El presidente de Coag Canarias rechaza la denuncia de la Inspección de Trabajo sobre el trabajo irregular de menores inmigrantes.
El presidente de COAG Canarias, Rafael Hernández, asegura que todas las personas que trabajaron en su finca lo hicieron mediante un contrato de trabajo y cobrando lo que estipula el convenio: 1080 euros mensuales. Con este argumento, rechaza la denuncia de la Inspección de Trabajo de haber utilizado a menores inmigrantes, de un centro de acogida dirigido por su hija, para llevar a cabo trabajos mal remunerados.
Convertirse en «un gamberro»
Hernández señala que es “difícil de creer” que, cuando hay una trayectoria de tantos años, “ahora uno se haya hecho un gamberro, y mucho menos cuando se trata de menores inmigrantes”.
Señala que se están diciendo muchas cosas “que no son verdad”, pues la realidad es que se diseñó un programa para formar a los jóvenes inmigrantes para, posteriormente, insertarlos en el mercado laboral.
Apunta que todos los que, de hecho, trabajaron en su finca lo hicieron con un contrato de trabajo, cobrando los 1.080 euros que señala el convenio y dados de alta en la Seguridad Social. Además, asegura que todos ellos eran mayores de dieciocho años de edad.
Señala que la confusión viene de que el resto de los inmigrantes no iban a la finca a trabajar, sino a otras actividades, como la colaboración con el Banco de Alimentos.
Un trabajador despedido
Cree que detrás de esta denuncia se encuentra uno de sus antiguos trabajadores, que fue despedido. Cuando se le pregunta el motivo del despido, Hernández afirma preferir no responder a esa cuestión: «Lo que se pretende es muy fuerte y está hilvanado para destruir la reputación de una persona».
La batalla de los medios
Hernández considera que ya ha perdido la «batalla de los medios de comunicación» pues, cuando se demuestre que es inocente de estos cargos, «no se le va a dar la misma relevancia» que se está haciendo ahora a la denuncia.