El secretario del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), defiende la reciente reforma legislativa que afecta al funcionamiento de estos órganos.
Miguel Ángel Acosta, secretario del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), defiende la reciente reforma legislativa que afecta al funcionamiento de estos órganos, y niega que suponga una merma en la autonomía universitaria. Muy al contrario, afirma que la ley refuerza la capacidad de decisión del Consejo de Gobierno y mejora la supervisión institucional.
Sin vetos, pero con control
La reforma de la Ley de Consejos Sociales, recientemente aprobada por el Parlamento de Canarias, ha suscitado un intenso debate en el seno de las universidades públicas. Miguel Ángel Acosta, figura clave en el proceso como secretario del Consejo Social de la ULPGC y también como secretario general de los Consejos Sociales de toda España, ofrece una lectura contraria a la preocupación expresada por algunos rectores.
«La universidad gana autonomía», asegura. A su juicio, la ley da un paso adelante en la clarificación de competencias y en la transparencia del proceso decisorio: «El Consejo de Gobierno será ahora el que tenga la última palabra, pero con el informe previo del Consejo Social. Antes, el Consejo Social podía vetar una decisión ya tomada; ahora, emite informe antes de que se decida».
La medida afecta, entre otros ámbitos, a la creación de centros y a la implantación de titulaciones. Según Acosta, la existencia de informes previos vinculantes no es una novedad, pero ahora se elimina la posibilidad de bloquear decisiones adoptadas: «Eso ya no va a ocurrir. Se refuerza la planificación, sin menoscabar la autoridad del gobierno universitario».
Un modelo singular en España
Acosta destaca el carácter excepcional del Consejo Social de la ULPGC: «Es un órgano muy característico, mantiene una relación fluida e intensa con la comunidad universitaria. Eso genera cercanía y credibilidad». Esta singularidad se refleja también en la actividad de control y supervisión, que va más allá de lo habitual en otras universidades.
Entre las competencias ejercidas por el Consejo se encuentra la auditoría interna, una función que, según Acosta, se ejerce activamente desde 2009. «Este Consejo impulsa el comité antifraude, con un buzón específico. Ha sido una iniciativa pionera, y se atribuye al rector que quiso que estuviera bajo nuestro paraguas».
Universidades privadas: un problema nacional
Sobre la preocupación manifestada por los rectores ante la expansión de universidades privadas —en particular las que no cumplen con estándares de calidad—, Acosta se muestra tajante: «Estoy totalmente de acuerdo. La solución pasa por actualizar la normativa estatal. Hace falta un marco legal eficaz y claro».
Advierte de que el fenómeno no es exclusivo de Canarias: «Está proliferando en toda España, lo vemos también en Andalucía. Hay que establecer condiciones claras para su creación y reconocimiento». Y añade que las agencias autonómicas de calidad deben ser realmente autónomas y con capacidad vinculante para emitir informes: «Si una universidad no cumple, debe poder retirarse la autorización».
Acosta respalda también el planteamiento de que no toda entidad que imparte docencia debe considerarse universidad: «Debe cumplir tres funciones: docencia, investigación y transferencia. Si no lo hace, no debería llamarse universidad. En Francia, por ejemplo, hay una distinción clara».
Presupuesto y eficacia
El secretario también responde a las críticas sobre el presupuesto del Consejo Social, cercano a los 700.000 euros anuales: «Se ha deslizado que somos caros, pero hay que preguntarse qué necesita un órgano que representa a la sociedad, colabora con los vicerrectorados, supervisa la actividad universitaria y gestiona funciones antifraude en una institución de casi 200 millones de euros».
Aclara además que cerca de la mitad del presupuesto se destina a personal, y no solo del propio Consejo: «La estructura más amplia está en el Servicio de Control Interno. En la ULPGC hay cuatro personas asignadas a esta función». Y remata: «Si el Parlamento ha decidido que tengamos estas competencias, debe financiarlo. De lo contrario, sería un órgano ineficaz».
Sin conflicto con el rectorado
Pese al debate público, Acosta rechaza que exista enfrentamiento entre el Consejo Social y el equipo rectoral: «Hay una muy buena relación. El rector nos ha enviado sus declaraciones, y yo mismo le felicité por la entrevista. Nos tenemos admiración profesional y cariño personal».
Sostiene que la colaboración se mantiene en pie: «El Consejo Social participa activamente en la vida universitaria. Es un órgano de gobierno respetado, y su papel está reconocido por todos sus miembros y por el equipo de Presidencia».
En definitiva, Miguel Ángel Acosta considera que la reforma no solo no debilita la universidad pública, sino que la refuerza.