Llamada de Actualidad

Su presidente, Miguel Ojeda, critica el trato institucional recibido y alerta de las consecuencias directas para la ciudadanía, especialmente en servicios esenciales como el acceso a hospitales.

La presidenta del Cabildo majorero hace balance de 2025, reivindica la gestión económica y de infraestructuras de la corporación insular y fija una posición firme frente a proyectos energéticos y normativas estatales que, a su juicio, amenazan la sostenibilidad del territorio y la actividad pesquera.

La presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas alerta de que la falta de financiación estatal y el encarecimiento de los costes de construcción están agravando la situación.

➤ «Salgo del Consejo de Política Fiscal y Financiera con la misma información con la que entré» ➤ «Cuanto más ordinal sea el sistema, más perjudicial es para las islas» ➤ «Se reconoce que estamos infrafinanciados, pero se nos compensa con fondos finalistas que no podemos decidir»

Su portavoz, José Luis Feliú, subraya que se trata de una situación «dramática» que viene gestándose desde hace más de una década.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias advierte de que el acuerdo comercial supone una amenaza directa para el sector primario del Archipiélago

El presidente de Fedeport responde al artículo publicado por Antonio Morales en el que se sugiere que el impulso al puerto de Dajla forma parte de una estrategia para arrinconar a Canarias.

➤ «Me preocupa que representantes políticos se sitúen deliberadamente en el lado incorrecto de la historia» ➤ «Podemos morir de éxito si no intervenimos a tiempo en la gestión del destino turístico» ➤ «El debate de la ley de residencia responde a una sensación real de saturación, aunque su encaje legal resulta complejo»

El arqueólogo y presidente de la plataforma Salvar Chira-Soria advierte de que las presas de Chira y Soria no están reteniendo agua pese a las borrascas recientes y cuestiona un proyecto que, a su juicio, pone un recurso público esencial bajo control privado durante décadas.

Su portavoz, Rafael Ramos, reclama transparencia al Gobierno de Canarias por los retrasos acumulados y por la diferencia entre las partidas presupuestadas y la inversión ejecutada en una infraestructura que considera clave para el desarrollo del oeste de Gran Canaria.