El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria considera que la gratuidad debe ser progresiva para mantener la sostenibilidad del sistema.
El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez del Pino, entiende que si se produjera una demanda desproporcionada debido a la gratuidad del transporte, el servicio podría verse comprometido. Por ese motivo, aboga por pactar bien los términos de la medida y buscar formas paulatinas de implementar una verdadera gratuidad.
“A ojo de buen cubero”
Considera que para implementar la medida acordada entre Coalición Canaria y el Gobierno central, el Cabildo de Gran Canaria necesitará unos sesenta millones de euros, cantidad muy por encima de los treinta millones que se prevén recibir. Señala que una medida de estas características “no se puede calcular a ojo de buen cubero” y hay que prever el impacto sobre el servicio y su sostenibilidad.
Señala que su estimación es que, con la gratuidad, la demanda puede crecer en torno a un cinco o diez por ciento, que se sumará a los veinte por ciento de incremento anual de los últimos años. Llama a tener en cuenta que Global ya supera su mayor serie histórica, del año 2019.
Adquisición de nuevos vehículos
Desde el año 2018, recuerda Pérez del Pino, se han invertido treinta millones en adquisición de vehículos para la ampliación y renovación de la flota, En este año 2022 han llegado 56 vehículos nuevos, y para 2023 se han previsto 80 guaguas, “que están pensadas para hacer frente a la demanda que prevemos. Si la demanda es descontrolada, tendremos problemas para prestar el servicio”.
Coincide con el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, en que lo que se ha pactado en Madrid es una bonificación a la fidelización, como se hizo con Renfe. Es decir, para el usuario habitual del transporte. Considera que hubiese sido preferible evolucionar hacia otro modelo de gratuidad, comenzando por las líneas de transporte a la universidad, “algo que ayudaría mucho a las familias, y que nos permitiría controlar la demanda”.