➤ «Cada vez hay más obras que se quedan desiertas» ➤ «Lo más sensato es con el Estadio de Gran Canaria es correr mucho y sacar la obra lo antes posible» ➤ «Hacen falta 450 millones de euros anuales para afrontar el déficit de viviendas»
La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas, Salud Gil, advierte de que numerosas obras públicas se licitan con proyectos desactualizados y presupuestos inferiores a los costes reales. La representante empresarial sitúa en torno a 250 millones de euros el coste actual de la reforma del Estadio de Gran Canaria, reclama recuperar la revisión de precios y alerta del incremento de los concursos que quedan desiertos.
Más financiación para vivienda
Gil valora el acuerdo que permite a las administraciones canarias disponer de 1.100 millones de euros adicionales cada año, aunque distingue entre recibir una mejora financiera y obtener los recursos que realmente corresponden a las islas. «Son presupuestos que nos corresponden y punto», afirma.
La presidenta de la patronal de la construcción considera que la vivienda constituye uno de los ámbitos en los que Canarias continúa lejos de contar con una financiación suficiente. Sostiene que serían necesarios unos 450 millones de euros anuales para afrontar un déficit que cifra en alrededor de 12.000 viviendas cada año.
Gil reconoce que el sector no tendría en estos momentos capacidad estructural para levantar esas 12.000 viviendas anuales, pero considera posible alcanzar al menos la mitad de esa cantidad. «Aquí hay que hacer un esfuerzo mayor y la iniciativa privada está dispuesta», asegura. La dirigente empresarial destaca el efecto que tendría la colaboración público-privada y sostiene: «Con esos 450 millones nosotros pondríamos 2.700».
A su juicio, la movilización de inversión privada permitiría multiplicar los recursos públicos destinados a vivienda y aumentar de manera significativa el ritmo de construcción. No obstante, advierte de que el problema no se limita a la disponibilidad presupuestaria, sino que también afecta al suelo, la tramitación administrativa, las licencias y la capacidad productiva del sector.
Agilización de las licencias
La presidenta de la asociación valora las herramientas aprobadas por el Parlamento de Canarias para facilitar la construcción de viviendas, habilitar suelo, permitir determinados cambios de uso y establecer procedimientos administrativos simplificados. Sin embargo, muestra su preocupación porque la aplicación de algunas de esas medidas depende de la voluntad de cada ayuntamiento.
«Nos preocupa que los ayuntamientos ahora pueden acogerse o no a esa ley», señala Gil. En su opinión, las corporaciones que decidan no utilizar los nuevos mecanismos tendrán que explicar a sus ciudadanos por qué renuncian a unas herramientas concebidas para reducir los obstáculos administrativos.
Gil evita centrar el debate únicamente en el número de funcionarios y plantea que debe analizarse la productividad y la distribución del personal público. Afirma que algunas administraciones pueden disponer de más trabajadores de los necesarios para determinados procedimientos, mientras que otras carecen de recursos en áreas esenciales. Por ello, reclama una organización más eficiente que permita desplazar efectivos hacia los servicios en los que existe una mayor carga de trabajo.
Las advertencias sobre el estadio
La licitación desierta de la reforma del Estadio de Gran Canaria ocupa buena parte del diagnóstico de Salud Gil. La presidenta de la asociación explica que el Cabildo de Gran Canaria contacta con la organización empresarial antes de sacar el concurso y que el sector traslada desde el principio sus principales advertencias.
«Cuidado con el precio, cuidado con el plazo, cuidado con las clasificaciones y cuidado con no pedir certificados que no tenga nadie, sino alguien en algún sitio del mundo», recuerda Gil sobre las observaciones que la patronal comunica a la corporación insular.
La dirigente empresarial señala que alrededor de 16 compañías estudian la licitación. Entre ellas hay empresas canarias y grandes constructoras nacionales con décadas de implantación en las islas. También se analizan posibles uniones temporales de empresas para concurrir al procedimiento, pero los números impiden finalmente presentar ofertas.
Gil asegura que el desfase presupuestario resulta especialmente evidente en la estructura del recinto. «Solo en estructura faltaban unos 30 millones», afirma. A ello añade la complejidad técnica de la actuación, su duración, la evolución constante de los costes y el riesgo financiero que tendrían que asumir las constructoras.
