Juan González, representante vecinal y propietario, denuncia que la actuación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es «capitalismo disfrazado de socialismo».
Más de 900 vecinos del barrio de Las Torres podrían verse afectados por un proceso de expropiación si el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Las Palmas de Gran Canaria se aprueba en sus actuales términos. Así lo denuncia Juan González, representante vecinal y propietario de una de las 127 casas terreras que, según el documento urbanístico, quedarían fuera de ordenación para facilitar la implantación de nuevas infraestructuras y, presuntamente, desarrollos inmobiliarios privados.
Un plan con efectos irreversibles para las familias
«El Ayuntamiento pretende expropiar 127 viviendas a precios ridículos», afirma González, que asegura que su casa podría estar valorada en unos 250.000 o 300.000 euros, pero que, en caso de expropiación, el consistorio apenas ofrecería «100.000 o 125.000 euros». El portavoz vecinal advierte que con esa cantidad es imposible encontrar una vivienda similar en la zona, donde los precios de mercado rondan los 300.000 euros o más.
González, que participó el pasado viernes en el pleno municipal, critica que su intervención de cinco minutos no haya servido para frenar el procedimiento: «Pedimos paralizar el plan y abrir una vía de participación vecinal, pero Nueva Canarias y Podemos votaron a favor de seguir adelante». Subraya que se trata de un «proyecto que no responde a un interés general real» y que los afectados están organizándose con asesoramiento jurídico y técnico para hacer frente al proceso.
Promotores privados y terrenos vacíos
Uno de los aspectos más polémicos señalados por los vecinos es la existencia de parcelas vacías en las inmediaciones del barrio. González sostiene que estas parcelas, ubicadas en unidades de actuación como la 16 y la 25, «pertenecen a promotores privados e incluso a antiguos concejales del Ayuntamiento», y que podrían destinarse a los supuestos espacios libres que el plan propone crear.
«Lo que molesta no son los solares vacíos, sino las casas de los vecinos», denuncia. Para el representante, la operación urbanística es un «pelotazo encubierto» que recuerda a casos pasados como el de Guanarteme: «Allí fueron puerta por puerta con un maletín. Aquí ni eso. A nosotros directamente nos quieren echar con una expropiación impuesta».
Masificación y abandono del barrio
El nuevo plan para Ciudad Alta prevé el aumento de población en zonas como La Feria, Escaleritas y La Paterna, pasando de 50.000 a más de 60.000 vecinos. Según González, esto supondrá una «masificación sin infraestructuras suficientes»: «no hay carreteras, ni alcantarillado preparado para ese crecimiento». Además, recuerda que el supuesto “corredor verde” que se presenta como argumento del plan «es una excusa» y que en realidad «los parques y espacios públicos del barrio están abandonados, con aceras y asfaltado en condiciones pésimas».
Sospechas de intereses políticos
Aunque González evita señalar directamente a ninguna empresa, afirma que hay promotores «de la zona norte de la isla» implicados, y menciona de forma presuntamente vinculada a la empresa Félix Santiago Melián (FSM), que, según los vecinos, posee parcelas en el área afectada. Además, pone en duda la coherencia ideológica del gobierno municipal: «Esto es un capitalismo disfrazado de socialismo. ¿Qué clase de izquierda echa a la gente de sus casas para favorecer a promotores privados?».
Preguntado sobre una posible conexión entre esos intereses privados y partidos políticos, González se limita a señalar que «se deberían investigar las relaciones pasadas entre ciertas empresas y formaciones como el PSOE».
Movilización vecinal y vía judicial
El portavoz asegura que los vecinos no se van a quedar de brazos cruzados: «Esto lo vamos a parar sí o sí. Con nuestros asesores, con arquitectos, con abogados, en la calle y, si hace falta, en los tribunales». Añade que ya cuentan con un equipo legal sólido y con un arquitecto que ha identificado alternativas urbanísticas viables que no implican expulsar a los residentes históricos del barrio.
Para González, la lucha es también simbólica: «invito a todos los barrios de Las Palmas a salir a la calle y defender sus presupuestos. Si no, acabarán viendo cómo se repite la misma historia»: «Los barrios de Las Palmas dan pena», concluye, «pero en vez de rehabilitarlos, quieren borrarlos del mapa».