Juan González, portavoz vecinal, denuncia que la alcaldesa Carolina Darias no ha ofrecido garantías y acusa al Ayuntamiento de sembrar incertidumbre entre más de 900 residentes
La tensión en el barrio de Las Torres, en Las Palmas de Gran Canaria, no cede. Más de un centenar de viviendas, en su mayoría autoconstruidas y únicas propiedades de sus residentes, podrían verse afectadas por una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, según denuncian sus vecinos, contempla la desaparición de parcelas habitadas para destinar esos suelos a espacios libres. En entrevista con El Espejo Canario, Juan González, portavoz del colectivo vecinal de Torres Altas y uno de los afectados, asegura que la reciente reunión con la alcaldesa Carolina Darias «no convenció a nadie» y anuncia nuevas movilizaciones.
Una reunión sin garantías
La cita con la alcaldesa tuvo lugar tras semanas de protestas frente al consistorio. González explica que, a diferencia de encuentros anteriores, esta vez acudieron con asesoría jurídica y técnica, preparados para obtener compromisos firmes. Sin embargo, salieron tal como entraron: sin respuestas claras. «Ni una sola garantía. La alcaldesa dice una cosa en los medios, y luego otra distinta en las reuniones. No hay coherencia ni compromiso», afirma.
Según el portavoz, el proyecto municipal plantea en su “alternativa 2” la posible desaparición de hasta 127 viviendas. «Hay un plano, claro que lo hay, donde aparecen las casas marcadas, las nuestras, no las de los promotores. Parcelas vacías de 3.000 y 4.000 metros, a escasos metros de nuestras casas, ni se tocan. Pero a nosotros sí nos señalan como sacrificables», denuncia.
Inquietud entre la población vulnerable
González describe un clima de angustia entre los residentes. «Estamos hablando de gente mayor, enferma, mujeres, niños. Nadie sabe qué va a pasar con su hogar. Es la única propiedad que tienen. No es una cuestión de urbanismo, es una cuestión humana».
La comunidad acusa al consistorio de falta de transparencia y de promover la modificación sin un proceso participativo real. «Se nos excluyó desde el principio. Y ahora culpan a las asociaciones de meter miedo. No señor, el miedo lo mete el Ayuntamiento con sus planos y su silencio», sostiene.
Rechazo a la instrumentalización política
Las acusaciones de que los vecinos han sido manipulados por partidos de la oposición han sido rotundamente rechazadas por González. «Aquí no hay colores. Hay vecinos. Sí, colaboran con nosotros personas que militan en distintos partidos, pero esto no va de ideologías, va de derechos. El único objetivo es que ninguna casa de Las Torres se toque».
También cuestiona el papel de los grupos que votaron en contra de paralizar la modificación del PGOU: «¿Dónde estaban Nueva Canarias, Podemos, los que ahora salen en prensa? Durante dos meses no se acercaron al barrio».
Agenda de presión y exigencia de retirada
El movimiento vecinal ha iniciado una doble estrategia: acciones administrativas y presión social. Esta misma semana comienzan a tramitar alegaciones formales y convocan una concentración el próximo viernes en la Plaza de Santa Ana, a las 10:30 de la mañana. Se espera la participación no solo de afectados directos, sino también de colectivos de otros barrios solidarios con la causa.
González concluye con un mensaje claro: si el Ayuntamiento pretende reformular el barrio sacrificando viviendas históricas, encontrará una comunidad organizada y dispuesta a resistir. Y recuerda que ya han emprendido el camino legal y mediático necesario para defender sus derechos. «Esto no es una pataleta. Es una lucha por nuestra dignidad», sentencia.