➤ «El Pacto Europeo de Migración y Asilo es pura retórica» ➤ «Un migrante es una persona igual que un español» ➤ «Cuando los niños cumplen 18 años queremos que se conviertan en personas adultas autónomas y eso no es posible»
El coordinador territorial de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, defiende que la regularización de personas migrantes es una medida de justicia social que también favorece al conjunto de la sociedad, al hacer visibles a personas que ya viven, trabajan y contribuyen en España. Lorenzo sostiene que el debate migratorio debe alejarse de la criminalización y centrarse en derechos, convivencia, empleo e integración.
Lorenzo afirma que el mensaje del papa sobre Canarias y las migraciones tiene una trascendencia simbólica mundial, pero advierte de que la política europea avanza en sentido contrario. A su juicio, el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo prioriza la externalización de fronteras, el control de flujos, los retornos y las expulsiones, mientras deja en segundo plano las vías legales y seguras.
El mensaje del papa
Lorenzo considera que la visita del papa a Canarias y sus referencias a la realidad migratoria de las islas colocan el fenómeno en el centro del debate internacional. Afirma que se trata de «un gesto simbólico yo creo que de trascendencia mundial» y subraya que el mensaje papal pone por delante la dignidad de las personas frente a las lógicas puramente administrativas o de control.
El responsable de CEAR señala que ese mensaje implica «proteger y cuidar a las personas, garantizar sus derechos» y destaca que el papa es «el único líder mundial» al que escucha hablar de «vías legales y seguras». Lorenzo recuerda que ese es precisamente uno de los argumentos centrales de las entidades que trabajan en materia de asilo y migraciones.
Sin embargo, advierte de que ese gesto no se traduce automáticamente en políticas públicas. Lo define como un mensaje «muy sólido», de alcance mundial y con valor simbólico, aunque también como «un aviso a navegantes» ante el rumbo que están tomando las políticas migratorias europeas.
El pacto europeo
Lorenzo contrapone el mensaje del papa con la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que, según explica, coincide prácticamente con la visita. A su juicio, el pacto «en esencia no responde a ese mensaje» y, por el contrario, se sitúa en una lógica de endurecimiento de las políticas migratorias.
El coordinador territorial de CEAR en Canarias afirma que el pacto «habla de externalización de fronteras, habla de securitización, de control de flujos, habla de países seguros cuando muchos de ellos son países sospechosos de vulnerar derechos humanos, habla de retorno y de devolución y de expulsión». Lorenzo advierte de que esas consecuencias ya comienzan a apreciarse en Canarias y sostiene que «desgraciadamente cada vez será más frecuente».
En ese contexto, se refiere al caso de El Hierro, donde un juez ordena el internamiento de más de ochenta personas llegadas en cayuco. Lorenzo explica que la normativa española ya contemplaba la devolución de personas con entrada irregular, pero señala que lo que ahora cambia es la reactivación de los internamientos como mecanismo para intentar garantizar retornos.
Los retornos
El representante de CEAR recuerda que, hasta ahora, muchas personas en situación irregular eran trasladadas a centros de grandes llegadas y entraban en el programa de Atención Humanitaria, que cubre necesidades básicas y facilita traslados a plazas similares en la Península. Sin embargo, sostiene que con el nuevo pacto se vuelve a reforzar el internamiento en centros de extranjeros porque «básicamente lo que pretende es garantizar el retorno, garantizar la devolución y la expulsión».
Lorenzo cuestiona que esa estrategia pueda funcionar. Afirma que «a nivel europeo no se retorna ni siquiera el 25% de las personas que tienen orden de expulsión y orden de devolución» y considera que los retornos no son una solución realista por su coste, su complejidad logística y la reticencia de los países de origen o tránsito a aceptar a sus nacionales.
«Para nosotros el retorno no va a ser la opción», afirma. Lorenzo señala que hay reglamentos europeos pendientes que prevén detenciones de hasta 24 meses, prorrogables incluso a 30, para asegurar la expulsión, pero recuerda que en España el límite actual de internamiento en los CIE es de 60 días. Por eso concluye que el pacto puede terminar siendo «pura retórica».
Regularización y economía
Lorenzo defiende la regularización de personas migrantes como una medida «transformadora e inspiradora». Señala que se trata de hacer visibles a personas que ya forman parte de la sociedad, muchas de ellas desde hace años, aunque hayan permanecido en situación administrativa irregular.
El coordinador de CEAR afirma que esas personas no acaban de llegar, sino que «vivían entre nosotros». Explica que muchas trabajan o han trabajado en sectores esenciales, como los cuidados, la ayuda a domicilio, el servicio doméstico, el campo, la hostelería o la economía sumergida. A su juicio, la regularización es vital porque permite reconocer derechos y poner fin a situaciones de abuso o invisibilidad.
«La regularización no solo beneficia a las personas que se regularizan. Beneficia también a la sociedad que acoge y que convive con esas personas», sostiene. Lorenzo defiende que quienes se regularizan contribuyen mediante cotizaciones, impuestos y participación laboral, y afirma que una economía como la española no podría sostenerse sin la aportación de la población migrante.
Una sociedad envejecida
Lorenzo vincula la regularización con la sostenibilidad del Estado del bienestar. Señala que una sociedad cada vez más envejecida necesita incorporar a personas jóvenes que puedan contribuir al sistema de pensiones, a los servicios públicos y a la actividad económica.
En ese sentido, recuerda que una parte muy significativa de las solicitudes de regularización corresponde a personas menores de 45 años. «Necesita, necesita y tiene que aprovechar a todas las personas que quieran contribuir a ello porque también ellos construyen país», afirma.
