➤ «Estamos tirando en Canarias el 17% de la energía de renovables que generamos» ➤ «El barco en Gran Canaria se va a usar de manera puntual y temporal» ➤ «Hay en riesgo 70 megavatios y estamos hablando de en torno a 100 millones de euros»
El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, considera que el nuevo concurso estatal de generación supone un avance decisivo para comenzar a corregir la fragilidad del sistema eléctrico del archipiélago, aunque advierte de que las nuevas centrales tardarán al menos una década en entrar en funcionamiento. El consejero reclama, por tanto, soluciones provisionales que garanticen el suministro durante los próximos años y reconoce que no puede descartarse por completo que se produzcan nuevos apagones.
Zapata señala que el procedimiento competitivo acordado con el Ministerio para la Transición Ecológica permitirá asignar retribuciones a nuevas instalaciones de generación, con más de 700 megavatios destinados a Canarias. Más de 500 megavatios corresponden únicamente a Gran Canaria, lo que, según afirma, evidencia el déficit acumulado por el sistema eléctrico de la isla.
«Si saca el Ministerio un concurso de 800 megavatios para todo el territorio nacional y 700 son para Canarias, imagínate tú la situación en la que estamos», afirma el consejero, que recuerda que el archipiélago comienza la legislatura con un cero energético en La Gomera y con la declaración de emergencia energética aprobada el 3 de octubre de 2023.
Una situación energética crítica
Zapata sostiene que, al asumir la consejería, el Gobierno se encuentra con numerosos problemas que no se habían trasladado públicamente y con unas centrales térmicas que arrastran décadas de falta de inversión. «La dependencia del petróleo es máxima, es un 100%, y esa dependencia, por si fuera poco, ahora mismo no está suficientemente resuelta», afirma.
El consejero recuerda que Canarias llevaba trece años sin convocar un procedimiento de estas características. Durante ese periodo, señala, se paraliza la renovación de los equipos de generación y algunas centrales continúan funcionando con motores que superan los 50 años de antigüedad.
El nuevo concurso es el segundo impulsado durante la actual legislatura. Zapata explica que incorpora más criterios técnicos que el anterior, reduce el peso de la oferta puramente económica y permite presentar proyectos que incluyan sistemas de almacenamiento mediante baterías.
«Hemos aprendido del primero, que no fue todo lo satisfactorio que esperábamos, que ha resuelto algunas cosas, pero no fue todo lo satisfactorio que esperábamos», reconoce. El Ministerio, añade, incorpora ahora varias de las sugerencias planteadas por el Ejecutivo canario.
La previsión del consejero es que el concurso pueda quedar adjudicado a finales de 2026 o comienzos de 2027. A partir de ese momento, sin embargo, todavía será necesario tramitar las autorizaciones, construir las instalaciones y conectarlas a cada uno de los sistemas eléctricos insulares.
«No va a ser realidad antes de 10 años», advierte Zapata sobre las nuevas centrales. El consejero asume que Canarias afronta un periodo prolongado de vulnerabilidad energética y admite que durante los próximos años puede producirse un apagón parcial o incluso un cero energético en alguna isla.
Soluciones provisionales durante una década
Ante ese horizonte, la Consejería mantiene las instalaciones temporales de emergencia que se están implantando en Tenerife y Gran Canaria. Zapata insiste en que esas plantas no pretenden sustituir la planificación definitiva, sino cubrir los déficits existentes mientras se tramitan y construyen las nuevas centrales.
En Gran Canaria, el consejero recuerda que desde el año 2021 está reconocido un déficit de generación de unos 130 megavatios. La situación se agrava progresivamente a medida que se retiran máquinas antiguas o se producen averías en los grupos que continúan operativos.
Zapata pone como ejemplo el deslastre que afecta recientemente a casi 29.000 contratos eléctricos después de que coincidieran el mantenimiento de un motor y la avería de otro grupo en la central de Jinámar o en la de Barranco de Tirajana. «La situación es crítica y tenemos que poner soluciones lo más rápido posible», afirma.
Entre esas soluciones se encuentra el barco generador previsto para Gran Canaria. El consejero sostiene que la comunidad portuaria acepta su llegada «con responsabilidad» y que se ha buscado una ubicación que no interfiera en los atraques ni en la actividad económica ordinaria del Puerto de La Luz.
Zapata asegura que se exige que el buque tenga bandera española, lo que obliga a cumplir la normativa y las garantías establecidas por la Unión Europea. También recalca que no funcionará de manera permanente ni sustituirá a las centrales existentes.
«Cuando todos los grupos de Gran Canaria se pongan en marcha y fallen y haga falta más energía, en ese único momento funcionará este barco», explica. «Cuando esté resuelto el concurso y estén construidas esas plantas de generación, ese barco zarpará y se irá de aquí», añade.
