El portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria alerta de que la anulación del Plan Insular genera incertidumbre económica, puede paralizar inversiones y obliga a reformular la planificación territorial de la isla.
El portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria, Miguel Jorge Blanco, califica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula el Plan Insular de Ordenación como «un varapalo político al gobierno del señor Morales», al tratarse, dice, del documento más importante de todo su mandato.
El dirigente popular advierte además de que no se trata de un hecho aislado, ya que apunta a la posibilidad de que lleguen nuevas resoluciones en el mismo sentido, lo que agravaría aún más la situación.
Impacto en inversiones y desarrollo
Jorge Blanco sostiene que la sentencia introduce un escenario de incertidumbre que puede afectar directamente al desarrollo económico de la isla. Explica que proyectos turísticos previstos en el norte o en La Aldea de San Nicolás, así como iniciativas vinculadas a energías renovables, podrían quedar fuera de ordenación si el fallo se confirma.
«Hay muchas inversiones en Gran Canaria que podrán quedar paralizadas», afirma, al tiempo que advierte de que futuros inversores podrían optar por otros destinos ante la inseguridad jurídica.
Un error de adaptación normativa
Uno de los aspectos centrales de la sentencia, según el portavoz popular, es la incorrecta adaptación del plan a una normativa ya derogada en lugar de a la ley del suelo vigente desde 2017. «Es difícil de entender», señala, cuestionando cómo pudo producirse este error tras varios años de tramitación.
A su juicio, esta situación responde a decisiones políticas que habrían condicionado el trabajo técnico, lo que, en su interpretación, pudo situar criterios ideológicos por encima del rigor jurídico.
Críticas a la reacción del Cabildo
Jorge Blanco reprocha al gobierno insular su respuesta tras conocerse la sentencia. Defiende que se puede discrepar del fallo, pero insiste en que «las sentencias hay que acatarlas y respetarlas», criticando las declaraciones que cuestionan la labor judicial.
En esta línea, reclama una actitud más constructiva y asegura que, de estar al frente del Cabildo, ya estaría trabajando en la reformulación del plan en lugar de centrar el discurso en la crítica a los tribunales.
Consecuencias territoriales y modelo de isla
El portavoz del PP subraya la importancia estratégica del Plan Insular, al que define como una herramienta clave para ordenar el territorio y orientar el desarrollo económico, social y ambiental de Gran Canaria.
Asimismo, contrapone el modelo actual con el que, a su juicio, impulsaba la ley del suelo de 2017, que buscaba facilitar el uso ordenado del territorio y otorgar mayor autonomía a los municipios.
Un escenario abierto
Aunque el plan sigue vigente mientras la sentencia no sea firme, Jorge Blanco insiste en que la situación obliga a actuar con rapidez para evitar mayores perjuicios. Considera imprescindible revisar el documento, garantizar su encaje legal y recuperar la confianza de inversores y agentes económicos.
En su análisis, la anulación del Plan Insular no solo supone un revés jurídico, sino un golpe a la planificación futura de la isla que requerirá una respuesta inmediata y coordinada por parte de las administraciones.