El responsable de CEAR insiste en que la sociedad debe dejar de mirar a las personas migrantes como una amenaza y asumir que son parte activa de la convivencia. «Todas las personas que contribuimos construimos país», señala.
Integración y convivencia
Lorenzo advierte de que la regularización no puede ser el final del proceso. Afirma que obtener una situación administrativa regular es solo un primer paso y que después deben impulsarse políticas públicas de inclusión, empleo, formación, vivienda y convivencia.
«La regularización es un proceso administrativo en el que una persona tiene una estancia regular, pero ahora es necesario también articular políticas de inclusión, políticas de empleo», explica. A su juicio, también será necesario comprobar si quienes empleaban a personas en la economía sumergida dan el paso de regularizar sus relaciones laborales y reconocer derechos.
El coordinador territorial de CEAR reclama políticas de convivencia en las que la comunidad participe activamente. Considera que integrar no significa borrar la diversidad, sino construir una sociedad capaz de reconocerla y gestionarla con naturalidad. Por eso sostiene que una sociedad madura debe avanzar en la integración real y no limitarse a resolver expedientes administrativos.
Derechos frente a criminalización
Lorenzo rechaza los discursos que presentan a las personas migrantes como ciudadanos de segunda. Ante la pregunta de si un migrante es igual que un español, responde: «Sí, un migrante es una persona igual que un español». Y añade que las personas tienen derechos «independientemente de su origen, independientemente de su condición».
El responsable de CEAR considera que las opciones de ultraderecha no solo criminalizan a las personas migrantes, sino que estigmatizan todo aquello que es diverso o diferente. A su juicio, ese es «el gran peligro» de los discursos que reducen la migración a un problema de seguridad o identidad.
Lorenzo también diferencia entre asimilación e integración. Al hablar del modelo francés, sostiene que «asimilar no es integrar» y afirma que la diversidad cultural debe ser respetada dentro de un marco común de convivencia. Defiende que el fútbol puede mostrar esa diversidad, pero advierte de que la integración real exige políticas y trabajo cotidiano.
La hipocresía laboral
El coordinador territorial de CEAR señala que la regularización también obliga a mirar de frente a quienes se han beneficiado de la situación irregular de muchas personas migrantes. Afirma que el sistema previo permitía prolongar la falta de derechos laborales y mantener situaciones de abuso.
Lorenzo sostiene que «el sistema estaba montado justo antes de la regularización para que el acceso a la regularidad se retardara y se dilatara en el tiempo» y para que siguiera vigente un modelo marcado por la «falta de derechos laborales», la falta de cobertura y los abusos personales y laborales.
Por eso afirma que ahora no basta con regularizar administrativamente. «Ahora hay que dar el paso de regularizo y reconozco derechos, derechos laborales», indica. A su juicio, este proceso va a revelar «las grandes costuras de la hipocresía del ser humano» y obligará al país a demostrar madurez.
La Ley de Nietos
Lorenzo también se pronuncia sobre la llamada Ley de Nietos y defiende que responde a una cuestión de justicia social. Afirma que es legítimo reconocer la nacionalidad española a descendientes de españoles y rechaza que se plantee el debate únicamente desde el cálculo electoral.
«Creo que es de justicia que las personas descendientes de españoles puedan adquirir la nacionalidad española», señala. Lorenzo afirma que la política pública debe situarse por encima de la lógica partidista y electoralista, especialmente en asuntos relacionados con derechos, nacionalidad, regularización y migraciones.
El representante de CEAR defiende que estas materias deben quedar fuera de la disputa electoral ordinaria. Recuerda que, cuando se habla de pactos de Estado, uno de los ámbitos que debe abordarse con altura de miras es precisamente el de la política migratoria.
Infancia migrante
Lorenzo dedica una parte central de su reflexión a los menores migrantes no acompañados. Comparte que, cuando es posible, los niños y niñas están mejor con sus familias, pero recuerda que esa posibilidad no siempre existe. Señala que hay menores que huyen de la guerra, de la pobreza o de la falta de oportunidades, y que el sistema de protección debe responder ante esa realidad.
El coordinador de CEAR reconoce que el sistema ha estado sobresaturado en Canarias y que esa saturación ha debilitado su capacidad de garantizar derechos. No obstante, señala que algunas medidas recientes, como la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y los pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre menores solicitantes de asilo, permiten avanzar hacia una descongestión progresiva.
Lorenzo explica que, cuando el sistema se descongestiona, puede dejar de limitarse a cubrir necesidades básicas y empezar a mejorar los estándares de calidad, la inclusión educativa y el acompañamiento social. Pero advierte de que el gran problema llega cuando esos menores cumplen 18 años.
La transición a la vida adulta
«Los niños cumplen 18 años y queremos que con 18 años se conviertan en personas adultas autónomas y eso no es posible», afirma Lorenzo. El responsable de CEAR recuerda que esa exigencia no es realista para ningún joven y menos aún para quienes han atravesado procesos migratorios traumáticos y carecen de redes familiares o recursos.
Lorenzo reclama acompañamiento en la transición a la vida adulta mediante formación, capacitación ocupacional, búsqueda de empleo y alternativas habitacionales. Señala que CEAR trabaja con jóvenes que logran empleo, pero no tienen dónde vivir. «Viven en la calle y trabajan, o sea, es una paradoja durísima de asumir», apunta.
El coordinador territorial de CEAR concluye que el foco debe situarse tanto en la infancia migrante como en la juventud migrante no acompañada. Reclama un sistema de protección de calidad, con profesionales suficientes, y un seguimiento que permita acompañar a estos jóvenes más allá de la mayoría de edad.