➤ «Lo más triste es que los protocolos existen, pero los centros no los activan ni los cumplen» ➤ «La víctima nunca debería cambiar de colegio: quien tiene que salir es el agresor» ➤ «Hay familias atemorizadas porque si protegen a sus hijos, los amenazan con servicios sociales»
La conmoción por el suicidio de Lucía, una niña de 12 años con autismo que sufría acoso escolar en Tenerife ha tomado una forma concreta en forma de respuesta: una campaña de recogida de firmas impulsada por Laura Fernández, madre de la menor, y respaldada por Janeth Duro, presidenta de la asociación «Con tu ayuda todos sumaremos».
La iniciativa, registrada en la plataforma Change.org bajo el nombre «Mi niña de 12 años se ha suicidado. No más bullying, por favor. Ni una más», busca reunir 500.000 firmas para llevar al Congreso una propuesta legislativa que refuerce el marco legal contra el acoso escolar. «Esta ley es imprescindible. Ya no vale mirar para otro lado», dice Duro, quien confirma que su asociación, que agrupa a unas 80 familias en Canarias, está volcada en la campaña con recogidas de firmas en centros educativos, trabajos y vía pública.
Protocolo sí, pero sin eficacia
Uno de los ejes de la denuncia es la ineficacia del protocolo de actuación contra el acoso escolar. «Los protocolos están en la web de la Consejería, pero no se activan como deberían», denuncia Duro. «En muchos casos, las familias alertan al centro, pero la dirección se limita a derivar el problema o lo ignora. Al final, todo se queda en papel mojado».
En el caso de Lucía, según la información recabada por la asociación, el colegio estaba al tanto de los episodios de acoso, pero no actuó. La menor, además, contaba con un diagnóstico de trastorno del espectro autista, lo que obligaba al centro a prestar atención especial. «Un niño con TEA nunca miente», recalca Duro, madre también de un adolescente autista. «Lucía necesitaba protección, y no la tuvo».
Una ley con dientes: Fiscalía y trabajadores sociales especializados
La futura ley, según explican desde la plataforma, incluirá dos demandas concretas: que se activen mecanismos judiciales inmediatos a través de la Fiscalía de Menores en cuanto se detecte acoso grave, y que cada caso sea evaluado por trabajadores sociales especializados en bullying. «Estos profesionales están mejor preparados para detectar los signos de acoso que cualquier otro agente del sistema educativo. Ellos deben liderar el protocolo», subraya la presidenta de la asociación.
Además, Duro propone que los menores acosadores que reincidan y no muestren voluntad de cambio sean derivados a centros específicos de reeducación. «Sé que suena duro, pero más duro es enterrar a tu hijo. La impunidad no puede seguir siendo la norma».
El silencio institucional y el estigma de denunciar
Duro también señala la presión que sufren las familias cuando intentan proteger a sus hijos. «Si decides sacar a tu hijo del colegio porque está siendo acosado y el centro no actúa, corres el riesgo de que te denuncien a servicios sociales por absentismo. Es un chantaje institucional intolerable». La presidenta de la asociación asegura que ya existen casos judicializados por este motivo, y que muchas familias viven con miedo a represalias por exigir medidas.
«Los centros no quieren tener una mancha en su expediente, prefieren mirar hacia otro lado. Pero cuando una niña se quita la vida, eso sí es una mancha imborrable», afirma con dureza. Para Duro, los agresores son quienes deberían ser trasladados, no las víctimas. «¿Por qué tiene que irse quien sufre? Es revictimizante y completamente injusto».
Una sociedad aún dormida
La recogida de firmas ha comenzado en la calle, pero no con la respuesta esperada. «Pusimos una mesa en la calle Triana y mucha gente ni se detenía. Un cartel gigante decía que era para una ley contra el bullying. ¿Cómo es posible que aún haya indiferencia?», se pregunta con decepción. Aun así, Duro asegura que no se rendirán: «Si tenemos que salir todas las semanas a la calle, lo haremos. Vamos a conseguir esas 500.000 firmas».
La campaña ha recibido el apoyo de otras familias víctimas del acoso, como el padre de Sira, otra menor cuyo caso se ha hecho público. Las asociaciones involucradas, como «Voces Valientes», ya preparan actos conjuntos y movilizaciones en todo el país.
«Esto no va solo de una ley, va de despertar conciencias. Va de proteger la vida de nuestros hijos», concluye Janeth Duro. «No vamos a parar. Ni una más».