La Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias destaca que la medida reducirá carga burocrática, abaratará servicios y beneficiará a más de 30.000 profesionales, aunque advierte de la necesidad de seguir simplificando trámites.
El responsable económico de ATA Canarias, Aday Hernández, asegura que la elevación del umbral del IGIC supone «un alivio en la carga burocrática» para los autónomos: «Es una de las demandas históricas del colectivo», afirma, al tiempo que explica que permitirá reducir el tiempo dedicado a trámites administrativos.
Según sus cálculos, la medida afectará a unos 33.000 autónomos en Canarias, con un ahorro estimado de unos 700 euros anuales por profesional, lo que podría traducirse en un impacto global cercano a los 20 millones de euros.
Qué cambia en el día a día
Hernández explica que el principal efecto práctico es que los autónomos acogidos al régimen no tendrán que repercutir el IGIC en sus facturas: «Eso los hace más competitivos y abarata el servicio al consumidor», señala.
Además, elimina la obligación de presentar varias declaraciones trimestrales y el resumen anual, simplificando notablemente la gestión administrativa.
Más autónomos dentro del sistema
La subida del umbral de 30.000 a 50.000 euros permitirá incorporar a unos 11.000 profesionales que habían quedado fuera del régimen: «Se amplía el acceso a casi 33.000 autónomos», indica.
Desde ATA consideran que esta actualización responde al incremento de costes y a la evolución económica de los últimos años, que había dejado obsoleto el límite anterior.
Impulso al emprendimiento
El representante de ATA sostiene que la medida favorecerá la creación de nuevos negocios y el crecimiento del trabajo autónomo en Canarias: «Todas estas medidas que simplifican el día a día ayudan a emprender», afirma.
Recuerda que el archipiélago lidera el crecimiento de autónomos en España y considera que iniciativas como esta consolidan esa tendencia.
Canarias, a la vanguardia fiscal
Hernández subraya que Canarias se sitúa como «pionera» en este ámbito frente al régimen del IVA en la península, donde no existe un sistema equivalente: «Nos sitúa a la vanguardia de la competitividad», sostiene.
No obstante, admite que la medida puede implicar una ligera reducción de la recaudación, al trasladar el ahorro al consumidor final.
Control y límites del sistema
El responsable de ATA explica que existen mecanismos de control para evitar abusos, como la obligación de declarar la facturación anual: «Quien supere los 50.000 euros queda fuera automáticamente», precisa.
También descarta que la medida genere un «efecto techo» que frene el crecimiento de los negocios, al considerar que sería «un error» limitar la actividad por evitar trámites.
Reivindicaciones pendientes
Pese a la valoración positiva, Hernández insiste en que los autónomos necesitan más apoyo estructural: «Necesitamos seguridad jurídica y menos carga administrativa», reclama.
Entre las prioridades, menciona la simplificación de trámites, ayudas al emprendimiento y al mantenimiento de la actividad, así como un mayor diálogo con las administraciones para diseñar políticas eficaces.
En conjunto, ATA considera que la medida llega en un momento necesario para aliviar la presión sobre los pequeños negocios, aunque subraya que aún quedan reformas por abordar para mejorar el entorno del trabajo autónomo en Canarias.