El consejero considera que la convocatoria de dos concursos en menos de un año demuestra que el procedimiento administrativo vuelve a ponerse en marcha. A su juicio, la existencia de una planificación definitiva refuerza el carácter transitorio de las instalaciones de emergencia.
Baterías para aprovechar la energía que se desecha
El almacenamiento constituye otro de los elementos fundamentales de la estrategia energética. Zapata informa de que la Consejería autoriza más de 70 proyectos para hibridar parques renovables con baterías y anuncia que existen otras iniciativas pendientes de autorización.
El nuevo concurso estatal también admite proyectos formados exclusivamente por baterías o por sistemas de generación acompañados de almacenamiento. El consejero afirma que el Gobierno de Canarias reclama además una regulación clara sobre la retribución que recibirán los propietarios cuando entreguen a la red la electricidad acumulada.
La falta de almacenamiento provoca actualmente que una parte importante de la electricidad generada por parques eólicos y fotovoltaicos no pueda aprovecharse. «Estamos tirando en Canarias el 17% de la energía de renovables que generamos», afirma Zapata.
Ese excedente, denominado vertido de renovables, se produce cuando la generación supera la capacidad de absorción de los sistemas insulares. El objetivo es almacenar esa electricidad y devolverla a la red durante las horas en las que no existe suficiente viento o radiación solar.
Zapata reconoce que la rentabilidad de los parques renovables es actualmente ajustada. A su juicio, las baterías pueden aumentar el atractivo de las inversiones al permitir que los promotores comercialicen una energía que ahora se pierde.
Gas para reducir emisiones y costes
El consejero defiende también la utilización del gas como combustible de transición mientras aumenta la penetración de las energías renovables. Explica que algunas de las nuevas centrales adjudicadas en Tenerife incorporan esta posibilidad y considera que la actividad marítima obligará a los puertos canarios a adaptarse al uso de combustibles menos contaminantes.
Zapata cita la llegada de navieras que utilizan gas en sus buques y que trasladan el combustible desde la Península u otros territorios para abastecer sus embarcaciones. En su opinión, los puertos que no den ese paso pueden perder competitividad.
«El gas contamina prácticamente un 30% menos que lo que estamos quemando hoy en nuestras centrales térmicas», asegura. También sostiene que resulta más barato que el fueloil y que esa diferencia puede contribuir a reducir el coste de la generación eléctrica.
Una central hidroeléctrica para Tenerife y La Gomera
Entre los proyectos estratégicos, Zapata destaca la futura central hidroeléctrica de bombeo de Güímar, en Tenerife, cuya inversión se sitúa en torno a los 1.000 millones de euros. La instalación tendría una capacidad ligeramente superior a la de Chira-Soria y serviría para almacenar energía renovable en el sistema eléctrico formado por Tenerife y La Gomera, interconectadas mediante un cable submarino.
Red Eléctrica debe comenzar ahora la redacción del proyecto y los estudios geotécnicos. Posteriormente será necesario tramitar la declaración de impacto ambiental y el resto de las autorizaciones.
La iniciativa aprovecharía los grandes huecos abiertos durante antiguas explotaciones en la zona. Dos de ellos se destinarán a los embalses, mientras que los restantes se rellenarán para recuperar ambientalmente un espacio que Zapata califica como uno de los mayores atentados ambientales sufridos por Tenerife durante la década de 1990.
El consejero advierte de que el proyecto necesita como mínimo otros diez años para convertirse en una realidad. «Estos siempre son procesos muy largos. Lo que cuesta es comenzarlos», señala.
La eólica marina sigue esperando el concurso
Zapata expresa una mayor preocupación por el retraso del concurso de eólica marina. Recuerda que el Gobierno central anunció inicialmente que el procedimiento estaría listo en enero de 2024, pero dos años y medio después continúa sin publicarse.
El secretario de Estado de Energía se compromete ahora, según relata el consejero, a convocar antes de que termine 2026. Zapata recibe el anuncio con satisfacción, aunque aclara que prefiere esperar hasta que el compromiso se materialice por escrito.
La convocatoria se limitará inicialmente a Gran Canaria, donde el Ejecutivo entiende que existe un amplio consenso institucional y empresarial. El consejero vincula directamente la eólica marina con la futura central de bombeo de Chira-Soria, que permitiría almacenar una parte de la electricidad generada en el mar.
Zapata advierte, no obstante, de que el procedimiento puede prolongarse entre diez y quince años y de que todavía hay que demostrar la viabilidad técnica de instalar parques eólicos marinos en las condiciones geográficas y oceánicas de Canarias.
La Consejería ha mantenido reuniones con el sector y convocado durante la legislatura la Mesa de la Eólica Marina. Zapata espera que esa labor permita desbloquear finalmente una convocatoria que considera imprescindible para elevar la presencia de las renovables en el sistema eléctrico de Gran Canaria.
