El abogado Felipe Campos, representante de los vecinos denunciantes, exige la retirada inmediata del trazado y acusa al consistorio de actuar de espaldas a la ciudadanía y al margen de la legalidad
La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha encendido la polémica sobre el carril bici implantado en la calle El Pilar y otras zonas del centro de la ciudad. El abogado Felipe Campos, que representa a la asociación de vecinos que presentó el recurso, denuncia que el consistorio ha actuado con «absoluto desprecio por la legalidad» y reclama la retirada inmediata de las obras.
Campos sostiene que la anulación judicial afecta a toda la ordenanza en la que se enmarcan las actuaciones de movilidad, incluyendo el carril bici, cuya ejecución, según afirma, fue «precipitada, opaca y sin consulta ciudadana». El letrado advierte de que la medida forma parte de una estrategia inspirada en la Agenda 2030 que pretende, «por la vía de los hechos», eliminar progresivamente el uso del coche en el centro urbano. «Aquí no se trata de fomentar la bici, sino de expulsar al vehículo privado sin alternativas reales para miles de ciudadanos», lamenta.
Se ha eliminado más de 300 plazas de aparcamiento
Campos enumera los perjuicios que, a su juicio, está provocando el nuevo trazado. «Han desaparecido más de 300 aparcamientos, se han suprimido zonas de carga y descarga, se obstaculiza el paso de ambulancias, no se permite ni recoger a personas mayores. Esto es un caos planificado desde un despacho, no una mejora de la movilidad». Denuncia que la respuesta del Ayuntamiento ha sido la de seguir adelante pese a que la sentencia declara la nulidad de pleno derecho, «como si la ordenanza nunca hubiese existido».
El abogado critica además que el consistorio haya adjudicado contratos millonarios —como el de instalación de cámaras para la zona de bajas emisiones— sin que existiera normativa en vigor. Considera que esa conducta podría tener implicaciones penales, y ha pedido que partidos con capacidad legal como el PSOE impugnen formalmente esas adjudicaciones. «La oposición tiene una responsabilidad democrática que no puede eludir. Pero sorprendentemente ha decidido mirar hacia otro lado», asegura.
En contra del modelo
Campos subraya que su demanda no se opone al uso de la bicicleta, sino a la «imposición autoritaria de un modelo de ciudad sin participación ni respeto por las necesidades reales de la población». En este sentido, recuerda que ni en la calle El Pilar ni en Álvaro Arbeloa hay una demanda significativa de circulación ciclista, y que existen alternativas más razonables, como el prometido carril bici desde Añaza hasta Las Teresitas, que aún no ha sido ejecutado.
«Bermúdez tiene la oportunidad de rectificar»
El letrado apunta directamente al alcalde, José Manuel Bermúdez, como principal responsable político del despropósito. «Puede que en su momento pensaran que era una buena idea, pero una vez comprobada la oposición frontal de la ciudadanía, lo democrático es rectificar», insiste. Campos cree que el alcalde «aún está a tiempo» de enmendar lo que califica como «una de las actuaciones más irracionales que he visto en política local».
Actualmente, el Ayuntamiento ha recurrido la decisión del TSJC y está pendiente de que se resuelva el recurso de reposición. Mientras tanto, continúa defendiendo la legalidad de la actuación y mantiene que el carril bici no forma parte sustancial de la ordenanza anulada. Campos, sin embargo, asegura que si el tribunal confirma la nulidad, el consistorio «no tendrá más remedio que desmantelar lo construido», con la consiguiente pérdida económica para las arcas municipales.