➤ «Lo responsable sería parar la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria» ➤ «No me parece razonable crear un impuesto especial a las pernoctaciones» ➤ «En vez de capacidad de carga deberíamos hablar de capacidad de acogida»
El profesor universitario de Hacienda Pública Rodolfo Espino reclama al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que acepte la sentencia contraria a la tasa de basura, suspenda su cobro y devuelva las cantidades abonadas. El economista también pide distinguir entre impuesto turístico, tasa turística y ecotasa, y advierte de los riesgos económicos y temporales de la reforma del Estadio de Gran Canaria.
La tasa de basura
Espino sostiene que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debe asumir la resolución judicial que cuestiona la tasa de recogida y tratamiento de residuos, renunciar a recurrirla y detener el cobro de las liquidaciones. A su juicio, la administración municipal tiene ahora la oportunidad de corregir el expediente y evitar que el conflicto se prolongue durante años con un coste todavía mayor para la ciudadanía.
El profesor explica que una tasa debe corresponderse con el coste concreto del servicio individualizado que recibe el contribuyente. Por esa razón, considera imprescindible que su importe esté calculado de manera rigurosa y mediante datos aplicables a la realidad del municipio. En este caso, señala que la sentencia aprecia deficiencias en el expediente y cuestiona que se hayan utilizado elementos propios de Canarias para determinar el coste del servicio.
Espino recuerda, además, que la recogida y el tratamiento de residuos estaban financiados hasta ahora mediante los ingresos generales del Ayuntamiento, entre ellos los procedentes del impuesto sobre bienes inmuebles. Por tanto, entiende que la implantación de una tasa específica debería haber estado acompañada de una reducción del IBI. Al no producirse esa disminución, interpreta que el nuevo recibo supone un incremento de los recursos municipales y de la presión fiscal soportada por los vecinos.
El experto plantea dos caminos. El primero consiste en que el Ayuntamiento se allane, anule las liquidaciones emitidas, devuelva el dinero a quienes ya hayan pagado y elabore un nuevo expediente. El segundo pasa por recurrir la sentencia y continuar cobrando mientras se resuelve definitivamente el procedimiento judicial. Aunque reconoce que esta última posibilidad es legal, advierte de que puede acabar generando devoluciones, intereses y gastos judiciales que recaerían nuevamente sobre las arcas públicas.
«La gente se puede calentar pero también hay gente que puede verlo como una inversión», afirma al plantear que un contribuyente podría pagar ahora y reclamar posteriormente la devolución con intereses. El problema, añade, es que «el que va a salir perdiendo realmente es la ciudadanía», porque el Ayuntamiento tendría que afrontar en el futuro el coste acumulado de las resoluciones desfavorables. Por ello concluye: «Lo correcto sería parar ahora».
Una obligación española, no europea
Espino rechaza el argumento de que la Unión Europea obligue directamente a los ayuntamientos a crear una tasa específica de basura. Según explica, la normativa europea establece objetivos y principios relacionados con la gestión de los residuos, pero la obligación concreta de implantar este tributo procede de la legislación española aprobada en 2022.
«Es un invento, es una obligación que establece España», afirma. El profesor considera que se utiliza de manera incorrecta la referencia a Bruselas para justificar una decisión adoptada en el ámbito estatal. También sostiene que la ley española resulta especialmente difícil de aplicar porque exige que la tasa cubra el coste del servicio sin provocar déficits ni generar una recaudación superior a ese coste.
Espino subraya que los problemas no afectan únicamente a Las Palmas de Gran Canaria y señala que otros ayuntamientos españoles, gobernados por partidos diferentes, también encuentran dificultades para calcular correctamente el tributo. «Esto no es un tema de partido», insiste. En su opinión, la raíz del conflicto está en una norma diseñada con criterios más ideológicos que prácticos y que obliga a las corporaciones locales a realizar cálculos complejos sobre recogida, transporte y tratamiento de residuos.
