El abogado de la Asociación de Vecinos de Ciudad Alta (Avecalta) señala que Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria pudo haber revisado de oficio la licencia antes de que la justicia declarara la nulidad.
El abogado de la Asociación de Vecinos de Ciudad Alta (Avecalta) , Yeray Alvarado, afirma que la “torpeza” de los responsables políticos de Las Palmas de Gran Canaria obligará al Ayuntamiento capitalino a indemnizar a la empresa Realia por la anulación de la licencia del Canódromo.
El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha anulado la licencia de obra que el Ayuntamiento concedió a Realia en 2006 y que prorrogó en 2008 para levantar las dos torres de viviendas del Canódromo, en el barrio de Schamann.
Revisión de oficio de la licencia
Alvarado señala que, recientemente, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento capitalino, Javier Doreste, reconoció “sin pudor” que la construcción de las torres dañaba la calidad de vida del barrio, pero, que aún así, tuvo que conceder una nueva licencia en 2019, “sin tener en cuenta que podía revisar la licencia de oficio”.
Señala que los gestores municipales se han venido escudando en que, en caso de anular la licencia, tendrían que indemnizar a Realia. Afirma que, efectivamente, “la torpeza tienen que pagarla”, pero recuerda que tuvieron la oportunidad de no pagar cuando se reclamó la caducidad de la licencia, lo que permitía zafarse al Ayuntamiento de esa responsabilidad: “Y fue el propio Ayuntamiento el que se opuso e, incluso, dio una nueva licencia”.
La sentencia, recuerda Alvarado, ha anulado el plan de 2005 porque era una reiteración del plan de 2001, y ahora espera que prospere la demanda contra el plan de 2012, “que no es más que otra réplica del de 2005”.