El vicepresidente segundo y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, señala que tienen la voluntad de colaborar pero llama a estudiar el impacto que puede tener en cada ayuntamiento.
La Federación Canaria de Municipios ha convocado a su comité ejecutivo el próximo 21 de octubre para debatir la propuesta del Gobierno canario respecto del reparto de los Fondos Fondos de Desarrollo de Canarias (FDCAN) y del 0,5% del aumento previsto del IGIC: "Tenemos la voluntad de colaborar", afirma Hernández, máxime cuando el objeto de esa reforma del reparto se orienta a cumplir los programas sociales planteados por el Ejecutivo regional.
No obstante, recuerda que esas reformas implican modificar la ley que establece las distribuciones, norma que se trabajó "durante mucho tiempo para alcanzar el consenso", pues los ayuntamientos dependen de ese dinero para proporcionar los servicios a la ciudadanía: " Habrá que estudiarlo y ver el impacto en cada uno de los ayuntamientos".
Derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria
En lo que coincide "íntegramente" Hernández con el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, es en la necesidad de derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria: "la aberración mayor que se ha planteado al gobierno municipal en este país". Una morma que, dice el vicepresidente segundo de la Fecam, está pensada para "enriquecer a los bancos". Así, señala que el Ayuntamiento de Agüimes dispone de doce millones de superávit y más de treinta millones de remanente "que no podemos gastar porque estamos sustentando desviaciones presupuestarias del gobierno central y de las comunidades autónomas". Está "absolutamente de acuerdo" en derogar la ley, pues "hay otros parámetros para controlar el gasto".