El representante de Simona Chambi, Federico Vicente Martín, argumenta un "interés mediático" para resolver el caso en tan solo 24 horas.
El representante legal de Simona Chambi, Federico Vicente Martín, tacha de “escandalosa” la sentencia del Juzgado de lo Social número 7 de Las Palmas de Gran Canaria que desestima la demanda de la ex empleada doméstica de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la jueza Victoria Rosell, y su pareja, el periodista Carlos Sosa.
Para Martín, la sentencia no responde a los hechos que han quedado acreditados durante el proceso judicial, aparte de la cuestión de que la sentencia se dictara en el plazo de veinticuatro horas, lo cual, a su juicio, es insólito en la jurisdicción laboral: “Si todos [los procedimientos] fueran así, sería la justicia más rápida del mundo”. Entiende que, tal vez, la rapidez en dictar sentencia obedece a que existía un “interés “mediático” en todo el juicio.
“Un embrollo de verdades”
Afirma que durante el procedimiento se produjo un “convoluto”, es decir, “un embrollo de verdades”, entre los que, en su opinión, se cuenta el hecho de una justicia “ultrarrápida” para una persona determinada, “lo cual contradice principio constitucional de igualdad”, el que la jueza dictara una providencia que instaba al interrogatorio de contraparte y que en el juicio no se llevara a cabo, o que la jueza, María José Andrade, fuera una abogada y no de carrera.
Rechaza que, como afirma la sentencia, presentaran la demanda a destiempo: “Lo hicimos en los veinte días hábiles” que determina la ley: “No sé qué tipo de doctrina ha utilizado”. Asegura que la demanda se interpuso contra Victoria Rossell porque era la que “daba la órdenes y hacía las transferencias”, actuando Carlos Sosa como “empleador instrumental”. Afirma que ya han presentado el anuncio de recurso a la sentencia.
Un trato “muy frío”
Por su parte, Simona Chambi afirma sentirse “decepcionada” por la sentencia, pues, a su juicio, solo ha reclamado los derechos que le pertenecen. Indica que trabajó para Rosell desde 2011 y que fue la jueza la que le pagó en todo momento. Asegura que, durante los primeros meses, le pagó en mano 500 euros mensuales sin darla de alta en la seguridad social. Según su versión, solo cuando le pidió un contrato de trabajo para renovar el permiso de residencia, la jueza se avino a firmarlo en el año 2012 a cambio de que se restara una cantidad del salario.
Señala que el trato con la jueza siempre fue “muy frío” porque Rosell era una persona “muy seria”. Afirma que lo que más le dolió fue que la despidieran estando de baja médica y que liquidara la relación laboral con 833 euros de indemnización. En el acto de conciliación, su representante legal pidió 10.000 euros.