➤ «Aproximadamente 600 menores ya han sido trasladados a la península» ➤ «El modelo de macrocentros no lo quiere nadie que trabaje con niños» ➤ «Esperamos cumplir los plazos legales de dependencia antes de que termine el año»
El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, afirma que el Ejecutivo autonómico mantiene como objetivo reducir el número de menores migrantes tutelados en las islas hasta los 2.200, en cumplimiento del nuevo marco estatal, y defiende la necesidad de que todas las comunidades autónomas asuman su responsabilidad.
Reparto de menores y cumplimiento legal
Candil sostiene que el nuevo decreto estatal que prorroga el traslado de menores migrantes «debe cumplirse por todas las comunidades autónomas», incluidas aquellas que muestran reticencias. «Se trata de obligar a todo el mundo a cumplir con la normativa», afirma.
En cuanto a los datos actuales, explica que alrededor de 600 menores solicitantes de protección internacional ya han sido derivados a recursos estatales fuera de Canarias, mientras que entre 300 y 400 aún están pendientes de valoración.
El viceconsejero añade que algunos menores han optado incluso por renunciar a la protección internacional tras largos periodos de espera, en ocasiones por su arraigo en las islas, una circunstancia que está siendo analizada por la Fiscalía.
Reducción de macrocentros
En la actualidad, Canarias tutela a 3.596 menores migrantes, de los cuales unos 3.200 se encuentran en dispositivos gestionados por la comunidad autónoma y cerca de 300 en recursos de cabildos.
Candil destaca que se ha producido una reducción significativa respecto a los más de 6.000 menores que llegaron a estar bajo tutela en el momento más crítico de la crisis migratoria. En paralelo, subraya el cambio de modelo asistencial: «Hemos llegado a tener centros con 300 o 400 menores, y ese modelo no lo quiere nadie», afirma.
Según explica, el objetivo es avanzar hacia centros más pequeños, con entre 20 y 30 menores, que permitan una mejor atención e integración.
Integración laboral y rechazo al discurso xenófobo
El viceconsejero defiende que la realidad en Canarias desmiente los discursos alarmistas sobre la migración. «No ha habido disturbios ni conflictos», asegura, y destaca la implicación de centros educativos, ayuntamientos y empresas en la integración de estos jóvenes: «Cuando se les da una oportunidad de trabajo, se incorporan con total normalidad», afirma.
Candil considera que existe una «situación de racismo y xenofobia» en determinados discursos políticos y critica la difusión de «mensajes que no obedecen a la realidad».
Avances en dependencia
En materia de dependencia, el viceconsejero reconoce mejoras, aunque admite que persisten retos importantes. Señala que los tiempos de reconocimiento del derecho se sitúan actualmente en torno a los 400 días, pero confía en que se reduzcan hasta los seis meses que establece la ley antes de que finalice el año: «El camino que se ha iniciado no tiene retorno», afirma, al referirse a las reformas normativas impulsadas para agilizar los procedimientos.
No obstante, advierte de la necesidad de reforzar el sistema con más plazas residenciales, centros de día y profesionales, en un contexto de escasez generalizada en el sector de los cuidados.
Hospitales y atención sociosanitaria
Otro de los ejes de actuación es la nueva Estrategia de Atención Sociosanitaria 2025-2030, que aborda la situación de personas con alta médica que permanecen en hospitales por falta de recursos alternativos.
Candil indica que actualmente más de 500 personas ocupan camas hospitalarias en estas circunstancias, por lo que se va a realizar una evaluación individualizada de cada caso: «Vamos a analizar si hay abandono familiar y, si lo hay, trasladarlo a la Fiscalía», explica.
El viceconsejero subraya que el objetivo es doble: garantizar la mejor atención posible a estas personas mediante alternativas como la atención domiciliaria o asistentes personales, y liberar camas hospitalarias para reducir listas de espera.
En este sentido, defiende que se trata de una actuación basada en la «corresponsabilidad» entre administraciones para mejorar la eficiencia del sistema sanitario y social en Canarias.