El viceconsejero de Hacienda y Planificación y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias responsabiliza al Estado del cobro conjunto de tributos fraccionados.
La normativa reguladora de los aplazamientos y fraccionamientos para el pago de impuestos corresponde a la Administración General del Estado, específicamente la incorporada en los reales decretos leyes reguladores del Estado de Alarma, esta es la explicación que se ha trasladado desde la Agencia Trtibutaria Canaria ante el pago acumulado el 1 de junio de los fracciobamientos que vencían en marzo, abril y mayo.
El viceconsejero sostuvo que este procedimiento se reguló en el artículo 33 del Real Decreto-ley de 17 de marzo de Medidas Urgentes Extraordinarias y en otro posterior de 21 de abril, en el que los vencimientos de los plazos y fraccionamientos se trasladaron definitivamente al 30 de mayo o al día inmediato hábil posterior así como que el cobro tramitado, en cumplimiento de la legislación estatal tributaria, no afecta solo al IGIC o al resto de tributos canarios, sino a la totalidad de impuestos del Estado.
Pero ante las quejas de los contribuyentes que han criticado que los recibos se pasaran todos juntos al cobro, cuando aún persiste la crisis económica derivada de la pandemia, Fermín Delgado reconoció que “el legislador, el Congreso de los Diputados, que es quien convalidó el real decreto, no planificó convenientemente el vencimiento de esos plazos”.
Por otra parte, después de recordar todas las iniciativas que se han tomado desde la Consejería de Hacienda y Presupuestos del Gobierno de Canarias con el objetivo de dar liquidez a las empresas durante las semanas más duras de la pandemia, Delgado reconoció que la Comunidad autónoma “también necesita ingresos”. “Esto es una crisis que afecta a las familias, a los trabajadores, a las empresas, pero también a las administraciones públicas. Nosotros tenemos que hacer una serie de gastos sanitarios, educativos, pagar salarios, etcétera y los ingresos no nos vienen del cielo”, añadió.