Impuesto turístico, tasa turística y ecotasa
El profesor dedica buena parte de su intervención a diferenciar tres figuras que, según denuncia, aparecen mezcladas en el debate político canario: el impuesto sobre las estancias turísticas, las ecotasas y la tasa turística propiamente dicha. A su juicio, utilizar indistintamente estas denominaciones impide que la ciudadanía conozca qué se pretende cobrar, quién debe pagarlo y qué recibe a cambio.
Espino explica que el gravamen aplicado por dormir en un hotel, apartamento, vivienda vacacional o camping es un impuesto, porque el contribuyente no recibe un servicio público individualizado a cambio del pago. La estancia ya está sometida al IGIC y considera que añadir una cantidad fija por noche supondría establecer un impuesto especial sobre la misma actividad.
El profesor recuerda que este tipo de gravamen sobre las estancias se aplica en comunidades como Cataluña o Baleares y destaca que no lo pagan solamente los visitantes extranjeros. También deben abonarlo los residentes cuando se alojan en un establecimiento turístico de su propia comunidad. Por esa razón, reclama claridad en el debate canario y advierte de que una medida semejante afectaría igualmente a los habitantes de las islas.
«No me parece razonable crear un impuesto especial», declara. Como alternativa para aumentar la aportación tributaria del alojamiento turístico, propone que, si el Gobierno de Canarias reduce el tipo general del IGIC del 7 % al 5 %, mantenga el 7 % para las estancias en establecimientos turísticos. De esta manera, sostiene, se elevaría comparativamente la contribución del sector sin crear una figura tributaria adicional.
Espino asegura que una exención para los residentes canarios en un impuesto sobre las pernoctaciones podría entrar en conflicto con la normativa europea. Por ello teme que primero se apruebe el tributo, se obligue a pagar también a los residentes y posteriormente se atribuya a la Unión Europea la imposibilidad de establecer excepciones. Reclama que esta consecuencia se explique antes de adoptar cualquier decisión.
Cobrar por utilizar un espacio natural
Las ecotasas, según Espino, responden a una lógica diferente. Se cobran por acceder a un espacio natural, cultural o turístico donde el usuario recibe servicios concretos de limpieza, conservación, vigilancia, transporte, seguridad o atención. En estos casos sí existe una relación entre el pago y una prestación determinada.
El profesor pone como ejemplo los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, que cobran una entrada para acceder a lugares como los Jameos del Agua o la Cueva de los Verdes. «Funciona como una moto», afirma. Según las cifras que expone, la red pública factura más de 30 millones de euros al año, mantiene alrededor de 700 puestos de trabajo y genera unos beneficios anuales de 6,5 millones, destinados posteriormente a proyectos sociales y de interés general.
Espino incluye en este modelo los cobros por visitar lugares como el Teide, el Barranco del Infierno o Teno. También considera que podría aplicarse en espacios sometidos a una intensa presión, como las dunas de Maspalomas, Cofete, el islote de Lobos o el Roque Nublo, siempre que la recaudación esté vinculada a su protección y a los servicios prestados a los visitantes.
«Esas son las ecotasas de verdad», sostiene. En este tipo de tarifas considera posible establecer precios distintos para extranjeros, residentes en Canarias y habitantes de la isla donde se encuentra el espacio. El elemento determinante no sería la condición de turista, sino el acceso voluntario a un recurso que requiere mantenimiento, vigilancia y conservación.
La tasa turística estricta, añade, sería aquella que se paga únicamente por entrar o salir de un país en condición de visitante. Espino menciona el caso de Cabo Verde, donde se abona al llegar, y el de Japón, donde el importe se incorpora al billete de salida. Estas tasas, a diferencia de los impuestos sobre las pernoctaciones, sí permiten excluir a los residentes.
Capacidad de acogida
Ante los datos sobre la presión turística que soporta Canarias, Espino pide precisar los términos utilizados. Rechaza la expresión «capacidad de carga» cuando se aplica a personas, porque considera que está concebida para hablar de mercancías u objetos. «Yo creo que en vez de capacidad de carga deberíamos hablar de capacidad de acogida», señala.
El profesor distingue varias dimensiones que confluyen sobre el territorio: la población residente, los turistas alojados en establecimientos legales, los visitantes que utilizan alojamientos irregulares y la inmigración, tanto regular como irregular. En su opinión, todas estas realidades se suman, pero requieren políticas y respuestas diferentes.
