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Aunque eso de “nueva normalidad” parezca algo positivo, no es difícil entender que nuestro futuro inmediato será novedoso, pero nada normal. Hemos hecho frente a la pandemia con piedras y palos, con medidas de urgencia cortoplacistas en función de los días que se sumaban al Estado de Alarma. Y tampoco es que pueda o quiera culpar a nadie, pues nadie era capaz de ver lo que estaba por llegar cuando creíamos que bastaba con encerrarse en casa dos semanas. Ahora estamos preparados para sufrir otra pandemia (desde el punto de vista de los recursos y la experiencia sanitaria) pero no lo estamos para todo lo que viene detrás. Y tres meses después si que se puede pretender que los gobiernos hayan entendido la dimensión del problema real que supone para Canarias. La promesa del ingreso mínimo vital no será capaz de soportar el desastre que se avecina, porque su diseño se basa en la nube provisional en la que nos encontramos hoy, no contempla a las decenas de miles de personas que entrarán en situación de vulnerabilidad a medida que pasen las semanas.
Asistimos impotentes y desolados a una muerte anunciada por inanición.No eran agoreros los que decían que si no moríamos por la covid19 lo haríamos de hambre. El diagnóstico es peor de lo que imaginábamos, porque no depende sólo de nosotros, sino del resto del mundo. Los siempre industrializados países del norte quizás crean que es una frivolidad hablar de vacaciones cuando centenares de personas en hospitales de medio mundo siguen perdiendo cada día la batalla frente a la enfermedad. Pero es que en nuestro caso es igualmente vital.
El plan de estímulo y apoyo al sector turístico presentado ayer tiene algunos aspectos positivos, pero para Canarias es a todas luces insuficiente y no ofrece garantías de sostenibilidad. El mantenimiento de los ERTES en Canarias es una medida de extrema necesidad, incluso más allá de diciembre. Y no sólo en el sector turístico, porque su baja actividad condicionará también al resto de sectores que dependen de él. De nada servirán en las Islas las ayudas al sector del automóvil. ¿Quién pensará en comprar un coche cuando no se puede pagar ni alquiler? ¿Confiar el verano al turismo local?
Los ERTES han frenado una muerte inmediata y violenta, pero sólo estamos manteniendo la vida artificialmente, en precario, sin solución de continuidad, mientras no podamos recuperar nuestra principal actividad, y esa no llegará con la ansiada nueva normalidad, ni con la temporada de invierno, sino con la vacuna contra la enfermedad. Sólo en ese momento podremos empezar a creer en recuperar algo de lo que para nosotros es normalidad, ni vieja ni nueva.
Pero también los ERTES tienen su coste económico, los fondos públicos son finitos. En Canarias es imprescindible encontrar otras alternativas de respiración asistida porque mantener a los trabajadores temporalmente en desempleo no será suficiente para tirar del consumo interno, no para tratar de paliar el devastador escenario de un archipiélago sin turistas. El efecto dominó afectará a los ingresos públicos, al sector inmobiliario, al comercial. Al tiempo que se diseñan esas medidas específicas para sostener el empleo turístico, es imprescindible prestar atención al resto de alternativas que se plantean, especialmente desde los sectores de la construcción, la industria, las energías alternativas, y las nuevas tecnologías, y que no requieren más que una revisión legislativa que minimice la burocracia, sin restar garantías, que facilite y no entorpezca la puesta en marcha de proyectos que inyecten actividad a nuestra parada economía. En el Parlamento regional los diputados canarios ya deberían estar trabajando en eso, aunque sólo sea por ganarse un sueldo extra incluso si lo hacen desde el salón de sus casas.
En la nueva normalidad es primordial agilizar todos los procedimientos que tengan una traslación inmediata en la generación de ingresos para lo público (entiéndase, por ejemplo, la gestión de licencias) y la creación de empleo. Cerrar el ejercicio sin haber ejecutado toda la licitación de obra pública prevista en los presupuestos nacionales, regionales, insulares y locales no tendrá justificación. La tramitación de esos expedientes se convierte en una prioridad que no se puede abordar con procedimientos interminables, administraciones a medio gas, y funcionarios sin rendimiento.