Juan Jiménez, consejero de Recursos Humanos, Educación, Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura, achaca la cancelación a los "rigores" de la nueva ley de contratos.
Jiménez señala que no ha habido ningún problema para pagar a los proveedores y que la suspensión se debió a "las divergencias por la aplicación de la nueva ley de contratos entre los distintos ámbitos jurídicos". Asegura que la concatenación de plazos entre informes y los recursos presentados, llevó a la decisión de suspender "porque no llegábamos a las fechas de los conciertos". Considera que se hubiesen necesitado tres o cuatro meses para resolver la cuestión. Ahora el Cabildo está tratando de mitigar los efectos de la suspensión reuniéndose con los distintos colectivos "para implementar acciones similares en lo que queda de año y así cubrir esos huecos y trabajar ya para la edición del año que viene".
El consejero señala que no ha habido que pagar indemnizaciones por las cancelaciones debido a que los contratos no estaban cerrados "precisamente en previsión de estas eventualidades".
Jiménez apunta a que esta nueva ley de contratos públicos "va a hundir en la miseria a las pequeñas y medianas empresas, porque la administración está atenazada". Por eso le gustaría "que el gobierno de Pedro Sánchez se la cargara de un plumazo".