➤ «Más del 80% del presupuesto autonómico depende de los fondos estatales y no podemos permitir desequilibrios» ➤ «La vivienda ya no es solo un problema de los más vulnerables, afecta a todas las generaciones» ➤ «En Las Palmas de Gran Canaria la vivienda vacacional ha expulsado a los residentes»
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, denuncia un trato «indiferente» por parte del Estado hacia las necesidades del Archipiélago, especialmente en materias clave como financiación, inmigración, energía y vivienda. «Tenemos problemas para sentirnos españoles», asegura en una extensa entrevista en El Espejo Canario, donde lamenta que el Gobierno central esté beneficiando a comunidades ricas como Cataluña en detrimento de otras como Canarias.
Rodríguez considera que el acuerdo bilateral alcanzado por el Gobierno de España con la Generalitat de Cataluña «rompe los equilibrios» y perjudica gravemente a las Islas: «No somos una comunidad rica y más del 50% de nuestro presupuesto proviene de la financiación estatal. Si esos fondos se desequilibran, se resienten los servicios básicos: sanidad, educación, políticas sociales».
Una crisis estructural sin respuesta desde Madrid
A juicio del consejero, la suma de desatenciones es ya insostenible. En materia energética, critica la prohibición estatal de renovar los equipos obsoletos, lo que, afirma, provocará apagones durante más de una década. En inmigración, recuerda que el Estado incumple incluso resoluciones del Tribunal Supremo en cuanto a la atención y tutela de los menores migrantes: «La crisis migratoria no es solo de Canarias, es de Europa, pero somos nosotros los que estamos resolviéndola solos».
También denuncia la falta de control sobre el convenio de costas, las dificultades para ejercer competencias plenas en vivienda, y una política presupuestaria que, a su juicio, ignora la responsabilidad fiscal ejemplar de Canarias: «Somos la comunidad menos endeudada del régimen común, pero no se nos premia por ello».
Vivienda: un problema que ya es de todos
Uno de los grandes frentes que gestiona Rodríguez es el acceso a la vivienda, un problema que califica como «el mayor desafío que tiene hoy el Archipiélago». Asegura que ya no afecta únicamente a jóvenes o personas en situación vulnerable, sino al conjunto de la sociedad: «Incluso quienes tienen casa están preocupados por sus hijos o nietos».
Rodríguez defiende un enfoque integral que combine vivienda pública, protegida y libre, así como la movilización de viviendas vacías. En este sentido, anuncia que el Ejecutivo autonómico ha comenzado la construcción de 1.000 viviendas públicas este año, a las que se sumarán otras 2.000 viviendas protegidas promovidas por iniciativa privada: «La clave no está solo en limitar precios: la solución pasa por aumentar la oferta de vivienda de todo tipo»
El reto del alquiler vacacional
Sobre el auge del alquiler vacacional, el consejero señala directamente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y al anterior Gobierno autonómico como responsables de haberlo promovido: «Presumían de haber zonificado para fomentar el vacacional en zonas como Guanarteme o Las Canteras. Hoy esas mismas zonas están masificadas y han expulsado a los residentes».
Rechaza que el decreto estatal de 2015 impida actuar: «Si el Ayuntamiento considera que hay un problema, puede modificar el planeamiento. El vacacional es una actividad económica y se puede regular». Asimismo, se compromete a entregar antes de fin de julio el informe técnico que determinará si la ciudad cumple los requisitos para ser declarada zona tensionada, aunque muestra escepticismo sobre la eficacia de limitar precios: «La experiencia en Cataluña demuestra que ha bajado la oferta y han subido los precios».
Incentivos fiscales, seguridad jurídica y medidas de choque
Rodríguez defiende el uso de la RIC (Reserva para Inversiones en Canarias) como instrumento para fomentar el alquiler. Explica que ya se puede aplicar a vivienda protegida, y que ahora se prepara una reforma para que también pueda destinarse a vivienda libre en régimen de alquiler ordinario, excluyendo el vacacional y el alquiler de temporada. Además, anuncia que el Gobierno trabaja con Visocan en fórmulas para garantizar a los propietarios el cobro del alquiler, aunque admite que los recursos públicos son limitados: «Tenemos que recuperar las 40.000 viviendas retiradas del mercado por inseguridad jurídica»
El consejero insiste en que buena parte del problema se resolvería si se garantizara a los propietarios mayor seguridad jurídica, empezando por revisar la Ley de Arrendamientos Urbanos y el decreto de medidas urgentes del COVID, aún en vigor.
Representación nacionalista y futuro político
En el plano político, Rodríguez prevé un repunte del voto nacionalista en las próximas elecciones generales, ante el sentimiento de abandono del Estado. «Cada vez más gente se plantea votar a un partido canario porque ve que si no tenemos peso propio, no pintamos nada en Madrid», asegura.
En su opinión, la clave de los grandes logros para Canarias —como el REF, el FEDECAN o los convenios de carreteras— ha estado siempre en la capacidad de influencia de los diputados nacionalistas: «Es una evidencia tan grande que creo que vamos a tener un resultado histórico en las próximas elecciones».
Casos concretos: Jinámar y la vivienda social
Consultado por la situación de insalubridad en los bloques 34 y 36 de la calle Fernando Sagaseta, en Jinámar, Rodríguez aclara que ya no son viviendas públicas, sino de propiedad privada: «Es una comunidad de vecinos. Hay subvenciones para rehabilitación y me pongo a disposición para asesorarles».
Además, confirma que el sistema de adjudicación de viviendas públicas ha dejado de ser por sorteo y ahora se rige por criterios socioeconómicos y de cargas familiares: «Así garantizamos que las ayudas lleguen a quienes más lo necesitan».
Pablo Rodríguez concluye con una reflexión amplia sobre los desafíos estructurales del Archipiélago: «Vivimos en un territorio limitado, fragmentado, con una población que crece en más de 20.000 personas al año. Si no actuamos de forma decidida en vivienda, movilidad, energía y fiscalidad, las consecuencias serán graves».