«Es una obra muy compleja, muy larga en el tiempo, los precios cambian de un mes a otro y vamos a tener una obra muy extensa en el tiempo con mucho riesgo financiero», explica. Según su análisis, el presupuesto no proporciona a las empresas margen suficiente para afrontar las posibles subidas de materiales, energía, transporte y mano de obra durante los años de ejecución.
Un coste próximo a los 250 millones
Gil señala que la licitación inicial se encuentra aproximadamente un 40 % por debajo de los precios del mercado. Ante la estimación de que la actuación cuesta actualmente alrededor de 250 millones de euros, responde que esa cifra es «aproximadamente» la que corresponde a los precios del momento.
La presidenta evita, sin embargo, garantizar que esa cantidad vaya a mantenerse durante todo el procedimiento. Recuerda que la construcción está condicionada por la evolución de la economía mundial, los aranceles, los conflictos internacionales y la volatilidad de los materiales. Un presupuesto que resulte suficiente hoy puede volver a quedar desfasado cuando comiencen las obras.
«Yo lo que sí que tengo claro es que saldrá a concurso, que saldrá con más presupuesto porque si no, no puede ser de otra forma», sostiene. Gil considera posible que el Cabildo ajuste algunas unidades del proyecto para controlar los elementos más expuestos a futuras subidas, siempre que las modificaciones se incorporen a una nueva licitación.
Aclara que, una vez declarado desierto el concurso, la Administración puede revisar el proyecto antes de convocar nuevamente. Lo que considera jurídicamente problemático es adjudicar mediante un procedimiento negociado e introducir posteriormente modificaciones sustanciales al margen de la concurrencia pública.
La representante de los constructores respalda, por tanto, la decisión de preparar una nueva licitación. «Lo más sensato es lo que se ha hecho, correr mucho, correr mucho, correr mucho, y sacar la obra lo antes posible», afirma.
Sin acuerdos para evitar recursos
Gil rechaza que exista un pacto entre la asociación y el Cabildo para impedir que las empresas recurran la futura licitación. La organización empresarial, precisa, no puede renunciar a actuar cuando detecta precios inadecuados, limitaciones injustificadas de la concurrencia o incumplimientos laborales.
«Nosotros los únicos pactos que hacemos los hacemos con la legalidad, con la concurrencia, con que los precios del mercado sean los correctos y estar siempre en la posición que tenemos que estar, que es institucional», declara.
La presidenta explica que la asociación trabaja para abrir oportunidades a todas las compañías, pero no interviene después en las estrategias comerciales o en las ofertas concretas de cada empresa. Su función, añade, consiste en vigilar las condiciones generales de los concursos y recurrir cuando las administraciones no respetan los costes del mercado, los convenios colectivos o las exigencias legales.
Una obra que debe gestionarse «al milímetro»
Sobre la posibilidad de ejecutar la reforma del estadio dentro del plazo exigido para el Mundial de fútbol de 2030, Gil evita ofrecer garantías absolutas. No obstante, afirma que las constructoras cuentan con los conocimientos y la capacidad técnica necesarios.
«Las empresas van a cooperar. Las empresas están capacitadas. Y seguro que van a unirse las mejores con las mejores y que la obra va a salir a tiempo», sostiene. A su juicio, el principal desafío será la gestión de una actuación que deberá convivir durante parte de su ejecución con la actividad deportiva del recinto.
Gil recuerda que determinados trabajos, especialmente los relacionados con las cubiertas, no pueden desarrollarse con público en el estadio. Será necesario coordinar las fases de obra con las temporadas deportivas y resolver con rapidez todos los procedimientos administrativos.
«Esta obra se tiene que gestionar al milímetro», subraya. La presidenta considera fundamental que el Cabildo disponga de un equipo técnico suficiente, bien coordinado y capaz de adoptar decisiones con agilidad ante cualquier incidencia.
La asociación, añade, prefiere colaborar en la reconducción del proyecto antes que participar en un intercambio de reproches. El objetivo prioritario es que la licitación vuelva a publicarse, reciba ofertas solventes y permita iniciar los trabajos cuanto antes.
