El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Las Palmas de de Gran Canaria asegura que no hay “argucia legal” para impedir que acaben las obras.
El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, se ratifica en que "las torres del Canódromo eran legales y se ajustaban al planeamiento" y por eso el tripartito municipal se ha visto obligado a darle la licencia administrativa para culminar las obras de construcción de estos dos edificios de viviendas promovidos por Realia en Ciudad Alta.
El concejal de Urbanismo reitera que no le agrada, ni le gusta que el proyecto de las torres del Canódromo siga adelante, teniendo en cuenta que ha sido uno de los asuntos urbanísticos más turbios de los últimos 20 años de la capital grancanaria, y con el PP de José Manuel Soria como protagonista por entonces. A la pregunta de si sigue siendo comunista, Doreste responde que "por supuesto", pero se defiende diciendo que "lo único que he hecho es cumplir con la ley". No hay posibilidad de recurso ni "argucias legales" para paralizar el proyecto.
Problemas en La Minilla
Dice el concejal de Urbanismo que lo que no se permite en el gurpo de gobierno del Ayuntamiento, como ha pasado en el asunto de las torres del Canódromo, es que "las licencias urbanísticas pasen por los despachos de los políticos". Ahora hay, dice Doreste, transparencia y son los técnicos los que valoran las autorizaciones en tal sentido. Se trata de "limpiar el Ayuntamiento de sospechas".
Más grave que el asunto de Realia es para el responsable de Urbanismo "el edificio de La Minilla frente al cementerio". El conflicto legal parte de una licencia que otorgó Pepa Luzardo, según apunta Doreste, para la construcción de una tercera planta y "ahora los tribunales dicen que es ilegal". Y en este caso se trata de "personas que han comprado su vivienda" de buena fe.