➤ «Hay 30.060 personas esperando atención y más de 2.000 han muerto este año sin recibir prestación» ➤ «Es gravísimo que el Gobierno falsee datos para inflar la financiación del Imserso» ➤ «Se ha retrocedido a niveles de hace años: solo se atienden 180 personas al mes frente a las mil del anterior Gobierno»
Canarias registra el peor dato de atención a la dependencia de su historia reciente: más de 30.000 personas están en lista de espera para recibir su derecho reconocido por ley, y según el Ministerio de Derechos Sociales, 2.168 personas han fallecido solo en el primer trimestre del año sin llegar a ser atendidas. Para Marta Arocha, senadora del PSOE por Tenerife y exdirectora general del área, el diagnóstico es evidente: «El actual Gobierno de Canarias ha falseado los datos y manipulado las estadísticas con 9.000 prestaciones que no se ejecutan ni se pagan. Es una tomadura de pelo a los dependientes y un fraude al Estado».
Arocha afirma que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ya ha confirmado oficialmente la existencia de este error, tras una revisión de los datos enviados desde Canarias. «Han registrado como atendidas a miles de personas que solo tienen reconocida su situación, pero que no reciben ningún servicio ni prestación económica. Es un engaño deliberado», sostiene. Y añade: «Están maquillando la realidad para inflar los indicadores y justificar una financiación estatal que no se corresponde con la atención real».
El mecanismo del fraude: inflar las prestaciones sin ejecutarlas
La senadora explica que el Gobierno canario ha contado como efectivas 9.000 prestaciones vinculadas a solo 4.000 personas que tienen un Programa Individual de Atención (PIA) aprobado, pero que no han recibido aún ningún recurso. «La ley permite que una misma persona tenga derecho, por ejemplo, a teleasistencia y centro de día. Pero eso no significa que esté disfrutando de ambas. Para que cuente, tiene que estar ejecutado, y eso no ocurre», denuncia.
El problema no es menor: la financiación del Estado se basa en el número de personas atendidas y en la reducción de la lista de espera. «Cuantos más atendidos declares, más dinero recibes. Por eso es gravísimo: estamos hablando de fondos públicos mal justificados y de un engaño a la ciudadanía», afirma Arocha.
Caída «en picado» del ritmo de atención
Según Arocha, durante la legislatura anterior se logró un ritmo de atención de 1.000 personas al mes, lo que permite proyectar el fin de la lista de espera en un plazo de año y medio. El propio Observatorio Estatal de Servicios Sociales avala este progreso. Sin embargo, con el cambio de Gobierno, el ritmo cae a solo 180 personas al mes, y la lista se dispara hasta cifras récord.
«Estamos peor que nunca. Lo que hemos conseguido con mucho esfuerzo, lo han destruido en menos de un año. Y no lo digo yo: lo dice el Ministerio, lo dice el Imserso y lo dicen los datos oficiales», remarca.
Personas «renunciadas» por silencio administrativo
Otro aspecto que Arocha califica como escandaloso es la existencia de 1.000 personas que han sido dadas de baja por presunto desistimiento. «Es un truco administrativo: si falta documentación, en vez de contactar con la persona y ayudarla a completar el expediente, simplemente se la elimina del sistema. Muchos ni siquiera se enteran de que han perdido su derecho», denuncia.
Según sus palabras, esta práctica no tiene precedentes en otras comunidades autónomas. «Lo que están haciendo es vaciar la lista de espera a base de tachar a personas sin atención ni explicación», alerta.
«El sistema está roto»
Arocha asegura que la Consejería de Bienestar Social del actual Gobierno ha llevado al sistema a una situación límite: «Estamos en mayo y aún no se han firmado los convenios con los cabildos para sostener los centros de día y residencias. Es la primera vez que ocurre en Canarias». Además, denuncia que el personal técnico que permanece en la Dirección General sufre acoso y presiones constantes. «Han cambiado los procedimientos sin escuchar a nadie. Han aprobado un decreto que vulnera los derechos de los dependientes y de los trabajadores», asegura.
La senadora critica especialmente la sustitución del informe social por un informe de entorno, lo que permite que cualquier persona no cualificada lo emita. «Han desprofesionalizado el sistema, reduciendo garantías y calidad», lamenta.
«Morir en la lista de espera»
Arocha pone el acento en una de las consecuencias más dolorosas: el fallecimiento sin atención de miles de personas. «En marzo murieron 748 personas sin recibir su prestación. En el primer trimestre, 2.168. A este ritmo, en 2024 podrían ser más de 8.000. Es una tragedia silenciosa que no podemos normalizar», afirma. Y añade: «Así se resuelve el problema: dejando que se mueran sin atender. Es inhumano».
Un recurso económico y humano ignorado
Más allá del drama humano, Arocha recuerda que cada millón de euros invertido en dependencia genera 30 empleos directos, muchos de ellos femeninos y en el ámbito rural. «Estamos perdiendo una oportunidad histórica de generar empleo estable, de cohesionar el territorio y de atender a quienes más lo necesitan», concluye.