El retorno de la inversión
Ante las críticas que puede generar una inversión pública de unos 250 millones de euros en un estadio, Gil reclama que las administraciones expliquen a la ciudadanía el retorno económico y social de la actuación.
La presidenta menciona el empleo directo, las cotizaciones, los impuestos, las infraestructuras complementarias y la actividad que se genera alrededor de una obra de esta magnitud. «Cada euro que se invierte en el sector de la construcción se devuelve en tres», asegura.
Según expone, la inversión inicial impulsa nuevas actuaciones y crea una cadena de actividad económica que alcanza a proveedores, transportistas, profesionales, industrias auxiliares y servicios. Ese retorno, sostiene, debe cuantificarse y comunicarse para que la población conozca qué parte del gasto regresa a las administraciones y puede destinarse a prestaciones sociales o servicios sociosanitarios.
Más concursos desiertos
Gil sitúa el problema del estadio dentro de una dificultad mucho más amplia. La representante empresarial sostiene que las administraciones continúan sacando a concurso proyectos redactados años antes cuyos presupuestos no se actualizan antes de la licitación.
«Las obras están saliendo a concurso por debajo de los precios del mercado», advierte. La asociación prepara un nuevo estudio sobre los concursos desiertos y, aunque todavía no dispone del dato cerrado del ejercicio, Gil adelanta que la tendencia empeora.
«Cada vez hay más obras que se quedan desiertas», afirma. Hasta fechas recientes, la patronal contabiliza cerca de 400 millones de euros acumulados en licitaciones sin ofertas durante los últimos años. Ahora pretende aislar los datos del ejercicio en curso para comprobar cómo se están comportando las distintas administraciones.
Gil califica de «escándalo» la cantidad de actuaciones que no encuentran empresas interesadas y atribuye buena parte del problema a la utilización de proyectos antiguos. Las administraciones, explica, conocen en ocasiones que los precios ya no responden a la realidad, pero publican igualmente los concursos sin revisar los costes.
El resultado es que las licitaciones quedan desiertas, deben repetirse o desembocan en procedimientos negociados. Además del retraso en las infraestructuras, esta práctica obliga a destinar nuevamente recursos públicos y personal técnico a tramitar unos expedientes que podrían haberse corregido antes de su publicación.
«Eso es una irresponsabilidad, pero brutal», sentencia. Gil también denuncia que algunos proyectos no presupuestan adecuadamente la prevención de riesgos laborales, la gestión de residuos o los costes salariales derivados de los convenios colectivos.
Revisar precios y mejorar los proyectos
La presidenta asegura que numerosos empresarios trasladan a la asociación su desesperación ante la imposibilidad de concurrir a obras cuyos precios no cubren los costes reales. Algunas compañías, explica, se plantean dejar de presentarse a licitaciones públicas porque asumirlas pondría en riesgo su estabilidad financiera.
«Tenemos que volver a la revisión de precios», reclama. Gil considera imprescindible establecer mecanismos que permitan actualizar los contratos cuando se producen incrementos extraordinarios de materiales, energía o transporte.
También exige mejorar la calidad de la documentación técnica. «Tenemos que volver a unos proyectos bien hechos, que muchas veces ese es el defecto, y bien calculados», afirma. En su opinión, la falta de estudios precisos y presupuestos realistas perjudica a las empresas, retrasa las infraestructuras y termina elevando el coste final para las administraciones.
Construcción industrializada
Gil anuncia además que la asociación impugna una norma nacional sobre construcción industrializada porque considera que su formulación deja a Canarias fuera del desarrollo de este sistema productivo.
La patronal entiende que la condición ultraperiférica y archipielágica exige adaptar los requisitos a la realidad de las islas. De lo contrario, advierte, será muy difícil crear fábricas, empresas especializadas y tejido industrial vinculado a la producción modular de viviendas y otros edificios.
Gil defiende que la construcción industrializada puede contribuir a diversificar la economía canaria, reducir plazos y aumentar la capacidad de producción de viviendas. La asociación pretende abordar públicamente esta cuestión a partir de septiembre y reclamar una regulación que permita desarrollar esta actividad dentro del archipiélago.