➤ «La cifra que está barajando el sector del taxi no es la que está barajando el Gobierno» ➤ «Para un estudiante canario, 30 o 40 euros más al mes en transporte en Madrid es bastante inasumible» ➤ «Es absolutamente arcaico que tengamos que pedir la tutela del Estado para una subvención europea»
La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, considera un avance sustancial que el sector del taxi de Gran Canaria haya pasado de rechazar una tarifa plana para los desplazamientos al aeropuerto a debatir ya sobre su cuantía. Fernández subraya, sin embargo, que los importes planteados por los taxistas no constituyen una propuesta del Ejecutivo autonómico y deberán justificarse mediante los correspondientes estudios económicos.
«Llevamos dos años con propuestas, con fórmulas», explica Fernández, que destaca que hasta ahora la respuesta del sector había sido «un no rotundo». La directora general considera que el hecho de que los propios profesionales estén consultando a sus compañeros y planteando valores económicos supone un cambio relevante. «Si ya estamos de acuerdo en ponerla y lo que tenemos que empezar a discutir es si son 40 o son 30, pues ahí ya por lo menos estamos más cerca de poder tener una tarifa plana al aeropuerto», afirma.
Tarifa plana al aeropuerto
Fernández recuerda que actualmente un trayecto en taxi entre Las Palmas de Gran Canaria y el aeropuerto puede situarse aproximadamente entre los 42 y los 45 euros, aunque existen profesionales que ofrecen ese mismo servicio por cantidades inferiores. La intención, explica, es conseguir una tarifa que dé seguridad al usuario, resulte competitiva y garantice al mismo tiempo que el taxista no pierda rentabilidad.
«Si conseguimos que salga bien y que todo el mundo esté tranquilo, que los taxistas sepan que no van a perder dinero, que van a ganar negocio y que los ciudadanos tengan una oportunidad más económica, asequible y fácil de calcular, habrá merecido la pena estos dos años», sostiene. Insiste en que la cifra que está estudiando actualmente el sector no procede del Gobierno de Canarias y tendrá que estar respaldada por cálculos que expliquen por qué se fija una cantidad y no otra.
Estudiantes canarios en Madrid
La directora general aborda también la pérdida de determinadas bonificaciones de transporte para estudiantes canarios desplazados a Madrid. Fernández reconoce el derecho de la Comunidad de Madrid a establecer sus propios requisitos, pero señala que Canarias ha iniciado una negociación para que se tenga en cuenta la singularidad de los estudiantes de las islas que se trasladan temporalmente a la Península sin cambiar su empadronamiento.
El Gobierno canario ha enviado una propuesta de convenio para que esa residencia temporal permita a los estudiantes de las islas acogerse a las bonificaciones de las que disfrutaban anteriormente. «De momento no nos han respondido», explica Fernández, aunque asegura que desde Madrid han trasladado que comprenden «perfectamente la singularidad canaria» y que intentarán encontrar una solución. Mientras tanto, los canarios pagan el bono ordinario, sin la bonificación vinculada a los estudiantes residentes en Madrid.
Fernández sostiene que este coste adicional tiene un impacto especialmente significativo para las familias de las islas. «Ya para un canario el sobrecoste que supone trasladarse a Madrid es muchísimo mayor que el de otra comunidad autónoma, pues añadirle un peso de 30 o 40 euros al mes para pagarse el bono de transporte es bastante inasumible», afirma. Añade que la insularidad dificulta equiparar la situación de estos jóvenes con la de estudiantes procedentes de territorios peninsulares.
El tren de Gran Canaria
Sobre las informaciones relativas a una posible pérdida de financiación europea para el tren de Gran Canaria, Fernández aclara que el expediente se tramita directamente entre el Cabildo y la Unión Europea, por lo que asegura desconocer si se cumplieron o no determinados plazos administrativos. El Gobierno autonómico sí intervino cuando Bruselas exigió el respaldo del Estado miembro y negoció una carta del secretario de Estado apoyando el proyecto.
La directora general critica que Canarias tenga que recurrir a ese procedimiento para poder optar a financiación comunitaria. «Es absolutamente arcaico que tengamos que estar pidiendo la tutela del Estado para pedir una subvención para un proyecto que ha cumplido con todos los trámites y que es igualmente subvencionable que cualquier otro proyecto», afirma.
Fernández vincula esta situación con el trabajo desarrollado para que las infraestructuras canarias sean reconocidas en la Ley de Movilidad Sostenible del Estado como infraestructuras de interés público. Considera que ese reconocimiento permitirá que los proyectos de las islas tengan mayor visibilidad ante futuras convocatorias europeas y evita tener que solicitar cada vez un respaldo estatal específico. El siguiente objetivo, señala, es avanzar en un convenio con el Estado condicionado también a la existencia de presupuestos estatales.