El profesor de Derecho Constitucional de la ULL se felicita de que el Gobierno canario se abra a ponerle remedio y anima a dar los siguientes pasos.
El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna (ULL), Gerardo Pérez, insiste en que la solución del problema de la alta interinidad en los empleados públicos está en manos de la Comunidad canaria, y no solo en las del Estado.
Afirma que el Estado no va a dar ninguna solución a este problema, algo de lo que, a su juicio, ya se ha percatado el Gobierno canario, que se ha abierto a encontrar algún tipo de solución: “Ya es un paso, pero nos cuesta dar los siguientes”. Afirma que cuanto más se dilate la toma de decisiones, más se estará empeorando la situación de personas que acumulan décadas de interinidad.
Fin del estado de alarma
Gerardo Pérez considera difícil de solventar la cuestión de cómo limitar algunas libertades si el próximo 9 de mayo decae el estado de alarma. Afirma que es un error decir que se podrán limitar sin dicha situación de excepción, pues sería tanto como decir que la declaración del estado de alarma “no sirve para nada”.
Asimismo, se muestra escéptico sobre la legitimidad de la medida del Gobierno canario respecto a registrar los datos de las personas que acuden a locales y restaurantes, porque “una cosa es mi voluntad de disponer de esos datos y cederlos y otra es la obligación de hacerlo”. Asegura que “personalmente” no tendría ningún problema en hacerlo, “pero esa es mi personalidad”. Entiende que si alguien se decidiera a dar el paso de acudir a los tribunales, cree que tendría opciones de éxito porque el rango de la norma que impone esa obligación puede no ser la apropiada para restringir derechos fundamentales.