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Juan Jiménez, consejero de Recursos Humanos, Educación, Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura, achaca la cancelación a los "rigores" de la nueva ley de contratos.
Miguel Montero, portavoz del grupo morado en la institución, señala que las denuncias de la intervención del Cabildo no son errores sino "una práctica reiterada" y "una forma de trabajar".
Emilio Moreno, viceconsejero de Justicia del Gobierno canario, señala que el debate está "abierto" y que la solución se basará en el "interés general".
Antonio Alarcó, senador del Partido Popular, afirma que, "sin duda", los presupuestos "serán mejorados".
Octavio Sánchez, portavoz de la plataforma, considera que se está usando la sanidad pública "como arma arrojadiza para ir en contra de los partidos políticos".
Carlos Álvarez, abogado de la acusación particular del caso Áridos, afirma que la idea de la alcaldesa solo es "una ilusión para la campaña electoral".
Mario Regidor, concejal delegado de Recursos Humanos en el consistorio capitalino, afirma que la deuda a los trabajadores asciende a unos treinta millones de euros.
Felipe Afonso, portavoz del PP en el Cabildo de Gran Canaria, afirma que su única experiencia era la "acumulación de delitos".
La alcaldesa Carmen Luisa Castro afirma que el suelo puede posibilitar el progreso del municipio.
Ángel Sabroso, portavoz del PP en el Ayuntamiento, denuncia que más de 50 millones no han llegado a las familias y las ONG.
