Javier Valentín Peñate, de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, afirma que los propietarios afectados no están pasando sus viviendas al alquiler de larga duración, sino que optan por venderlas o dejarlas fuera del mercado.
La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional sostiene que la nueva regulación del sector no está resolviendo el problema de la vivienda en Canarias y que, por el contrario, está expulsando a pequeños propietarios de la actividad turística. Su vicepresidente y asesor jurídico, Javier Valentín Peñate, afirma que la ley aprobada en diciembre de 2025 «no ha contribuido absolutamente en nada a que haya más viviendas en el mercado de alquiler de larga duración» y advierte de que muchos propietarios están vendiendo sus apartamentos o dejándolos cerrados por la inseguridad jurídica.
Una ley que la asociación considera «un atropello»
Peñate rechaza cualquier amenaza o insulto a representantes públicos y afirma que «en un Estado de Derecho es inadmisible que nadie amenace a nadie», en referencia a las denuncias de la consejera de Turismo, Jéssica de León. Sin embargo, subraya que la asociación discrepa de la línea seguida por la Consejería y recuerda que, según sostiene, el Partido Popular no incluyó en su programa electoral una ley restrictiva sobre la vivienda vacacional.
El representante de Ascav afirma que ya se están produciendo procedimientos de inspección que dejan sin efecto declaraciones responsables de propietarios de viviendas vacacionales. A su juicio, esto confirma las advertencias realizadas por la asociación: quienes pierden la posibilidad de explotar una vivienda turística «o la han vendido, o se meten las llaves en el bolsillo», porque no están dispuestos a pasarla al alquiler residencial de larga duración debido a la «inseguridad jurídica tan grande que hay».
Peñate califica de «inaudito» que, pocos meses después de aprobarse la ley, el Parlamento de Canarias esté tramitando enmiendas para modificarla. Asegura que esas modificaciones buscan «remendar una chapuza» y, al mismo tiempo, «restringir todavía más, si cabe, el alquiler vacacional en Canarias». La asociación, dice, no da la batalla por perdida y mantiene reuniones con los grupos parlamentarios, además de preparar vías jurídicas para defender a los propietarios afectados.
El vicepresidente de Ascav sostiene que la norma puede convertirse en una «prohibición encubierta», al condicionar nuevas altas e incluso afectar a viviendas existentes en función del planeamiento autonómico o municipal. Recuerda que, de los 88 municipios canarios, solo tres han regulado expresamente en ese sentido, por lo que considera que la exigencia deja a gran parte del sector en una situación de bloqueo. «Nosotros no bajamos los brazos porque consideramos que esta ley que tenemos en Canarias es un atropello», afirma.
Riesgo para las islas verdes y pérdida de patrimonio canario
Peñate advierte de que el impacto de la ley puede ser especialmente grave en La Palma, La Gomera y El Hierro, islas con menor planta hotelera y mayor dependencia relativa de la vivienda vacacional para alojar visitantes. Afirma que los representantes de esas islas «ya le están viendo las orejas al lobo» y sostiene que la regulación puede ser «una catástrofe» para territorios donde esta modalidad tiene un peso importante en la economía turística.
El asesor jurídico de Ascav defiende que el problema de la vivienda en Canarias tiene «múltiples aristas» y que la solución pasa por incentivar la oferta, no por restringir una actividad que, según los datos que cita, representa menos del 4% del parque residencial. Frente a las 70.000 viviendas vacacionales mencionadas por el Gobierno canario, Peñate sostiene que los datos del INE sitúan la cifra en torno a 42.000 viviendas activas en el Archipiélago.
El representante de la asociación advierte de que, si la ley se desarrolla en los términos actuales, podrían quedar «probablemente menos del 10% de las que hay en la actualidad». A su juicio, esa reducción beneficiará al sector hotelero porque, cuando desaparece oferta alojativa alternativa, «se sube el precio de la noche de hotel» y se perjudica también a los turistas. Peñate añade que muchos pequeños propietarios están optando por vender sus apartamentos, en ocasiones a compradores extranjeros, lo que a su juicio supone una pérdida de patrimonio para las familias canarias.
Peñate critica también que no se haya resuelto el problema de la unidad de explotación, que obliga a muchos propietarios de apartamentos a integrarse en sistemas de gestión ajenos aunque quieran comercializar directamente su propiedad. Afirma que la promesa de modificar ese principio «se ha quedado en agua de borraja» y atribuye el bloqueo a presiones del sector hotelero y extrahotelero. En su opinión, el resultado es claro: se beneficia a los grandes operadores y se perjudica «al pequeño propietario sin lugar a dudas».