➤ «Si alguien dice que se han manipulado datos, que lo denuncie en Fiscalía: no se puede atacar a los empleados públicos sin pruebas» ➤ «En dependencia hay trabajadores muy comprometidos y otros que estaban acostumbrados a no rendir cuentas» ➤ «El nuevo decreto se está analizando jurídicamente: si vulnera derechos, UGT actuará»
En un momento de polémica por la gestión del sistema de dependencia en Canarias, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias, Fran Bautista, lanza un mensaje claro: «No se puede utilizar un drama tan importante como la dependencia para hacer política partidista. Si hay pruebas de irregularidades, deben denunciarse en Fiscalía, no airearse en los medios sin base legal».
Bautista responde así a las acusaciones de que el Gobierno de Canarias ha inflado las cifras del sistema de atención a la dependencia para obtener más financiación del Estado. La exdirectora general Marta Arocha ha hablado de una supuesta manipulación de más de 9.000 prestaciones no ejecutadas. El dirigente sindical rechaza tajantemente esa lectura: «Si Marta Arocha tiene pruebas de que un funcionario ha falseado datos, que vaya a los juzgados. Lo que no puede hacer es acusar públicamente sin actuar, porque eso es una falta de respeto gravísima hacia los empleados públicos».
Defensa del empleado público: «No se puede generalizar»
Fran Bautista se muestra firme al defender el trabajo de la mayoría de los profesionales del sector: «Hay trabajadores de dependencia comprometidos, responsables y conscientes de que prestan un servicio esencial a la ciudadanía». Sin embargo, reconoce que también existen resistencias internas ante cambios en la organización del trabajo. «Algunos estaban acostumbrados a no rendir cuentas. Y cuando llegan nuevas directoras que introducen sistemas de control, les molesta. Pero la administración no puede funcionar a base de silencios o inercias», dice.
Según su relato, la llegada de responsables como Maite Pulido, actual directora general de Dependencia y médica de Atención Primaria en comisión de servicio, ha supuesto un intento serio de reorganización del área. «Han puesto orden, han marcado objetivos, y eso ha generado tensiones. Pero no es excusa para deslegitimar el conjunto del trabajo público», afirma.
Nuevo decreto en revisión
Respecto al controvertido nuevo decreto autonómico sobre dependencia, que ha sido criticado por colectivos de trabajadores y del tercer sector, Bautista asegura que UGT lo está analizando en profundidad. «Tenemos el decreto en manos de nuestro gabinete jurídico. Hasta que no tengamos una posición fundada y coordinada con nuestros compañeros a nivel estatal, no haremos declaraciones oficiales. Pero si se confirma que vulnera derechos fundamentales, actuaremos con toda contundencia», advierte.
Recuerda que otras organizaciones ya han planteado llevar el texto al Tribunal Constitucional. «Hay quienes afirman que el decreto choca con la Ley de Dependencia, especialmente en lo que se refiere a la ayuda a domicilio. Si eso es cierto, hay que frenarlo. Pero con argumentos jurídicos, no con ruido mediático», subraya.
Listas de espera: «Son escandalosamente terribles, pero hay avances»
El sindicalista reconoce que la situación de las listas de espera sigue siendo dramática: «Hay más de 30.000 personas esperando una prestación. Es escandalosamente terrible. Pero se están haciendo esfuerzos por mejorar». Pone en valor la reciente contratación de 30 nuevos profesionales por parte del Gobierno autonómico: «No es suficiente, pero es un paso en la buena dirección. Nosotros siempre hemos defendido reforzar lo público con más medios y personal», señala.
También destaca que desde marzo se han tramitado más de 5.300 expedientes nuevos, lo que representa un incremento del 22,5% en los casos gestionados. «De eso no se habla tanto, porque no genera titulares», lamenta.
Una consejería compleja y muy politizada
Por último, Bautista rechaza que todo el problema se reduzca a una sola gestión. «Esta consejería es una de las más complejas del Gobierno: no solo gestiona la dependencia, también discapacidad, infancia, inmigración de menores… Es injusto cargar todo sobre un único equipo», afirma. Y denuncia que el sistema ha sido objeto de un uso político permanente: «Cuando gobernaba Podemos prometieron arreglarlo en tres meses. No lo hicieron. Ahora están en la oposición y vuelven a utilizarlo como arma arrojadiza».
Y concluye: «Quienes no hicieron nada durante años, ahora acusan sin pruebas. Nosotros, desde el sindicalismo responsable, vamos a defender a los empleados públicos y a exigir que se respete la dignidad de un servicio esencial para miles de familias».