Zonas de aceleración y planificación territorial
El consejero defiende igualmente las zonas de aceleración de renovables como instrumento para determinar en qué lugares pueden instalarse los proyectos y qué territorios deben quedar excluidos.
Zapata rechaza las críticas formuladas en Lanzarote y acusa al PSOE de esa isla de mezclar las zonas de aceleración con proyectos que ya se encontraban en tramitación. «No hemos autorizado ningún proyecto de Iberdrola dentro de las zonas de aceleración de renovables», afirma.
Según explica, la planificación excluye los espacios protegidos y los suelos con potencial agrícola y busca dirigir las instalaciones hacia zonas antropizadas o con un menor impacto. También mantiene que los mapas definitivos suelen ser más restrictivos que las propuestas iniciales remitidas por los cabildos.
El consejero informa de que existen acuerdos con El Hierro, La Gomera y Lanzarote, aunque en esta última isla se siguen revisando los planos con el Cabildo. «Solo con cubiertas de edificios y aparcamientos no llegaremos a tener ese 50-60% de penetración de energías renovables», sostiene.
Zapata afirma que la Consejería continuará negociando con los cabildos para reducir las afecciones y evitar que los promotores seleccionen terrenos agrícolas o espacios inadecuados. «Lo que se ha obviado siempre es planificar», lamenta.
Cien millones de fondos europeos en riesgo
El consejero reclama al Gobierno de España una ampliación del plazo para ejecutar los fondos europeos destinados a instalaciones renovables. Canarias tiene actualmente hasta el 31 de julio de 2026, pero el Ejecutivo autonómico solicita poder justificar las actuaciones hasta noviembre.
Zapata asegura que las ayudas permiten instalar alrededor de 100 megavatios de nueva potencia renovable. Una ampliación del plazo posibilitaría alcanzar unos 170 megavatios.
«Hay en riesgo 70 megavatios y estamos hablando de en torno a 100 millones de euros», advierte. El consejero subraya que las subvenciones ya están concedidas a particulares, industrias y empresas que comprometen recursos propios para desarrollar los proyectos.
Zapata critica que el Gobierno de España amplíe hasta diciembre de 2028 el plazo de ejecución de algunos fondos gestionados directamente por el Estado, mientras mantiene para Canarias la fecha de julio de 2026. «Estamos ahora pidiendo migajas», afirma.
El consejero insiste en que no se trata de una disputa partidista, sino de evitar la pérdida de inversiones ya adjudicadas. Para ello, reclama al Estado que negocie con las instituciones europeas una prórroga de varios meses.
Amianto y colapso de los vertederos
La gestión de los residuos constituye el otro gran problema abordado por Zapata. El consejero explica que varias comunidades autónomas dejan de aceptar el amianto procedente de Canarias, lo que obliga a ampliar las autorizaciones de almacenamiento existentes y a buscar instalaciones capaces de tratarlo dentro del archipiélago.
Un proyecto avanzado en Gran Canaria, que planteaba encapsular el amianto y recuperar ambientalmente una antigua cantera, es rechazado por el municipio en el que pretendía instalarse. La Consejería estudia ahora otras alternativas, especialmente en Tenerife.
Zapata considera que Canarias debe dejar de exportar residuos que posteriormente son tratados, convertidos en nuevas materias primas y revendidos a las islas. Su objetivo es que esos procesos se desarrollen en el archipiélago y generen actividad económica y puestos de trabajo.
El consejero advierte también de que algunos complejos ambientales se encuentran cerca de la colmatación y apenas disponen de uno o dos años de vida útil. Por ello, defiende abrir el debate sobre la valorización energética del rechazo, es decir, de los residuos que ya no pueden reutilizarse y reciclarse.
El Gobierno plantea inicialmente dos plantas, una en Gran Canaria y otra en Tenerife, a las que podrían trasladarse los residuos no recuperables del resto de las islas. La energía obtenida permitiría financiar parcialmente las instalaciones y reducir la cantidad de basura que termina enterrada.
«Una planta de valorización contamina 10 veces menos de lo que está contaminando actualmente un complejo ambiental, un vertedero donde estamos enterrando basura día sí y día también», sostiene Zapata.
El consejero cita instalaciones visitadas en Copenhague, Rotterdam, Baleares y Madrid y asegura que las nuevas tecnologías no tienen relación con las antiguas incineradoras caracterizadas por grandes emisiones de humo.
Zapata propone continuar el debate público durante 2026 para que las plantas puedan desarrollarse en próximas legislaturas. «Nosotros estamos para hacer pedagogía, que no demagogia, y ser conscientes del problema que tenemos», concluye.