El coordinador autonómico del servicio de «Defensor del Profesor» del sindicato, Domingo Rodríguez, indica que 171 docentes solicitaron asistencia en el curso 2024-2025.
El servicio «Defensor del Profesor» del sindicato ANPE Canarias atendió durante el curso 2024-2025 a 171 docentes por casos de conflictividad escolar relacionados con amenazas, agresiones, presiones, graves dificultades para impartir clase y situaciones de acoso. El coordinador autonómico del servicio, Domingo Rodríguez, rechaza hablar de una sociedad canaria violenta, pero advierte de que muchos profesores «sufren diariamente» en las aulas conductas que van mucho más allá de la mera indisciplina y reclama medidas específicas para proteger la labor docente.
Más que indisciplina: amenazas, insultos y agresiones
Rodríguez explica que ANPE no se refiere a los comportamientos tradicionales de alumnado inquieto, sino a episodios reiterados de violencia verbal y física que impiden el normal desarrollo de las clases. «No hablamos solo de conducta disruptiva», subraya; se trata de alumnos que insultan, desobedecen cualquier orden, molestan de forma constante o incluso agreden a compañeros y docentes. Aclara que la situación «no es dramática», pero sí «bastante desagradable» para quienes la viven cada día, y sostiene que es imprescindible «darle una solución» antes de que se normalice este clima de tensión.
Secundaria y FP Básica, los focos de mayor conflictividad
Según los datos recopilados por el «Defensor del Profesor», los primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria —primero y segundo de la ESO— y la Formación Profesional Básica concentran la mayor parte de los casos. Rodríguez considera lógico que el paso de Primaria a Secundaria genere rebeldía y choque de normas, pero insiste en que el problema surge cuando esa rebeldía se convierte en un patrón de violencia y bloqueo del aula: «En la FP Básica empieza a ser dramático», alerta, porque se está concentrando en ella «al alumnado que no puede seguir una clase normal» y que presenta «las conductas disruptivas más violentas», sin que el sistema disponga de recursos alternativos para su atención.
La desmotivación se instala en un profesorado vocacional
El impacto más profundo, asegura, no son solo las bajas médicas o las crisis de ansiedad que acaban trascendiendo, sino la desmotivación silenciosa de «tantos y tantos docentes» que preparan sus clases con vocación y se encuentran con que una minoría «dinamita» el trabajo del resto. «De la hora que tienes para dar clase, has aprovechado 20 o 25 minutos», lamenta. Rodríguez afirma que la mayoría del profesorado sigue entendiendo su labor como una cooperación con las familias para formar a los adultos del futuro, pero reconoce que no son pocos los que, ante el desgaste continuo, se preguntan si «vale la pena estar en la educación o sería mejor irse a otro sitio».
De centros educativos a “guarderías” sin recursos suficientes
Rodríguez considera que los centros han cambiado «radicalmente» en las últimas décadas y critica que parte de la sociedad haya dejado de verlos como lugares destinados a aprender. «Nos hemos convertido, entre comillas, en guarderías, donde hay que cuidar, pero se nos ha quitado esa posibilidad de enseñar», denuncia. A su juicio, muchos conflictos tienen que ver con alumnos que «sufren» porque se encuentran en entornos que no se adaptan a sus necesidades y que expresan ese malestar mediante conductas agresivas, sin que existan los apoyos profesionales necesarios para reconducir la situación.
Demandas de psicólogos y especialistas en conducta en los centros
El coordinador autonómico del «Defensor del Profesor» sostiene que el profesorado no puede asumir en solitario la gestión de perfiles con graves problemas de conducta. Recuerda que los equipos de convivencia incluyen orientadores y docentes, pero «no hay nadie que sea un profesional de la conducta y la psicología» con dedicación específica a estos casos. Por ello, ANPE defiende que, al igual que se reclama personal sanitario en centros con más de mil alumnos, se incorporen psicólogos y especialistas en conducta que trabajen con el alumnado conflictivo y ofrezcan apoyo psicológico al profesorado, con el objetivo de garantizar que el derecho a la educación de todos los estudiantes no quede comprometido por la violencia de unos pocos.