➤ «La iniciativa privada está preparada: si los ayuntamientos colaboran, podemos multiplicar la oferta» ➤ «Los nuevos procedimientos no eliminan competencias públicas, solo agilizan trámites» ➤ «La clave será la voluntad de los municipios: en los que lo apliquen, se verán resultados antes»
El reciente decreto ley aprobado por el Gobierno de Canarias para agilizar la concesión de licencias urbanísticas y facilitar la construcción de viviendas genera un «moderado optimismo» en el sector. Así lo expresa María Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, quien asegura que «es una herramienta necesaria, aunque no suficiente, para atacar el grave problema de acceso a la vivienda en el archipiélago».
El nuevo marco legal establece que las licencias deberán resolverse en un máximo de seis meses. Pero más allá del plazo, el decreto «resuelve cuestiones prácticas que estaban frenando muchos proyectos», explica Gil. Entre sus novedades, permite a los ayuntamientos firmar convenios con colegios profesionales para que estos emitan informes técnicos de conformidad urbanística. «Eso les quita carga de trabajo sin renunciar a sus competencias ni funciones públicas», aclara.
Gil destaca que el decreto no actúa en solitario, sino que se suma a otras normas como la Ley de Emergencia Habitacional o la próxima modificación de la Ley del Suelo. «Todo forma parte de un puzle que empieza a completarse. El sector promotor privado lleva tiempo listo para actuar; lo que faltaba era el marco jurídico y administrativo adecuado», afirma.
Municipios con voluntad, municipios con viviendas
La presidenta de los constructores recalca que la efectividad de este decreto dependerá de que los ayuntamientos lo apliquen voluntariamente. «En los municipios que lo adopten, la promoción de vivienda podrá acelerarse. En los que no, todo seguirá igual», advierte. Y recuerda que actualmente las licencias pueden tardar hasta dos años, a pesar de que la ley ya establecía un máximo de tres meses.
El decreto también introduce una figura clave: las viviendas incentivadas. Se trata de promociones privadas en suelos con ciertas condiciones, donde a cambio de beneficios urbanísticos, los promotores se comprometen a que el 60% de las viviendas sean de precio asequible y el 40% restante, de régimen protegido. «Es una fórmula innovadora que puede dar resultados si se gestiona bien y con transparencia», opina Gil.
El sector privado responde: 800 viviendas por 200 solicitadas
Para demostrar la capacidad de reacción de la iniciativa privada, Gil pone un ejemplo reciente: «La empresa pública Visocan sacó a concurso la compra de 200 viviendas, y se presentaron 800». Esa cifra incluye tanto promociones por construir como edificios inconclusos susceptibles de ser rehabilitados. «Eso demuestra que hay suelo, hay proyectos y hay ganas. Lo que faltaba era seguridad jurídica y agilidad», insiste.
Actualmente, Canarias arrastra un déficit estimado de 50.000 viviendas, y apenas se construyen 3.000 al año. Gil reconoce que el problema es estructural y no se resolverá de la noche a la mañana, pero asegura que «al menos ahora hay un camino claro por donde empezar a andar».
Precio regulado y prohibición de uso vacacional
Una de las garantías del nuevo decreto es que las viviendas construidas bajo este paraguas legal tendrán un precio tasado, tanto para la compra como para el alquiler. Además, queda expresamente prohibido destinar estas viviendas a uso vacacional. «Nadie podrá beneficiarse de lo público para lucrarse en el mercado turístico», recalca Gil. Aunque matiza: «No se trata de demonizar la vivienda vacacional, sino de impedir que se desvíen recursos públicos hacia actividades especulativas».
Reserva de inversiones para vivienda: otra herramienta en camino
La presidenta también adelanta una posible medida adicional que podría acelerar aún más la promoción de vivienda. «Hemos propuesto que la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) pueda utilizarse para construir vivienda protegida», anuncia. Una enmienda en este sentido, promovida por Coalición Canaria, se encuentra ya en tramitación a nivel nacional. «Si prospera, será otra vía de financiación muy potente», afirma.
En definitiva, el decreto aprobado por el Ejecutivo autonómico es, para Salud Gil, «un paso valiente que puede empezar a traducirse en resultados visibles en uno o dos años, si todos los actores —Gobierno, ayuntamientos y sector privado— reman en la misma dirección».