La directora general de protección a la infancia y la familia del Gobierno de Canarias señala que la situación es «muy compleja» porque ya se han sobrepasado los niveles de 2006.
La directora general de protección a la infancia y la familia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, aboga porque el Estado y Europa se hagan corresponsable de la atención a los menores inmigrantes que llegan a las islas, porque su alto número está suponiendo una presión muy importante para los servicios públicos de las islas.
Rodríguez indica que la situación es «muy compleja» porque se han sobrepasado los niveles de llegada de personas de la crisis migratoria del año 2006: «Están llegando más menores y esto sobredimensiona y supone una sobre presión del servicio de protección» ya que cada menor requiere de un programa individualizado de atención.
Solidaridad entre las comunidades
Señala que estas cifras ponen de relieve la necesidad de un mando único a nivel estatal que coordine y aborde el problema inmigratorio desde un punto de vista humanitario y que busque la corresponsabilidad de la Unión Europea, porque las comunidades autónomas no pueden pagar «ese peaje».
Asegura que todas las comunidades autónomas han respondido de manera solidaria y todas han trasladado su preocupación de cómo se está tratando este asunto, pero el Ministerio de Migraciones no puede pretender que las comunidades carguen de forma exclusiva con esta responsabilidad.
Cambios en la normativa
A este respecto, considera que una posibilidad que hay que estudiar es la del cambio legislativo, porque la actual normativa está pensada para atender a menores nacionales, pero la realidad es que Canarias está atendiendo actualmente a 4.300 menores inmigrantes: «El problema es grave y es preciso sentarnos a hablar».
Considera que si no se puede o no se quiere llevar a cabo este cambio legislativo, estima imperativo que el Estado lidere esta responsabilidad, porque esto excede de las competencias autonómicas y de las capacidades de los gobiernos regionales. Indica, a título informativo, que la atención a los menores supone unos ocho millones de euros mensuales a las arcas canarias.
Identificación de los menores
Rodríguez asevera que la actual ola migratoria está poniendo de relieve que muchos de los menores que están siendo puestos a disposición de la Comunidad autónoma no son tales, como lo demuestra las pruebas que se han llevado a cabo.
Así se lo ha expuesto a la Fiscalía del Menor, lo que ha logrado la implicación de la jefatura de la fiscalía en Canarias, que ya está tomando las medidas de coordinación entre los distintos agentes para llevar a cabo las pruebas de determinación de la edad. Esto está permitiendo llevar a cabo unas sesenta pruebas cada día.