➤ «Por primera vez vamos a ordenar la situación laboral de más de 7.000 trabajadores que sostienen la administración canaria» ➤ «La futura Ley de Transparencia y Participación Ciudadana dará más poder real a los ciudadanos» ➤ «La nueva Ley de Eficiencia en la Justicia viene sin financiación: nos exigen lo imposible»
La administración pública de Canarias avanza hacia un cambio de modelo con varios ejes estratégicos en marcha, desde la mejora del empleo público hasta el despliegue efectivo de la Policía Canaria. Así lo asegura la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno autonómico, Nieves Lady Barreto, que advierte que «Canarias no puede seguir esperando a que el Estado cumpla. Estamos sacando adelante transformaciones esenciales con recursos propios, pero eso no es sostenible. La descentralización no puede ser sinónimo de abandono».
Plan de Ordenación del Personal Laboral
Lady Barreto presenta como uno de los grandes hitos de esta legislatura el esperado Plan de Ordenación del Personal Laboral, que da respuesta a una demanda histórica de un colectivo que representa el 64% de los empleados de la Administración General.
«Estamos hablando de más de 7.000 personas, muchas con más de 20 años de antigüedad, que hasta ahora no han podido progresar profesionalmente ni acceder a puestos de responsabilidad», explica Barreto. Con este plan, se les permitirá acceder a la promoción interna, regularizar su situación profesional y optar, en igualdad de condiciones, a puestos de jefatura. «No se trata de gastar más, sino de hacer justicia y de acabar con desigualdades internas que nunca debieron consolidarse», afirma.
Una nueva ley para abrir la puerta a la ciudadanía
En paralelo, la Consejería trabaja en una Ley Canaria de Transparencia y Participación Ciudadana, que sustituirá a la norma actual. «No queremos una ley cosmética, sino una que realmente abra el Gobierno a los ciudadanos», subraya Barreto. Entre los objetivos: crear plataformas más accesibles, promover el gobierno abierto y facilitar que la sociedad civil pueda participar activamente en la elaboración de políticas públicas.
La nueva ley buscará también reducir los obstáculos burocráticos que hoy impiden a la ciudadanía acceder de forma ágil a la información. «La transparencia no puede ser solo publicar documentos: tiene que ser comprensible, útil y cercana», afirma la consejera.
Justicia sin fondos: una ley nacional que recae sobre las autonomías
Uno de los asuntos que más preocupa al Ejecutivo canario es la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, impulsada desde el Estado sin ficha financiera. Barreto califica la situación de «grave» y «contradictoria». «Nos exigen una transformación total de los órganos judiciales, fusionar juzgados, crear oficinas judiciales, asumir la mediación obligatoria… pero no envían ni un euro para hacerlo», denuncia.
Solo la implementación de esta ley en Canarias requiere una inversión inicial de más de 12 millones de euros, sin contar los costes estructurales a largo plazo. «Estamos hablando de cambiar todo el sistema judicial. Hay que reformar instalaciones, contratar personal, pagar nuevas estructuras. Y todo eso lo tenemos que afrontar solos», advierte. La consejera confirma que ya ha planteado la situación al Ministerio, sin respuesta concreta. «A Madrid le gusta legislar, pero no pagar. Y eso nos deja a las comunidades autónomas en una situación muy complicada», afirma.
Policía Canaria: más efectivos, sin apoyo del Estado
La Consejería también acelera el despliegue de la Policía Canaria, con el objetivo de cerrar la legislatura con 600 efectivos, sumando agentes en formación y mandos. En estos momentos, la plantilla se sitúa en torno a los 282 policías en activo, con 141 plazas ya en oposición y una nueva OPE prevista antes de fin de año con al menos 150 más. A ellos se suman casi 60 mandos entre inspectores, comisarios y subcomisarios.
Pero de nuevo, el problema es económico. Según el compromiso firmado hace años, el Estado debía financiar la policía autonómica una vez se superasen los 300 efectivos. «Estamos a punto de alcanzar esa cifra, pero no hay ni una señal de que el Gobierno central vaya a cumplir», lamenta Barreto. «En la última reunión con el ministro, me dijo directamente que no era su competencia. Nos mandó hablar con Hacienda. ¿Qué más pruebas necesitamos para ver que no hay voluntad?», critica.
La consejera recuerda que en otras comunidades autónomas con policía propia, como Cataluña o el País Vasco, la financiación estatal está garantizada. «No pedimos privilegios, pedimos lo mismo que se concede a otros», afirma.
Institutos de Medicina Legal: entre la excelencia y la precariedad
Barreto también aborda la situación de los Institutos de Medicina Legal (IML) de Tenerife y Gran Canaria. Ambos son referentes en su campo, especialmente en ámbitos sensibles como la violencia infantil o la datación de edad en menores migrantes. «Hacen un trabajo extraordinario, con proyectos punteros en colaboración con la Fiscalía y los juzgados», destaca.
Sin embargo, las instalaciones, especialmente en Tenerife, están obsoletas. «El edificio actual no permite desarrollar todo el potencial científico del IML. Estamos buscando un suelo adecuado para encargar la redacción del proyecto de un nuevo centro. Queremos iniciar el trámite este mismo año», adelanta la consejera. El objetivo es dotar a Tenerife de un instituto moderno, con espacio para investigación, formación y prácticas forenses de última generación.