Espino considera que el debate sobre una eventual regulación de la residencia en Canarias mezcla con frecuencia fenómenos que no son equivalentes. Antes de reclamar cambios en el marco europeo, pide definir si el problema que se pretende abordar está relacionado con el crecimiento de la población residente, la expansión de las viviendas vacacionales, la llegada de turistas o los movimientos migratorios.
Espino mantiene que el mercado desempeña un papel central en la asignación de los recursos. No obstante, defiende también que corresponde al Estado crear las instituciones necesarias, proteger a los ciudadanos y desarrollar aquellas infraestructuras y actividades que el sector privado no presta.
El coste del Estadio de Gran Canaria
Espino expresa una especial preocupación por la reforma del Estadio de Gran Canaria para el Mundial de fútbol de 2030. El profesor convierte el proyecto en uno de sus particulares «culebrones» y advierte de que la combinación de costes crecientes, plazos reducidos e incertidumbre económica puede dejar una obra muy cara aunque finalmente la isla no acoja partidos del campeonato.
«Ya sabemos que el mínimo son 150 millones de euros, el mínimo», señala. Espino recuerda que el estadio actual parte en su momento de un presupuesto de alrededor de 18 millones y termina costando aproximadamente 84 millones, sin que, a su juicio, quedara completamente terminado. Utiliza este antecedente para advertir de que las previsiones iniciales no garantizan el coste final.
Según relata, el encargo de la nueva reforma parte de una orientación económica próxima a los 100 millones de euros, pero el proyecto seleccionado eleva la inversión hasta más de 170 millones. Espino estima que el coste efectivo puede superar los 220 millones y aumentar posteriormente mediante modificaciones, revisiones de precios y necesidades que no estén contempladas inicialmente.
El profesor recurre a la expresión «el virus Calatrava» para criticar la tendencia a valorar la espectacularidad y las dimensiones de los proyectos arquitectónicos por encima de su funcionalidad y de su viabilidad económica. A su juicio, una propuesta puede resultar atractiva desde el punto de vista estético y, sin embargo, presentar dificultades operativas que obliguen a modificarla durante la ejecución.
Espino también señala que ninguna empresa concurre inicialmente a la licitación porque existe un temor considerable a asumir pérdidas. La respuesta de la administración pasa entonces por elevar el presupuesto, pero el experto advierte de que nadie puede garantizar que los materiales, la energía y los costes de construcción no continúen aumentando durante los próximos años.
El otro gran interrogante es el plazo. La obra debe estar concluida en junio de 2029 para cumplir las condiciones establecidas por la FIFA. Espino duda de que una actuación de esta complejidad pueda terminarse en menos de tres años y recuerda los retrasos acumulados en otras infraestructuras públicas de Canarias mucho menos ambiciosas.
El riesgo, concluye, es que el estadio permanezca en obras cuando llegue el momento de decidir las sedes definitivas, que Gran Canaria pierda los partidos del Mundial y que, pese a ello, las administraciones tengan que terminar una reforma cuyo coste ya se haya disparado. Espino considera que el presidente del Cabildo afronta una decisión especialmente difícil y que puede dejar a su sucesor un problema económico y constructivo de gran magnitud.
La vigencia de Adam Smith
Espino reivindica finalmente la figura de Adam Smith cuando se cumplen 250 años de la publicación de La riqueza de las naciones. Frente a la identificación automática del liberalismo con la ausencia completa del Estado, recuerda que Smith atribuye a los poderes públicos obligaciones esenciales como la defensa del país, la protección de los ciudadanos, la administración de justicia y la construcción de infraestructuras que no desarrolla la iniciativa privada.
También destaca que el pensador escocés defiende una enseñanza básica para toda la población, una propuesta anterior al desarrollo contemporáneo del Estado del bienestar. «Vale la pena releerlo», afirma Espino, que anuncia su intención de preparar un artículo divulgativo sobre el quinto libro de La riqueza de las naciones y las funciones que Adam Smith reserva al Estado.