorrismo. Sin embargo, denuncia que cada año, «a partir del 15 de septiembre, alrededor del 70 por ciento de las playas canarias que tenían hasta durante el verano servicios de seguridad acuática, de socorristas, reciben los contratos y se quedan esas playas inermes, sin ningún tipo de vigilancia».
Esta retirada de medios coincide, subraya, con lo que la plataforma denomina «temporada alta», cuando la mayoría de los canarios ha regresado al trabajo pero comienza la llegada masiva de turistas europeos que buscan el buen clima invernal de las islas. «Vemos una similitud, un paralelismo entre el crecimiento de la llegada de turistas y también el incremento de accidentados en el mar», insiste.
Un decreto pionero y una sentencia que abre una grieta
En 2018, el Gobierno de Canarias aprobó por unanimidad en el Parlamento un decreto que obliga a los ayuntamientos a elaborar planes de seguridad para sus playas, con servicios de socorrismo y medios materiales adaptados al nivel de uso y a las características de cada zona. Sin embargo, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) presentó una queja, alegando que no dispone de recursos económicos para asumir ese despliegue.
Quintana repasa el recorrido judicial: el Tribunal Superior de Justicia de Canarias da la razón al Gobierno regional, pero la Fecam recurre al Tribunal Supremo, que dicta una sentencia que él califica de «salomónica». Según esa resolución, «aquellos municipios canarios con menos de 20.000 habitantes censados no tienen porqué cumplir el decreto». El problema, advierte, es que «el 72 por ciento de los municipios canarios tiene como población de derecho menos de 20.000 habitantes», pero muchos de ellos soportan una carga turística masiva.
Cita el ejemplo de Pájara, en Fuerteventura, con menos de 20.000 habitantes empadronados pero «una población turística de casi un millón». Para Quintana, se trata de «una perversión de la propia resolución del alto tribunal» que deja en manos de cada alcalde o alcaldesa la decisión de invertir o no en socorristas y medios de prevención. «Ha sido un torpedo en la línea de flotación del propio decreto», resume.
Piscinas y hoteles, un «agujero negro» de control
La entrevista aborda también la seguridad en piscinas de hoteles y complejos turísticos. En este ámbito, la competencia corresponde a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, pero Quintana habla de «una especie de agujero negro». Explica que, aunque se supone que cada establecimiento debe cumplir la normativa sobre socorristas y medios de rescate, «a la hora de poder inspeccionar todos estos establecimientos y confirmar o contrastar que tienen los servicios de socorristas en cuanto a número y medios materiales, técnicos y humanos, eso ya es muchísimo más difícil de poder demostrar y contrastar».
En su opinión, esta falta de control efectivo deja demasiadas lagunas en la seguridad acuática de espacios donde conviven cientos de turistas, incluidos menores, en plena temporada alta. Por eso insiste en que la prevención no puede delegarse solo en las administraciones, sino que debe ser asumida también por el propio sector turístico, desde las grandes cadenas hoteleras hasta los pequeños propietarios de viviendas vacacionales.
Más compromiso público y una cultura de prevención
A pesar del panorama, Quintana reconoce avances. Destaca que «cada vez se están comprometiendo más las instituciones públicas: Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, que lleva muchos años ya apoyando todas nuestras iniciativas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Museo Elder, la propia Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y la de Política Territorial». Aun así, considera que «todavía tenemos que impulsar muchísimo más y con más decisión» las políticas de prevención.
Su mensaje final apela a una auténtica cultura de seguridad en torno al mar: información clara en varios idiomas, avisos visibles en hoteles y apartamentos, presencia estable de socorristas en playas y piscinas y respeto estricto a las alertas por fenómenos costeros. Solo así, concluye, Canarias podrá seguir siendo un destino de sol y playa sin que cada récord de turistas se acompañe, inevitablemente, de un récord de vidas perdidas en el agua.