➤ «El Gobierno de Canarias tiene que consultarlo todo con Madrid» ➤ «Si el proyecto de Cuna del Alma cumple, se aprueba. Si no cumple, no se aprueba» ➤ «La pelea para la equiparación de condiciones entre las comunidades continúa y continuará»
El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario del Gobierno de Canarias, Toni Acosta, sostiene que la transferencia de competencias en materia de costas sigue siendo insuficiente y que el Ejecutivo autonómico continúa condicionado por informes vinculantes del Estado en algunos de los expedientes más importantes. «No tenemos realmente autonomía en costas», afirma al explicar una relación con Madrid que comenzó siendo fluida pero que ha terminado marcada por las diferencias sobre el alcance real de las competencias asumidas por Canarias.
Acosta explica que la comunidad autónoma dispone de capacidad plena para determinadas autorizaciones, pero no ocurre lo mismo con las concesiones. «Nosotros tenemos competencia en autorizaciones plenas, pero en las concesiones hay un informe preceptivo y vinculante del Estado», señala. El problema, añade, es especialmente relevante porque los grandes proyectos que afectan al dominio público marítimo-terrestre suelen tramitarse precisamente mediante concesiones.
La diferencia con otras comunidades
El director general sitúa uno de los principales puntos de conflicto en las transferencias posteriormente otorgadas al País Vasco y Galicia. Según explica, al estudiar esos decretos Canarias comprobó que contenían condiciones distintas de las aplicadas anteriormente a Andalucía, Cataluña y al propio Archipiélago. En concreto, destaca que desaparecía ese informe estatal vinculante que, a su juicio, limita la autonomía efectiva de Canarias.
«Cuando vimos la primera transferencia que nos llega, el primer documento de transferencia, nos damos cuenta que es totalmente distinto al decreto de transferencia que tiene Andalucía, Cataluña, y nosotros», recuerda. Acosta señala que Canarias y otras comunidades han reclamado al Estado una equiparación de condiciones y asegura que la reivindicación sigue abierta. «Esa pelea continúa y continuará».
Acosta defiende además la necesidad de reformar una Ley de Costas que considera concebida fundamentalmente desde una perspectiva peninsular. Explica que impulsó contactos entre las diez comunidades autónomas con litoral para buscar posiciones comunes al margen de sus diferencias políticas. La propuesta que defiende pasa por mantener una legislación estatal básica que permita después a cada territorio desarrollar una normativa adaptada a sus particularidades.
«Yo creo que el enfoque peninsular en este caso prima sobre el enfoque insular», afirma. A su juicio, no tiene sentido gestionar desde Madrid realidades costeras muy diferentes entre sí y pone como ejemplo las necesidades específicas de Galicia, vinculadas a la industria marítima, frente a las de Canarias, donde el litoral está directamente relacionado con el turismo.
Cuna del Alma
Acosta aborda también su situación como investigado en el procedimiento relacionado con Cuna del Alma y niega haber cometido irregularidad alguna. Explica que su intervención se limitó a firmar una resolución después de recibir los correspondientes informes técnicos y jurídicos favorables sobre una parte concreta de un proyecto cuya tramitación se remonta a décadas atrás.
«Se hace el estudio técnico, hay un informe jurídico, el informe jurídico es positivo, se me eleva la propuesta de resolución y la firmo», explica. Acosta defiende además el proyecto desde el punto de vista turístico y rechaza que una decisión administrativa pueda depender de la opinión personal del responsable político. «Yo no estoy para dar mi opinión. Es decir, yo tengo mi opinión, pero no estoy para darla. Cumple o no cumple», sostiene. «Si cumple, se aprueba. Si no cumple, no se aprueba».
Acuicultura y litoral
Sobre las instalaciones de acuicultura en Telde, Acosta precisa que su dirección general autoriza el uso de los espacios, mientras que la gestión de las explotaciones corresponde al área competente en pesca. Por ello asegura que no dispone de datos concluyentes sobre el episodio que se encuentra bajo investigación. «Como Dirección General de Costa, no tenemos datos ciertos de lo que ha sucedido allí porque está en investigación», señala.
El director general defiende la acuicultura como una actividad que puede contribuir a la seguridad alimentaria, pero advierte de que su desarrollo debe hacerse en los lugares adecuados. «¿Deben haber jaulas en todos lados? No. Lógicamente», afirma, y compara este criterio con la implantación de molinos e instalaciones fotovoltaicas: considera necesario desarrollar estas actividades, pero estudiando siempre «el dónde y el cómo».
La Palma después del volcán
Acosta se refiere asimismo a la situación de La Palma y advierte de que las consecuencias de la erupción continúan años después. Más allá de las infraestructuras, pone el acento en el impacto humano y psicológico sobre quienes perdieron viviendas y propiedades familiares. «La tristeza de esto es ver gente morir de pena. Y esto ha pasado en la isla de La Palma y eso hay que ponerlo sobre la mesa», afirma.
El director general critica también el grado de cumplimiento de los compromisos económicos asumidos por el Estado y sostiene que parte de las cantidades anunciadas consistieron en autorizaciones para que Canarias utilizara sus propios remanentes con el compromiso de una devolución posterior. Frente a las dificultades, destaca la capacidad de recuperación de la población palmera y asegura que esa lucha continúa: «Tenemos que pelear, tenemos que seguir peleando».