Llamada de Actualidad

La madre de Aythami, que permanece en prisión, continúa sin recibir comunicación alguna sobre una posible progresión al tercer grado, una situación que la madre califica de «incomprensible» y profundamente injusta.

La asociación Mi Barco, Mi Casa, que agrupa a quienes utilizan su barco como única vivienda, alerta de que alrededor de 200 personas podrían verse afectadas por los procedimientos impulsados por la Autoridad Portuaria.

La concejal de Turismo del Ayuntamiento, Yilenia Vega, señala que la feria sigue siendo un espacio útil para el trabajo directo con turoperadores, medios especializados y agentes del sector.

Para el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias, Carlos Medina, la posición de Antonio Morales no obedece a razones técnicas, sino a estrategias políticas que, «lejos de aportar soluciones, introduce más incertidumbre en un sistema que ya opera al límite».

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, señala que tras la prioridad de La Aldea, «ahora le toca al norte avanzar en seguridad y cohesión».

➤ «En dos años hemos pasado de 26 a 14 meses de espera y ya hay islas que cumplen los seis meses que marca la ley». ➤ «No hemos llegado tarde: hemos renegociado un convenio caducado desde 2018 y lo hemos actualizado a costes reales». ➤ «El Estado le debe a Canarias más de 350 millones solo en dependencia y otros 100 millones por los menores migrantes».

Para el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias, Carlos Medina, lo ocurrido recientemente en La Gomera no es un hecho excepcional, sino la consecuencia lógica de un modelo «precario».

El alcalde de Moya, Raúl Alfonso, señala que el acuerdo para redefinir el trazado de la GC-2 es «una de las mejores noticias» que ha recibido desde que accedió al cargo en 2011.

El director de la Asociación de Empresa Familiar de Canarias, Luis Delgado, explica que el barómetro nace de una preocupación compartida por distintos ámbitos empresariales ante la persistente «demonización» del empresario.

Su presidente, Miguel Ojeda, critica el trato institucional recibido y alerta de las consecuencias directas para la ciudadanía, especialmente en servicios esenciales como el acceso a hospitales.