➤ «Solo 1.000 de los 12.000 desempleados de la construcción en Canarias tienen certificación profesional» ➤ «Estamos tramitando mil contratos de trabajadores extranjeros porque el sistema actual no funciona» ➤ «No es un capricho de los empresarios: si no hay trabajadores, no se pueden construir viviendas»
María Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas, sostiene que el sector de la construcción en Canarias atraviesa una crisis estructural que impide atender la demanda habitacional: faltan trabajadores cualificados, se ralentizan las licencias por atascos administrativos y no se activan los suelos disponibles. Ante esta situación, su organización tramita ya la contratación de más de mil obreros extranjeros para poder ejecutar las obras pendientes.
Mil contrataciones en el exterior para obras bloqueadas
Gil confirma que «los procedimientos están en este momento en la Delegación de Gobierno», y que se trata de un proceso controlado para incorporar personal de países con convenio de nacionalidad con España, como Perú o Chile. Las empresas constructoras canarias han optado por este recurso porque, según explica, «hay 12.000 parados registrados en el sector de la construcción, pero solo 1.000 tienen una certificación profesional». La situación, añade, es más grave porque «cuando se ha ofrecido formación a los desempleados, apenas un 3% ha mostrado interés».
La presidenta empresarial considera que no se trata solo de una crisis sectorial, sino de un problema común en Canarias: «el turismo, la agricultura, el transporte y el comercio también sufren la misma falta de personal». Y denuncia que «la respuesta económica del sector está por encima de la media: un peón ordinario cobra en torno a 1.300 o 1.500 euros netos al mes, en 14 pagas, y aún así no se cubren las vacantes».
Formación e innovación sin respuesta
Gil sostiene que los empresarios están haciendo su parte: «gastamos más de un millón y medio de euros al año en formación a través de la Fundación Laboral de la Construcción». Añade que el sector ha incorporado herramientas digitales, industrialización de procesos, impresión en hormigón, drones y sistemas BIM. A pesar de ello, lamenta, «los jóvenes no se interesan por estas oportunidades y muchos prefieren vivir de ayudas públicas sin seguimiento ni control».
La dirigente advierte que «hay personas en situación de desempleo que, dentro de una misma unidad familiar, pueden estar recibiendo ayudas que superan un salario medio, y eso desincentiva el trabajo». Reclama que toda prestación pública esté vinculada a un plan de seguimiento y formación individual, para evitar que la vulnerabilidad se cronifique.
Decreto ley para agilizar licencias, pero falta presupuesto
En cuanto a la legislación urbanística, Gil reconoce que el Gobierno de Canarias «está abordando con responsabilidad el problema de la vivienda» mediante decretos como el 1/2024 y el más reciente, que permite a los ayuntamientos externalizar informes urbanísticos. «Ese cuello de botella es lo que más retrasa las licencias de obra, y si se corrige, todo el sistema puede mejorar», afirma.
Pese a estos avances normativos, Gil advierte que «la clave es el presupuesto», y propone que el Gobierno recupere fórmulas históricas: «Antes se pactaban intereses específicos con la banca para préstamos de vivienda. El Estado asumía parte del coste del crédito y facilitaba la entrada a los compradores. Eso funcionaba y habría que retomarlo».
La burbuja no es de precios, sino de demanda insatisfecha
La representante del sector rechaza que exista una burbuja inmobiliaria en Canarias: «no hay especulación, lo que hay es una burbuja de demanda porque no se construye al ritmo que se necesita». Recuerda que el déficit anual es de unas 12.000 viviendas, y que solo se están construyendo unas 4.000. A su juicio, la lentitud en activar suelo urbanizable y la falta de financiación bancaria para vivienda protegida agravan el problema.
Con una propuesta clara y experiencia institucional, Gil cree que con un marco legal estable, coordinación entre administraciones y financiación adecuada, el problema puede empezar a resolverse. «Yo haría lo que el Gobierno está haciendo, pero añadiría una negociación firme con la banca y una apuesta real por activar suelo público disponible», concluye.